Trujillo: Nos cayó la roya. Fragmentos de relatos de despojos y resistencias.
“¡Ay mijo! Como aquí resolvían todo quitándole la tierra a más de uno. Aprenda una cosa: los bancos nunca pierden. Como muchos traíamos la finca de garantía, nos tocó entregarla. En el remate de los bancos aprovecharon Cartón de Colombia y los narcos. Compraron barato los unos y lavaron plata los otros. Se nos juntaron todos los males en Trujillo”.
Al elaborar este artículo comprobé la preocupación real frente a la lectura realizada acerca de la inexorable desaparición de 22 productos en Colombia de origen campesino, entre los que se encuentran frutas, tubérculos y otros cultivos tradicionales (arroz, maíz, fríjol, yuca, entre otros).
En efecto, el periódico El Tiempo del día 15 de julio de 2019 documenta a través de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, la pérdida de 22 productos de origen agrícola importantes en la canasta de consumo de los hogares colombianos, debido al poco apoyo estatal en el mercadeo, los precios sustentativos a la producción; lo que hace que hayan dejado de ser rentables para los campesinos.
Este grave panorama se asocia con diversos factores estructurales inherentes al carácter de las políticas económicas implementadas por los diferentes gobiernos, que han privilegiado la producción a gran escala fundamentada en los agronegocios que vinculan grandes inversiones de capital y transferencia de tecnología agropecuaria; la celebración de tratados de libre comercio que desde su implementación, a partir del gobierno de César Gaviria, han reducido ostensiblemente la oferta interna de productos agropecuarios y en un 70% los ingresos de los pequeños productores debido a las mayores importaciones procedentes de otros países.
A lo anterior se agrega el proceso de desinstitucionalización o desmonte de los programas de apoyo al sector rural, particularmente al campesinado colombiano (con énfasis en la restitución de los derechos de propiedad de acceso a la tierra). En los últimos 20 años se han desmontado prácticamente todas las entidades que tenían incidencia en el sector rural. En el año 1990 había ocho entidades públicas que atendían diversos programas asociados a este sector. A 2010 solo quedaban tres: el Ministerio de Agricultura, el Incoder y el ICA.
No se puede olvidar que la economía rural como forma de producción de pequeña escala vincula en el país a cerca de 3,4 millones de personas que incluye campesinos, indígenas y afrodescendientes que dependen de fincas donde se cultivan en promedio 2,9 hectáreas con escasa tecnificación, reducidos activos productivos, precarias vías de acceso y casi nulo apoyo estatal. En la satisfacción de la demanda interna del consumo de alimentos se constata que existen cerca de 738.000 unidades rurales que desarrollan esta actividad productiva en las más absolutas condiciones de inframarginalidad económica.
Otro factor de relevancia, ya mencionado en un artículo anterior, es la alta concentración de la tierra en el sector rural en Colombia, que se ha instrumentado mediante la violencia sistemática y una legislación agraria contraria al desarrollo con equidad e inclusión social. Esta ha originado sin lugar a dudas una grave crisis estructural múltiple en el sector rural de índole social, económica, política e institucional que configura una estructura de alta concentración de la tierra de tipo bimodal, es decir, dos extremos polarizados en torno a los derechos de propiedad de la tierra, informalidad en los derechos de propiedad y conflictos permanentes en el uso del suelo (tierras que son aptas para la agricultura están destinadas para la ganadería extensiva, tierras que tiene aptitud de uso forestal se encuentran en ganadería, tierras aptas destinadas para protección especial por ser importantes en el equilibrio de ecosistemas estratégicos, están en minería).
A lo anterior se agrega que el sector rural, en particular la economía campesina, no ha sido considerado en Colombia como un sector estratégico para el desarrollo económico y ambiental del país y por ello se evidencian tantos problemas de pobreza, inequidad y desigualdad y el sostenimiento de un poder político que mantiene en el tiempo un orden social rural que es injusto, de alta conflictividad y en cuyo contexto se llevan a cabo procesos de reordenamiento territorial alrededor de grandes proyectos de inversión que privilegian la producción de materias primas agrícolas exportables para satisfacer los requerimientos de las grandes empresas trasnacionales.
La particular racionalidad de las políticas públicas de intervención estatal en los territorios (ordenamiento territorial) se reduce a generar procesos de reorganización de la población en el territorio en cuanto al tipo de poblamiento, apropiación, distribución y uso de los recursos, en cuyo seno, se generan nuevos procesos socioeconómicos dentro de los cuales las comunidades rurales, su diversidad, sus derechos y su integridad social, económica y cultural, así como el medio ambiente, se subordinan a las necesidades del sector empresarial transnacional.
Así las cosas, las políticas públicas implementadas por los diferentes gobiernos en Colombia han dado lugar a la configuración de tres tipos de estructuras agrarias:
- Una estructura agraria legal que tiene como principal propósito, defender los derechos de propiedad que grandes capitales privados exigen sobre el recurso productivo tierra y otros recursos no renovables, la cual es amparada por el Estado.
- Una estructura agraria ilegal que se ha conformado con la violación y la apropiación ilegal de tierras, que busca legitimar derechos que no son legales, que es la que se ha viabilizado a través del conflicto armado en la mayoría de las zonas rurales colombianas.
- Una estructura agraria informal tiene como propósito la formalización de los derechos de propiedad.
Estas tres estructuras agrarias se disputan el campo colombiano y se superponen en todos los territorios, es decir, se encuentran estos tres tipos en unas relaciones difusas y contradictorias, lo que hace que se le dificulte al Estado la regulación de los derechos de propiedad de los diferentes agentes económicos presentes en el sector rural.
Finalmente y en concordancia con todo lo anterior, las políticas económicas de inspiración neoliberal implementadas en los últimos años en el país –íntimamente ligadas a los acuerdos internacionales de comercio y a la obsesión por satisfacer los intereses y requerimientos de las empresas transnacionales y sus proyectos de inversión y comercio– han demostrado ser antiagrarias y están poniendo en riesgo la supervivencia del pueblo colombiano, al debilitar su capacidad productiva, eliminar su soberanía alimentaria, desconocer el derecho de las comunidades rurales a la tierra y pretender eliminar su territorialidad.
Será entonces importante recordarle al Estado colombiano que el campesino es un sujeto de derechos, y que las políticas agrarias implementadas en el país hasta el momento, siempre lo han invisibilizado, no existe un reconocimiento político, social, cultural y económico; el sistema agroalimentario está distorsionado, debido a la implementación de un modelo de desarrollo antiagrario y anticampesino.
De igual forma recomendaría a los lectores observar el material audiovisual titulado Monocultura: la expansión de los monocultivos en América Latina, para obtener desde allí una perspectiva de acercamiento al análisis y comprensión del complejo fenómeno de desaparición a la que ha sido condenada la economía campesina, en numerosos países de América Latina y por supuesto, la destrucción de los recursos de biodiversidad ambiental que representa la instalación y expansión de monocultivos.
