En Ciudad de Panamá, Moncada Abogados y la compañía Solutions, con el apoyo de la Universidad de Salerno, desarrollarán el “Foro legal y empresarial sobre compliance“.
El próximo 23 de noviembre, en el Trump International Hotel & Tower de esa ciudad, expertos internacionales debatirán sobre la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, tendencias en responsabilidad penal de personas jurídicas, inhabilidades por soborno y corrupción transnacional, novedades en intercambio automático de información entre autoridades tributarias de EE.UU., Suiza, Panamá y América Latina.
Ana Lucía Barrientos es socia de Legal Business Advisors - LBA. Su práctica profesional se concentra en derecho tributario, corporativo y cambiario.
Es abogada egresada de Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones en Derecho Comercial y en Derecho Tributario de la misma universidad y Maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y de Derecho Internacional Comparado de la Universidad Nacional de Singapur. Domina el español y el inglés.
Fue Socia de Posse, Herrera, Ruiz, entre los años 2013 y 2015, a cargo del establecimiento de la Firma en Medellín.
Ha sido conferenciante a nivel nacional e internacional, y catedrática en varias Universidades en Colombia, incluidas la Universidad EAFIT, Universidad de Medellín, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad de San Buenaventura de Cali, Universidad Pontificia Bolivariana
En su concepto, ¿cuáles han sido los impactos de los acuerdos bilaterales de intercambio de información en materia tributaria?
Una alta presión sobre los sistemas locales, no solo a nivel de los contribuyentes, sino también de las instituciones obligadas al reporte de información, cuyas bases de datos cada vez se cruzan con mayor eficiencia, en busca de prácticas que deterioren el recaudo tributario.
¿Cuáles son los principales retos en materia de normalización tributaria para las autoridades?
Además de la necesidad de dotar a las autoridades con los recursos humanos y tecnológicos suficientes para absorber el nivel de información que arroja el debido cumplimiento de los reportes desde los diferentes entes, es imperiosa la necesidad de reestablecer la confianza del contribuyente en el sistema, tanto desde la óptica del uso eficiente de los recursos recaudados (prácticas anticorrupción, de eficiencia y de transparencia) como desde la seguridad en el manejo confidencial de la información.
¿Por qué la opinión pública asume que las sociedades offshore y las cuentas bancarias en el exterior son vehículos para la evasión?
En parte porque ha sido un término acuñado por la comunidad internacional para tales efectos; y en parte, porque en el conocimiento del contribuyente estándar, la forma tradicional de “planeación fiscal” se ha centrado en jurisdicciones opacas, es decir, aquellas que no intercambian información de manera automática, ni exigen estándares mínimos de transparencia o de tributación.
¿Cuáles han sido las consecuencias de los llamados “PanamaPapers”?
Habiendo superado la etapa inicial de la negación, el efecto principal de los PanamaPapers ha sido poner en evidencia que la información de los contribuyentes, sus estructuras, las jurisdicciones donde conservan sus inversiones y la forma de evadir sus obligaciones fiscales, si está al alcance de las autoridades tributarias.
El segundo efecto es el haber “internacionalizado” el asunto de la evasión y la planeación fiscal agresivas. Como en efecto se conoce, en algunos países, con mayor rigor que en otros, las maniobras fiscales hasta hace poco generalizadas en jurisdicciones como Colombia, ya eran calificadas como delito en otros países. A raíz de la mencionada internacionalización, se ha evidenciado que, en la medida que las planeaciones fiscales agresivas involucran dichas jurisdicciones, sea como sede de los domicilios societarios o de las entidades financieras que conservan los recursos, la exposición al riesgo, incluso penal, trasciende las fronteras.
De otra parte, el escarnio público, maximizado con decisiones judiciales de orden penal no necesariamente fundamentadas, pero con claros efectos mediáticos, incluso de retiro de visados a otros países, se ha convertido en una de las principales herramientas del sistema.
Ahora con los “ParadisePapers”, ¿qué consecuencias se prevén?
El mensaje es claro. Para activistas como ICIJ no hay barreras. Hasta hace unos años la planeación fiscal internacional de alta sofisticación se había convertido en un producto exclusivo de los principales conglomerados económicos mundiales o de personajes hasta ahora intocables. Hoy, las grandes empresas y las más connotadas figuras sean de la política, la realeza o la sociedad, se encuentran en la mira de dichos grupos. La aparente irreverencia que anima su espíritu debe tener un motor mucho más fuere que el puro interés porque se pague lo que es debido; y este tipo de fuerzas, en lugar de apaciguarse tienden a adquirir cada vez mayor “momentum”.
¿Cómo implementar una cultura de transparencia y compliance en las organizaciones sean públicas o privadas?
Por lo pronto la estrategia viene siendo consistente. En la última década, varios países invitaron a sus contribuyentes a acogerse a beneficios en lo tributario de manera masiva. Es el caso de España, Chile, Estados Unidos, Colombia, entre otros. Luego de abrir la compuerta para los arrepentidos fiscales, viene el endurecimiento de las sanciones, incluidas las penales.
Quien en buena hora se acogió a los beneficios, y lo hizo en forma completa, debería tener cierta tranquilidad; quien apenas se asomó de manera tímida a los beneficios o confió en ser parte de la élite intocable, cualquiera fuera la razón, ignorancia o poder, se verá envuelto en investigaciones y demandas judiciales, cuyas resultas son inciertas, sin importar en teoría que tan sólida pueda aparecer una defensa legal. Y al final, más costosas que el propio beneficio.
El camino de la fiscalización, en casos como los recientes, con implicaciones penales, no solo para los beneficiados – accionistas – sino peor aún, para los funcionarios de primer nivel, incluidos auditores y revisores fiscales, ejerce una presión que tarde o temprano llevará al contribuyente a entender su obligación fiscal en el sentido integral de la misma.
Lo anterior no obsta para que, desde los gobiernos, se implementen medidas similares en cuanto a eficiencia y transparencia, puesto que, como se ha dicho, el mayor incentivo para el pago del impuesto, es el debido uso de un recurso contribuido en forma justa.
¿El secreto bancario y la protección de ciertas jurisdicciones sobre información societaria poco a poco se irán diluyendo por la actuación de los “whistleblowers” y otros actores?
El secreto bancario y la protección de información se irán diluyendo cada vez más en la medida que, además de la evasión fiscal, dicho secretismo constituye la muralla tras la cual se esconden igualmente los corruptos y todos aquellos que desarrollan actividades ilícitas a nivel global.
¿La ausencia de reformas tributarias estructurales y la existencia de esquemas tributarios complejos y fiscalistas incentivan la evasión y la elusión?
La inseguridad jurídica incentiva las prácticas indeseables, tanto desde el punto de vista del contribuyente, quien busca recurrir a ellas cuando el agobio de la carga tributaria lo lleva a la inviabilidad económica; no obstante, desde la perspectiva de la institucionalidad, el exceso de legislación, conceptos y jurisprudencia, imprimen un grado de inseguridad jurídica que genera una desconfianza superior en el sistema, del cual acaban abusando los funcionarios, en beneficio de un recaudo de corto plazo y en claro perjuicio del desarrollo sostenible de la economía y los negocios.
¿Las compañías privadas en América Latina tienen esquemas efectivos de compliance?
Las compañías “cumplen”; esto es, en la mayor parte se ciñen a la forma que les garantice no verse expuestos a una sanción; de ahí a que efectivamente tengan los sistemas interiorizados y los lleven a la práctica como una rutina, muy lejos estamos de esto.
¿Es la transparencia y el compliance un tema público, privado, de responsabilidad social, o debe ser una obligación?
Debería ser un tema de responsabilidad social. Cuando se hace referencia al mismo como un tema privado o público, inicia la discusión entre lo que es debido, y si lo debido se acerca al lindero de la ética. Ante estas discusiones, es indudable que se debe presentar como una obligación. Solo en comunidades verdaderamente evolucionadas, en las que el sentido de comunidad y responsabilidad social es el asunto central del comportamiento, primando, el compliance es connatural.
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