Ante la inminente necesidad de realizar una reforma pensional que ahora sí permita prever el empobrecimiento creciente de los adultos mayores, el país necesita un debate que no sea capturado por quienes tienen intereses particulares. Ya eso sucedió con las discusiones que llevaron a la Ley 100 de 1993, en las cuales primaron objetivos financieros dejando a un lado el verdadero problema que debía resolverse. No debe olvidarse, en este momento menos que nunca, que es al Estado a quien le compete el bienestar de todos los ciudadanos, en este caso de Colombia, independientemente de sus condiciones económicas y sociales mientras el sector privado busca maximizar sus utilidades.
Como una de las reformas de mayor trascendencia que debe abordar el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto será el del sistema actual de pensiones, para quienes participamos de alguna manera en la reforma que se convirtió en la Ley 100, hace 25 años, es un verdadero privilegio poder contribuir a esta etapa en la cual se propondrán ajustes al sistema pensional del país, que aún está lejos de lograr la cobertura necesaria y las condiciones para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
No debe sorprender este debate. Las reformas pensionales son el resultado de las características de estos sistemas que tienen su momento de expansión, de estabilidad y de decrecimiento. El rápido envejecimiento de la población colombiana que ya se inició, las falencias en los sistemas vigentes para alcanzar los objetivos de cobertura y suficiencia de las pensiones, la situación del mercado laboral colombiano, y las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado, son algunas de las realidades actuales y futuras que demandan volver a mirar el sistema pensional colombiano. Pero tal vez la más importante, es que amplios grupos de población de nuestro país, no tienen posibilidades reales de una vejez digna después de haber trabajado durante toda su vida productiva. Y no se trata solo de los trabajadores pobres, sino también de la clase media, de las mujeres, de los 14 millones de habitantes del sector rural y de ese inmenso grupo de trabajadores informales y de aquellos denominados por la OIT como trabajadores llamados independientes, pero económicamente dependientes, que crecen como espuma en el sector formal de la economía y aun en el sector público. Las llamadas OPS. Es decir, esos millones de personas que a pesar de haber trabajado durante su vida útil verán deteriorarse su calidad de vida cuando llegan a la vejez.
Este próximo debate pensional debe ser uno que garantice
un mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de la población
que ha llegado a esta etapa final de su ciclo de vida
No podemos pasar por alto la experiencia vivida en 1993 hoy, 25 años después. Es fundamental considerar sin el apasionamiento de ese momento, y con resultados claros, qué lecciones se pueden aprender para hacer de este próximo debate pensional uno que garantice un mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de la población que ha llegado a esta etapa final de su ciclo de vida. Como lo reitera la OIT, en su reciente informe mundial sobre este tema, “la seguridad social es un derecho de toda la población” y en Colombia tenemos que aceptar, que a pesar de los esfuerzos que los distintos gobiernos han realizado con ese propósito, la verdad es que para millones de colombianos ese derecho está lejos de convertirse en una realidad. No puede, por consiguiente, la próxima reforma de pensiones quedar corta en lograr los ajustes que garanticen que este derecho sea realidad para todos los 50 millones de colombianos. No será una tarea menor porque hoy Colombia es uno de los países latinoamericanos que ofrece, junto con el Salvador, Guatemala y Nicaragua, la menor atención al adulto mayor dado que solo el 30 % de su población de adultos mayores recibe actualmente una pensión y los programas Colombia mayor y BEPS, tienen aún coberturas insuficientes. Estamos a años luz de Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica que han logrado niveles de atención a la población mayor cercanos al 70 %.
Por último, es fundamental reconocer una verdad que con frecuencia se nos olvida a los que nos movemos más en estas arenas técnicas: toda reforma a un sistema pensional en cualquier país, termina en el difícil campo de la política porque se trata de distribución de beneficios en la cual intervienen distintos grupos de poder, de intereses y de demandas de diferentes sectores del país. Por consiguiente, es fundamental recordar que nuestra función es ofrecerle al sector político elementos suficientemente sólidos, objetivos y claros que nutran este gran debate que se avecina y que llega necesariamente al Congreso de la República. Sera la única forma para que nuestros aportes no terminen, como sucede con muchos de los trabajos técnicos en este país, en otra de esas constancias históricas que con demasiada frecuencia dejamos los economistas en nuestras columnas e investigaciones.
Tomado del discurso de instalación en el “Seminario Internacional sobre la Reforma Pensional, 5 de Julio, organizado por el Banco de la República y CiSoe con el apoyo de OIT.
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