Las conquistas magisteriales, en materia de jornada única, fueron sepultadas de un plumazo con la expedición del Decreto Ministerial 2105, del 14 de diciembre de 2017, tal como lo veremos más adelante. El magisterio colombiano ha liderado la implementación de la jornada única, dado que ella existía en Colombia, pero que, por razones de cobertura, los gobiernos fueron abriendo las doble jornadas (matinal y vespertina) en las instituciones educativas para garantizar el sistema educativo, lo cual trajo consigo, en ese entonces, el cierre de estas jornadas únicas.
Con la inclusión de la jornada única en la Ley general de Educación en 1994, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) instó a los gobernantes de turno a implementarla en los establecimientos educativos estatales del país.
Fue así como se comienza a materializar el artículo 85 de la Ley General de Educación con los Decretos 1075 de 2015 y 501 de 2016, (expedidos unilateralmente por el Ministerio de Educación Nacional); y, desde luego el decreto 2105 de 2017 (concertado con Fecode).
En febrero del año anterior, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) presentó ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) un pliego solicitando temas de política educativa para garantizar las condiciones de implementación de la jornada única. Pero esto se logró a través de un paro nacional de educadores; Fecode obligó al gobierno a pactar un acuerdo en el cual exigió modificar el decreto 1075 de 2015 para garantizar las condiciones para el reconocimiento de la implementación de la jornada única, estas fueron establecidas mediante el Decreto 2105 de 2017:
- Infraestructura educativa disponible y en buen estado.
- Un plan de alimentación escolar en modalidad almuerzo en el marco de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) adoptado por las entidades territoriales certificadas, para los estudiantes que se encuentren desarrollando la jornada única, a fin de disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- El recurso humano docente necesario para la ampliación de la jornada escolar.
- El funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos.
Esto quiere decir que toda institución que cuente con estas condiciones, de manera paulatina y por ciclos, puede entrar a implementar la jornada única.
Hasta aquí no hay inconveniente alguno. La jornada única debe implementarse teniendo en cuenta estas condiciones, sin que medie presión alguna contra rectores y docentes, por parte de las secretarías de educación ni mucho menos del MEN; esto quiere decir que es voluntaria, ya que debe ser gradual, puesto que 2025 es la meta del gobierno para que se implemente en toda Colombia.
Aunque observamos que instituciones educativas en el distrito de Barranquilla vienen tratando de implementarla sin tener en cuenta sus realidades y condiciones, y en contravía de apreciaciones válidas que hagan los docentes, padres de familia y estudiantes y comunidad educativa en general. Incluso, sin tener en cuenta los acuerdos de Fecode y el MEN el cual considera revisar las condiciones actuales de implementación de la jornada única en las instituciones educativas que entre 2015 y 2016 fueron postuladas en las convocatorias que realizó el MEN.
Sin embargo, con lo que no contó Fecode fue que el gobierno nacional introdujo en el decreto 2105 de 2017 un recorte en una hora (1) a la duración de la mencionada jornada, en contravía a lo que debe ser una jornada única debida. Algo que jamás pactó Fecode con el MEN en los acuerdos de levantamiento de paro en 2017.
Esto quiere decir que mientras el Decreto 501 de 2016 plantea la duración de la jornada única en horario entre las 6 y 30 de la mañana hasta las 2 y 30 p.m, en promedio, el decreto 2105 de 2017, las reduce hasta las 1 y 30 p.m.
Por esta razón consideramos lesivo el Decreto 2105 de 2017 para la implementación de la jornada única; por lo cual consideramos le da una estocada en cuanto a duración y permanencia de los estudiantes en las instituciones de educación.
En suma, esta reducción en una hora se da en todos los niveles (Preescolar, Educación Básica y Educación Media) que ofrece el sistema educativo en Colombia; el objeto es reducir el gasto en la Educación Pública Estatal (ver cuadro No 2).
Ante esta situación, nos preguntamos: ¿a qué llama el gobierno jornada única, cuando en una jornada regular el estudiante sale a las 12 y 30 p.m., es decir una hora antes? ¿No es esto un adefesio de jornada única, la que viene implementando el gobierno nacional? ¿Es esta la jornada única con la que hemos soñado los docentes en el país?
Denunciamos ante la comunidad educativa que este recorte en la duración y permanencia de nuestros estudiantes no contribuye para nada en alcanzar los objetivos de la jornada única; objetivos propuestos en el decreto 2105 de 2017. Estas son las contradicciones del gobierno nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón y su ministra de Educación Janeth Giha Tovar.
Por ejemplo, ¿contribuye este recorte a la duración y permanencia de los estudiantes a aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo? Indudablemente que no.
Estamos de acuerdo en que la jornada única debe ir encaminada a ”favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la protección del ambiente” (objetivos de la jornada única, decreto 2105 de 2017, acuerdos con Fecode 2017), pero ¿con qué uso de tiempo?
¿Dónde queda el discurso del gobierno en “mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media”? ¿En mera demagogia gubernamental?
En lo único que se puede cumplir en materia de jornada única con este decreto es con los objetivos es en seguir fortaleciendo en los estudiantes matriculados en la formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos la Ley 115 de 1994. Precisamente son los docentes quienes cumplen con esa labor, deber y vocación desde antes de la expedición de la Ley General de Educación.
Así las cosas, no vemos una responsabilidad real en el gobierno Santos para implementar una jornada única que llene las expectativas a docentes, padres de familia y estudiantes; que ayude a contribuir al mejoramiento de la calidad educativa sin tantos discursos, pero con mayores compromisos.
Mientras que el gobierno vea a la educación pública estatal como un gasto y no una inversión, no habrá una política pública seria que garantice el sueño de cada uno de los docentes, estudiantes y padres de familia en nuestro país.
Consideramos inviable una jornada única donde los estudiantes a salgan a la 1 y 30 p.m. De hecho, no existe como tal; es un embeleco y un engaño más de los gobernantes de turno. Antes, todo lo contrario, acaba con las dobles jornadas en instituciones que aún mantienen una población estudiantil en jornada vespertina y nocturna.
Lo peor: con esa clase de jornada única se recorta el gasto educativo; se garantiza menos docentes en estas instituciones, se colocan a disposición, y los trasladan, para garantizar el servicio educativo en las instituciones que tengan necesidad del servicio.
Si el propósito es seguir implementando el modelo neoliberal con esta mal jornada única, tocará revertir el decreto lesivo 2105 de 2017 o de lo contrario olvidémonos de calidad educativa, vía gubernamental; de un mayor uso del tiempo dedicado a las actividades académicas; de una mayor duración y permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. Y, en consecuencia, denunciar más de lo mismo, pero con mayor fuerza: la defensa de la educación pública estatal.
