Hace dos semanas, con motivo de algunos cambios del gabinete, surgió un debate bastante mediático sobre la contradicción entre tecnócratas y políticos.
No se trata de una discusión nueva, pero la juventud de hoy no la vivió y muchos de los mayores ya la olvidaron. Treinta años atrás, en el marco del Consenso de Washington, emergió una nueva tecnocracia que enfrentó con dureza a la antigua clase política que manejaba el Estado.
En ese entonces, más que crisis económica como en el resto de Latinoamérica, Colombia enfrentaba un recrudecimiento de la violencia, resultante de la respuesta de los extraditables a la fallida estrategia antinarcóticos impuesta por Washington. Así llegó César Gaviria a la presidencia en 1990.
Los nuevos mandatarios de la época en la región la emprendieron contra las elites políticas tradicionales, a quienes responsabilizaban de la crisis económica y del desbarajuste de los países. En Colombia se desató la misma cruzada, a partir de su propia crisis, que dio origen a la Constitución del 91.
Es precisamente en ese contexto de desprestigio de la política y de los políticos, y de desdén por cualquier expresión de pensamiento crítico, propios de la globalización neoliberal, cuando esta nueva tecnocracia adquiere todo su poder.
La conformaban personas con un alto nivel de formación académica especializada en prestigiosas universidades estadounidenses.
En Colombia se pusieron al frente del Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, la Junta Directiva del Banco de la República. Desde entonces, estas entidades cumplen un papel preponderante, por encima de varios ministerios.
La legitimación e implantación del modelo neoliberal descansó en la experticia de estos tecnócratas. Su papel en la preservación de la ortodoxia ha sido notorio, así como su estrecha relación con los funcionarios del FMI y demás entidades internacionales. Se entienden muy bien porque con frecuencia fueron sus compañeros en la universidad.
En las décadas del ochenta y noventa muchos de estos expertos regresaron a sus países de origen a ocupar altos cargos. Emprendieron la tarea de confrontar conceptos económicos vigentes, en especial del keynesianismo y su versión cepalina. Dignos continuadores de los Chicago boys que conformaron al equipo económico de Pinochet.
Tanto ellos como buena parte de sus sucesores despliegan un fanatismo único frente a dichas soluciones y una fe inquebrantable en las cifras, desligándolas de cualquier contexto político o social. No cuentan ni la historia ni la trayectoria de sus países. Utilizan términos incomprensibles, entre más enredados, mucho mejor. Y ojalá en inglés.
Se presentan como salvadores del país. Defienden un supuesto enfoque técnico, apolítico y neutral y se jactan de él. Pero sus preceptos tienen efectos sociales y políticos definitivos: reducción de la demanda agregada, flexibilización laboral, ajuste fiscal, privatización.
En un artículo reciente, Jenny Pearce, reconocida colombianista, y Juan David Velasco, sintetizan un libro de próxima aparición sobre la tecnocracia en Colombia, en particular durante las tres últimas décadas: Sus miembros comparten la ortodoxia económica, la necesidad de controlar la inflación, reducir los déficits de balanza de pagos y fiscal, respeto por la regla fiscal, y, ante todo, la idea de “construir sobre lo construido”.
Señalan que esta tecnocracia ha sido fundamental para configurar la singularidad de Colombia, “una estabilidad y un crecimiento económico continuo en medio de violencias e inequidades que se reproducen generacionalmente”. Aparecen como guardianes del orden y la estabilidad institucional.
Vale la pena entonces preguntarnos¿cuáles han sido sus logros? Tras treinta años de políticas profundamente excluyentes, dicha estabilidad macroeconómica no ha garantizado el bienestar de la población, en uno de los países de mayor concentración del ingreso y de la tierra del mundo. Pero ese modelo económico fracasado sí contribuyó a la perpetuación y expansión del conflicto armado.
El estallido social y el clamor por la paz llevaron al triunfo electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez. Su compromiso con los sectores históricamente rezagados es enorme y ellos son conscientes de su responsabilidad.
El engranaje del Estado fue construido a su imagen y semejanza por dicha tecnocracia
En medio de las enormes dificultades para sacar adelante su proyecto, hay una que es notoria. El engranaje del Estado fue construido a su imagen y semejanza por dicha tecnocracia. Las normas y costumbres, resultantes de una mezcla entre el rezago feudal, imposiciones internacionales e influencia mafiosa, se resisten a cualquier cambio.
Las reformas sociales estratégicas del gobierno chocan contra todo ello. La ley 100 les entregó el manejo de los enormes recursos de salud a las EPS. Les otorgó a los fondos privados de pensiones el control sobre los ahorros de la población trabajadora. Son negocios gigantescos que sus dueños no están dispuestos a ceder.
Ni la salud preventiva ni el bono pensional a las personas mayores desprotegidas les resultan rentables.
La ley 142, amparada en la Constitución, les cedió a los privados el negocio de los servicios públicos domiciliarios. La contratación estatal, diseñada a su medida, propicia todo tipo de corrupción.
Uno de los representantes más connotados de esa tecnocracia trasnochada es Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda en dos ocasiones y artífice de los “bonos del agua”, un negociado suyo que dejó a 108 municipios sin acueducto y endeudados. Y ahí sigue en la Junta Directiva del Emisor.
La derecha sacraliza esa normatividad y esa tecnocracia clasista, patriarcal y racista. Basta ver su pronunciamiento contra el ingreso de @PalmaEdwin a la Junta Directiva de Ecopetrol. O la descalificación de las “tres señoras”, candidatas a la Fiscalía, por cuenta de un exmagistrado.
No se trata de casos aislados, como se pretende mostrar, sino de una normatividad construida para preservar el dominio de las poderosas elites.
Sin embargo, con este análisis no se pretende desconocer el aporte significativo al proyecto del cambio de expertos de alto nivel que salieron del gobierno.
Efectivamente, el gobierno tiene que redoblar esfuerzos para ponerlos al servicio de su proyecto. Cuidar formas y estilos. Es parte del Acuerdo Nacional.
Pero la orientación política transformadora y las prioridades de inversión deben primar sobre todo lo demás. La ejecución oportuna y eficiente es fundamental. Son riesgos que hay que asumir. Nadie dijo que esto sería fácil.
