En estos días a través de las redes sociales y los medios de comunicación se ven caldeados debates políticos por el llamado latifundio improductivo y de la solución del candidato presidencial Gustavo Petro para acabarla. Por un lado, quien critica la política propuesta por Petro se ve estigmatizado como opositor, como un peón del sistema, como defensor de la política tradicional y de no querer el cambio para el país; por otro lado, quien la apoya también es señalado de ser resentido social, mamerto, apátrida, entre otras muchas cosas. Lo anterior, como si todos no estuviésemos de acuerdo en estar cansados de la corrupción, el desempleo, la violencia y las otras miles de cosas. Simplemente nos diferenciamos en el camino a seguir, lo que habla pésimamente de la tolerancia en este país. Fuera de ese debate inoficioso detallemos la política en sí.
Gustavo Petro menciona que a los latifundios improductivos les subirá los impuestos con la finalidad de volverlos productivos, explicando su teoría en dos posibles resultados. La primera es que para dejar de pagar ese impuesto (el cual deberá ser bastante oneroso para traer consecuencias trascendentales) deberá poner a producir la tierra. La segunda es que si no está dispuesto a ponerla a producir, dicho impuesto obligará al latifundista a vender su propiedad al sector privado que si esté dispuesto a producir o al Estado bajo el mecanismo de la expropiación (la cual genera una indemnización por el valor comercial del inmueble).
Cabe resaltar que una de las bases de la propuesta de Petro es acabar con el negocio de lavado de activos que existe actualmente con la tierra, pues no es para nada falso que cientos de actores del narcotráfico, corrupción, violencia y demás, actualmente poseen la mayoría de las tierras productivas del país, dejando al campesinado con una parte muy baja de ese factor de producción. Otra cosa que hay que tener clara es la función social y ecológica que actualmente cumple la tierra gracias a la Constitución del 91, lo que delimita actualmente el número de tierra productiva en el país, es decir, no podemos hablar fácilmente de expansión de ese número.
Analizando a fondo, surgen varias dudas que crean el debate y puede utilizarse para confusiones y tergiversaciones, además que crean zozobra y especulación, a veces fantásticas y otras realistas. Primero, en esa política: ¿desde qué número exacto de hectáreas se considera una propiedad como latifundio? Si la idea es acabar con un negocio ilícito, ¿por qué afectar la propiedad que se ha obtenido lícitamente? ¿Actualmente existen medidas para darle solución a este problema? ¿Es cierto que al subir los impuestos la tierra baja de precio? ¿La baja de precios afecta otros sectores de la economía? ¿A quién se le dará la tierra para que produzca? ¿Quién garantiza que no se divida la tierra en minifundios para obviar la Ley? ¿No es cierto que la utilización indebida o desmesurada de la expropiación ahuyenta la inversión extranjera?
Lo que nos lleva a deducir que la política de Petro trae más dudas que certezas, pero veamos lo positivo: aquellos actores de la violencia, la corrupción, el narcotráfico, etc, se les dará un duro golpe en sus finanzas. Sin embargo, con esto surge otra duda: ¿cómo determinar si se ataca al honesto empresario o aquel actor de todo lo que significa la ilicitud en este país? La respuesta es obvia, con su política no habría diferencia, porque ella ataca al propietario sin importar quien sea. En ese punto en concreto, no hay garantías en la propuesta del candidato presidencial.
Si el deseo es atacar a los que viven en la ilicitud, ¿por qué no procesarlos, juzgarlos, condenarlos y utilizar un mecanismo como la extinción de dominio para quitarles sus propiedades y entregárselas a los más necesitados? Quitarle esas tierras improductivas y dárselas al campesino para que produzca o a las víctimas de la violencia, como la ley de victimas así lo exige. Señor Petro, mecanismos para eso sí tenemos y sin necesidad de indemnizar a nadie. Lo cierto es que dicho mecanismo no está generando el efecto para el que fue creado, pero ¿es culpa de la ley o de la aplicabilidad de la misma? Lo escrito en el papel bello es, pero pasar del escritorio a la realidad es muy distinto. En ese estricto sentido necesitamos mano firme para aplicar la ley, partiendo por la despolitización de los medios de control y de la Fiscalía principalmente, así como un brazo más fuerte de la rama judicial, de fiscales, investigadores y miembros del CTI.
El problema del agro en Colombia se extiende más allá del solo debate de la tenencia de la tierra. El campesino hoy en día se encuentra estigmatizado, es el último eslabón en la cadena social del país. Hagan el ejercicio, pregúntenle a un joven de quince años si desea ser campesino el resto de su vida y ahí quedará claro otro de los problemas que afecta el agro, sin olvidar los problemas que tenemos desde el inicio de los tiempos, las vías, la violencia, el narcotráfico, la tecnificación y el desenfrenado minifundio (que paralelamente hace crecer en igual medida el latifundio). Una gran reforma del agro no solo se extiende al deseo inmensurable de querer atacar al dueño de la tierra, esto va más allá, hay que dejar los colores políticos a un lado, el populismo en época electoral y concentrarse realmente en una solución de fondo, que bien cierto es, llevamos esperando muchos años.
