Con una inflación del 11 % provocada por la subida de los precios de alimentos y combustibles, es de suponer que aumentará la presión sobre el gobierno y la banca central para frenar el deterioro del estándar de vida de tantos colombianos. También es de suponer que el gobierno buscará medidas para amortiguar el impacto antes que el deterioro en calidad de vida lleve a protestas contra un gobierno elegido para repartir bienestar y no pobreza. Como la inflación obedece a factores fuera del control del gobierno y de las entidades nacionales, la situación es más crítica.
El esfuerzo por evitar otro salto hacia atrás en los índices de pobreza y desigualdad como el que produjo la pandemia, las medidas para controlar la inflación deberían estar en el primer punto de la agenda nacional, pues se requieren esfuerzos coordinados y cabezas coherentes para amortizar lo inevitable. El gobierno está enfocado como le corresponde en las reformas para repartir de manera diferente las riquezas y las oportunidades. Nadie predijo los efectos de la guerra de Ucrania ni las sanciones de Estados Unidos a Rusia, ni la tardía cerradura de China por el covid, ni los desbarajustes en la logística de suministros. De manera que pensamiento acumulado poco existente y los países desarrollados apenas prueban fórmulas.
El problema para el gobierno es que el pueblo entiende poco de geopolítica y el problema cotidiano es que la tesorería de los hogares se encoge más y más. Entonces las explicaciones oficiales estorban, son tan inútiles como innecesarias. Los gobiernos no se eligen para que expliquen por qué estamos mal, sino para que solucionen. Por eso el dedo popular señalador apuntará al sospechoso de siempre, el señor gobierno y este caerá en la tentación de tomar medidas insensatas ante la falta de instrumentos para navegar.
Por ejemplo, en enero, cuando se debe definir el incremento salarial, el gobierno tendrá la oportunidad de inclinar la balanza a su favor. Como van las cosas en los alrededores, el aumento del salario mínimo debería estar varios puntos por encima de la inflación, es decir alrededor de 12 %-15 %. El gobierno debería ponerse del lado del proletariado y se producirá un respetable incremento salarial, que aunque apenas compense la inflación provocará un desajuste en la economía empresarial.
Un aumento importante de los salarios provoca un ajuste en los precios de productos y servicios, disminuye su consumo, y frena la inversión. La consecuencia es que se congela demanda de nuevos empleos y aumenta el desempleo porque muchas empresas medianas y pequeñas perderán su viabilidad si no reducen costos laborales, lo que quiere decir, despidos de personal. Los costos laborales como son nacionales son más controlables, y el gobierno podía decidir proteger los empleos existentes con medidas de alivio para trabajadores y empleadores. Pasar las cargas parafiscales al presupuesto nacional, o establecer mejores subsidios de alimentos o para la educación de los hijos que le ahorren recursos al empleador o al trabajador permitiría preservar empleos.
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Como además de la inflación viene la reforma tributaria que afecta al 2 % de los contribuyentes, la encrucijada se vuelve más compleja
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Como además de la inflación viene la reforma tributaria que afecta al 2 % de los contribuyentes, la encrucijada se vuelve más compleja porque los que más producen y más impuestos pagan no tendrán estímulo para seguir invirtiendo y creciendo. Las inversiones se hacen para obtener rentabilidades y si estas se esfuman en impuestos, el efecto negativo es casi inmediato. Al gobierno estos impactos no le convienen por ningún lado. Los mayores impuestos implican mayores precios y menores ventas, y menor recaudo tributario. Este es un mal escenario.
El gobierno se quedaría corto en recursos para cubrir el déficit que hereda del uribismo y no tendría dinero para invertir en los subsidios populares. Entonces se abriría un abanico de posibilidades por fuera de la ortodoxia financiera, como la ya anunciada posibilidad de intervenir las tarifas de servicios públicos. Sería una decisión peligrosa que aumenta el riesgo-país sin ser una solución. Venezuela ensayó este camino con evidente fracaso.
El gobierno podría intervenir las tarifas de servicios, o los precios de los alimentos o el de las matrículas escolares. Pero tomar ese camino sería tratar de resolver la inflación con la púnica forma fracasa que es el control de precios estatal. Además de desinstitucionalizar la fijación técnica de precios en una economía de libre mercado, la intervención del estado para dominar las malas jugadas de las leyes del mercado es contraproducente.
Las empresas proveedoras de servicios públicos, las privadas, no podrían sobrevivir con precios por debajo de sus costos de operaciones. Pero como son servicios indispensables el gobierno se vería obligado a brindar el apoyo necesario para que sigan operando, o con créditos o con subsidios. En Europa y Estados Unidos los gobiernos entregan millonarios recursos a las empresas de servicios para evitar la catástrofe. Son economías ricas que soportan ese gasto para defender el bolsillo ciudadano y garantizar el suministro de energía. En la comprometida economía del país el margen para esas ayudas es estrecho.
El gobierno también podría renacionalizar parcialmente las empresas de servicios públicos comprando acciones o capitalizándolas para aplazar el problema mientras los precios de la energía se estabilizan hacia abajo. Pero se pondría en los mismos problemas internacionales en que Chávez puso a Venezuela con su ola de nacionalizaciones que acabó con la infraestructura de servicios públicos de ese país. Otra opción es reducir los gastos del estado, lo que implica un estudio juicioso que permita transferir recursos a un mejor uso.
En términos políticos la agenda del gobierno se puede poner patas arriba, pues la paz total o, o la reforma agraria perderán interés ante el aumento de los precios de la comida, la gasolina y los servicios públicos. Si la inflación no se controla, se producirá un decrecimiento de las expectativas populares, una teoría demostrada en sendos textos de ilustres teóricos. Una de las lecciones que dejó el resultado de Chile, es que no se puede imponer las medidas de medio país a la otra mitad de los ciudadanos con una lectura diferente. El camino que planteó Petro a la hora del triunfo, dialogar para tomar decisiones claves, es fundamental para evitar los errores que llevaron a otras naciones al ocaso social de sus economías.
