El general Pedro Sánchez ha debutado y lo ha hecho como si fuera el comandante de las fuerzas armadas de Colombia y no el primer militar que ha ostentado en décadas el cargo de ministro de la defensa nacional. En las escasas semanas que lleva en el ministerio, ha sido vocero de la cúpula militar con respecto a dos asuntos muy importantes. El primero, el anuncio de la compra de entre 12 y 24 cazabombarderos Saab JAS Gripen de fabricación sueca, por un precio estimado inicialmente en 2.000 millones de euros. El segundo, el anuncio de la creación de la Fuerza de despliegue rápido nº 5 y la del Batallón de las fuerzas urbanas especiales nº9. Decisiones que no son, que no pueden haber sido frutos de la improvisación, y que por lo tanto se cocinaron antes de que se pusiera al frente del ministerio. Aunque es razonable pensar que, en cuanto alto mando de las fuerzas aeroespaciales de la nación, sí que intervino en la elaboración y puesta en marcha del plan de compra de dichos aviones de combate. Decisión polémica, por decir lo menos.
Porque es difícil de entender por qué el gobierno nacional va a invertir la friolera de 940 mil millones de pesos en un armamento tan caro y sofisticado en momentos en los que los presupuestos de educación y salud resultan insuficientes, y en los que el conjunto del presupuesto nacional se ve expuesto a los riesgos inherentes a la crisis económica internacional desencadenada por la guerra arancelaria contra el resto del mundo declarada por la administración Trump. Cierto, el presupuesto de salud podría disminuir si el parlamento aprobase in extremis el proyecto de reforma del sistema de salud presentado por el gobierno nacional. El actual es caro e ineficiente. Pero dados los antecedentes políticos de las mayorías parlamentarias, es dudoso que lo apruebe, sea cual sea el resultado de la consulta popular sobre el tema convocada por el presidente Petro. A esta incertidumbre hay que añadir la que afecta a la naturaleza del impacto en la economía nacional de la guerra de tarifas. Por lo que resulta prudente aplazar tan cuantiosa compra de los aviones de combate hasta que, por lo menos, se despejen estas incógnitas.
Somos un país rico en recursos humanos y materiales, pero con unas infraestructuras de energía y transportes muy pobres, un régimen fiscal tan injusto como precario, y por lo tanto con escasa capacidad de realizar inversiones públicas productivas. Las inversiones de las que depende en buena medida nuestra capacidad de superar el círculo vicioso del subdesarrollo. Por lo que hay que evaluar con mucho rigor y responsabilidad la oportunidad, la cuantía y los tiempos y de dichas inversiones. Y tomar en cuenta muy en serio el hecho de que el gasto militar no es en nuestro caso una inversión sino un gasto. Sería una inversión si contribuye a desarrollar nuestra incipiente industria militar, tal y como lo estaba pensando el presidente Petro cuando sugirió que los astilleros de nuestra marina comenzaran a fabricar barcos a gran escala.
El hecho de que pronto se lanzará al agua una fragata de fabricación nacional es una señal de que ya existe entre nosotros suficiente personal calificado como para expandir la producción de fragatas, destructores, guardacostas, torpederas, lanchas artilladas de patrulla fluvial, etcétera. Somos un país que tiene el privilegio de costas en el océano Pacifico y el mar Caribe, y de ríos lo suficientemente caudalosos como para que la custodia de los mismos justifique en principio la expansión de una marina de guerra de diseño y fabricación propia. Cuyo costo podría ser compensado por la exportación de sus productos, en aquellas gamas y en aquellos rangos en los que podría ser competitivos en el mercado internacional. Sé que esta perspectiva puede parecer un sueño que solo cabría realizar en un futuro lejano, pero como dice la sabiduría popular “toda larga jornada tiene un primer paso”.
El ministro Sánchez y la cúpula de las fuerzas aeroespaciales pueden temer que un plan orientado al crecimiento de nuestra industria naval relegue o deje en segundo plano a la fuerza aérea
El ministro Sánchez y la cúpula de las fuerzas aeroespaciales pueden temer que un plan orientado al crecimiento de nuestra industria naval relegue o deje en segundo plano a la fuerza aérea. Pero no tiene por qué ser así. Aplazar sine die la compra de cazabombarderos previstos, puede resultar benéfica para un plan destinado a echar las bases de una industria aérea nuestra, que algún día podría merecer el título de industria aeroespacial, otorgado apresuradamente a unas fuerzas aéreas que todavía no lo son. Si la marina ya ha construido su primera fragata, ¿porque no podrían nuestras fuerzas aéreas elaborar un plan de acción para construir nuestro primer helicóptero de combate? ¿O de un prototipo de drones? Esos vehículos aéreos no tripulados, cuyo uso masivo ha revolucionado el concepto mismo de campo de batalla en cielo, tierra y mar. Tal y como lo demuestra la experiencia de tres años largos de guerra en Ucrania. Y el éxito de los ataques de represalia con misiles de Irán a Israel, inexplicable sin el empleo estratégico de drones. Todos baratos, eficaces y de fabricación propia.
Los defensores de la compra inmediata de los aviones de combate suecos afirman que dicha compra es garantía de soberanía y de seguridad nacional. Creo que en este punto están atrapados en la interpretación de ambos conceptos acuñada por la doctrina militar estadounidense, para la cual la única garantía de soberanía y seguridad nacional la ofrece el poderío absolutamente indiscutible de sus fuerzas armadas. De allí que los Estados Unidos de América haya emprendido, pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, una carrera armamentista que desde entonces no ha disminuido su vertiginoso crecimiento. Se ralentizó en los años siguientes al colapso de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia. Y se aceleró de nuevo a raíz de los atentados del 11 S. Colombia no está ni estará nunca en una carrera de vida o muerte por asegurar su supremacía militar a escala planetaria, por lo que no le corresponde hacer suyos los conceptos de soberanía y seguridad nacional adoptados por los Estados Unidos.
Ni siquiera le conviene adaptar dichos conceptos al entorno geográfico, político y económico caribeño y sur americano al que pertenece. Ninguno de los países de nuestro entorno nos amenaza ni nos ha amenazado. Con la excepción del Perú que lo hizo hace un siglo.El diferendo de límites con Nicaragua se resolvió satisfactoriamente por vía diplomática como debía ser. Y la política de hostilidad con Venezuela, promovida por la primera administración Trump, fue desmontada por el presidente Petro, abriendo las puertas a una cooperación fructífera entre países hermanos. Hace poco las fuerzas armadas venezolanas han ofrecido su cooperación para contribuir a resolver el conflicto en el Catatumbo. Sin ninguna nación enemiga en el vecindario, no es urgente y ni siquiera conveniente la compra de aviones de combate diseñados justamente para librar la guerra entre naciones. Nuestros pilotos de guerra tienen que comprender que su deseo de tripular cazas de última generación debe ser aplazado en beneficio de una estrategia de desarrollo y diversificación de largo plazo de nuestras industrias militares. Repito: el país tiene que administrar cuidadosamente sus limitados recursos financieros en la difícil coyuntura económica internacional que se avecina.
La segunda intervención del ministro Sánchez me resultó preocupante. En una ceremonia oficial realizada hace poco en la ciudad de Neiva, presentó públicamente lo que él mismo calificó de “avance” o reelaboración de estrategia de seguridad nacional adoptada en 1999. O sea, hace un cuarto de siglo. Avance en el que se inscribe la ya mencionada creación de la Fuerza de despliegue rápido nº 5 y del Batallón de las fuerzas urbanas especiales nº9. Ambas obedecen a la misma concepción a la que obedecen todas las fuerzas de intervención rápida: fuerza de choque bien entrenada, con gran capacidad de fuego y muchísima movilidad. Me preocupa que a la Fuerza de despliegue se le haya asignado un teatro de operaciones que incluye, según el ministro Sánchez, Huila, Tolima, Boyacá, Cundinamarca y Quindío, departamentos que controlan los tramos alto y medio del valle del río Magdalena. Considerar teatro de operaciones de una poderosa fuerza de intervención rápida al corazón de la Colombia andina, resulta preocupante. Y todavía más si se toma en cuenta que el batallón de fuerzas especiales mencionadas antes, tienen como teatro de operaciones no los campos sino directamente los centros urbanos.
¿Qué significan estas decisiones? ¿Cuál es la hipótesis de conflicto con la que el Estado Mayor conjunto de nuestras fuerzas armadas ha creado las mencionadas unidades militares de élite y definido estos teatros de operaciones? ¿La de una insurgencia popular multitudinaria y desbordada? ¿La de una increíble expansión territorial de lo que el ministro llama grupos narcoterroristas? ¿Los grupos que hoy parecen estar acorralados en regiones remotas del litoral pacífico, el Catatumbo y el departamento del Meta? ¿Acaso tienen muchísimo más poder del que oficialmente se les ha atribuido hasta ahora? Creo que el ministro Pedro Sánchez tiene la obligación de responder públicamente estas preguntas y aclarar todas las dudas que surgen al respecto. Tiene también el deber de preguntarse como ministro porque al cabo de 60 años de conflicto interior todavía estamos en un escenario de guerra. ¿Es sólo por la maldad intrínseca de los malvados o porque todas las estrategias políticas y militares que hemos adoptado hasta la fecha para conjurarlo no han logrado cegar definitivamente las fuentes profundas del conflicto?
Del mismo autor: Un general en el gabinete de Petro
