La amenaza por la pandemia del COVID-19 exige acción humanitaria urgente para proteger la salud de quienes se encuentran sometidos al poder punitivo del Estado y en situación de indefensión.
Las protestas recientes en las cárceles del país y la respuesta desmesurada del Estado acaba de dejar un saldo de 23 personas muertas por cuenta de quien tenía la obligación de garantizar su vida, el Estado colombiano.
La privación de la libertad no puede anular ni suspender la condición humana y su dignidad. Las medidas generales de autoprotección recomendadas de forma general a toda la población y aún impuestas coercitivamente no pueden ser disminuidas para los privados de la libertad sin vulnerar gravemente los derechos inherentes a la dignidad humana. No hay para ello justificación posible.
No es necesario ningún aparato estadístico para reconocer que los internos en las cárceles y estaciones de Policía se encuentran en una situación de riesgo extremo y que una detención domiciliaria provisional es lo mínimo que se puede otorgar a esas personas. Salvo alguna excepción los de las estaciones de Policía son personas cuya libertad solo puede haber sido restringida por razones procesales bien acreditadas, de modo que no hay razón alguna para negarles la permanencia en su domicilio que es lugar legal para la detención, en vez de mantenerlos en lugar de mantenerlos en una forma de detención violatoria del régimen constitucional.
La profusa reglamentación contenida en el proyecto de decreto del gobierno y la cínica postura del fiscal general van en el mismo sentido: llenar de ilusión a los prisioneros para que esperen una excarcelación que no llegará, simular una acción humanitaria mientras se aprietan más los grilletes y poner un embudo de imposible salida cuando las puertas de la cárcel deben ser abiertas para la salida del mayor número, reduciendo la densidad carcelaria a un mínimo posible.
Reconocer que la ejecución de las medidas es responsabilidad del Inpec y presentar oposición a que el gobierno alivie en alguna medida, usando un mecanismo cuya legalidad no es posible cuestionar, carece de lógica elemental. Además, fingir que le importan las garantías de la salud de aquellas personas tiene connotaciones de dolo evidentes.
Escribo lo anterior atravesado por un gran dolor.
