Según el gobierno tenemos una situación envidiable pero la población no se da cuenta por un problema de ‘percepción’.
En realidad sí es sorprendente que no se aprecie más a un gobierno que está dando solución a un tema como el del fin del enfrentamiento con una fuerza insurgente que ha mostrado la fuerza y la trayectoria de las Farc.
Es cierto que no es el fin del conflicto armado, porque otros actores quedan y otros surgirán; como también es cierto que vendrá una etapa de posconflicto que creará nuevos problemas; como también lo es que el costo de alcanzar este acuerdo es sumamente grande y para muchos inaceptable; en fin, que no es la Paz como nos tratan de convencer. Pero no quita que es el paso más importante no solo en ese sentido, sino en el de abrir el camino para poder buscar unos cambios y una institucionalidad que nos permitan volvernos un país vivible, una sociedad en armonía y un estado moderno y con posibilidades de progreso. Y que además, en términos realistas, es probablemente lo mejor que se puede lograr como arreglo, pero sobre todo, que es un hecho concreto y no una especulación sobre algo qué pudiera ser mejor pero que se quedaría en el campo de lo deseable y no de lo real.
Pero que un resultado como lo que va de los acuerdos de la Habana apenas logre que suban del orden del 20 % al 30 % la buena opinión sobre el Gobierno, que siga prevaleciendo el pesimismo y la mala calificación a su gestión, y que esa percepción sobre el presidente y todos los ministros siga siendo negativa, tiene sus explicaciones.
Justamente es un problema de percepción
pero en sentido contrario:
el gobierno no tiene la percepción de lo que la población siente
El tiempo y los debates alrededor de las negociaciones han permitido ver los varios aspectos que acompañan lo que se ha hecho y lo que sigue. Ya se ha entendido en su verdadera dimensión el logro que significa lo adelantado —así como las limitaciones y dificultades—, y han dejado al descubierto hasta qué punto la realidad es menos ideal que lo que nos pretenden vender.
Y eso sucede simultáneamente con casi todos los temas de gobierno: no se producen las reformas que prometen —ni a la educación, ni a la salud, ni a las pensiones, ni sale el estatuto del trabajo o el de la oposición, ni etc. etc. etc—. Los planes de futuro no están financiados y dependen de factores ajenos a nosotros; las famosas inversiones en infraestructura dependen del interés que logremos despertar en el capital internacional, y los programas del posconflicto para traer la verdadera la paz se espera sean financiados por gobiernos extranjeros.
Nunca se había visto tanta propaganda oficial ni tantas intervenciones de los altos funcionarios explicando cómo se está trasformando el país y como lo está haciendo mucho mejor que nuestros pares. Pero eso no es lo que vive y siente la gente. El desempleo puede bajar algún medio punto, pero como se considera que es un costo implícito en el modelo desarrollista según el cual el crecimiento arrastrará el bienestar, no se fija como objetivo el llevarlo a los niveles más bajos posibles; por eso también la desigualdad no se ataca prioritariamente o se asume que la exclusión y el abandono de sectores marginales se solucionaran simplemente con un buen aumento del PIB.
Le oí a algún amigo que al gobierno deberían multarlo por propaganda engañosa. Y sí, es esa además la sensación que hay en la ciudadanía. No hay credibilidad ni en los programas ni en la palabra del Gobierno. Hay la sensación de que se busca engatusar a la ciudadanía con grandes campañas de publicidad y propaganda.
Por ejemplo, debería ser fácil hacer ver que el paro de los transportadores es en efecto un caso de diferencias entre el interés general y el interés particular de un sector. Para algo están los medios ‘voceros del establecimiento’ (no solo El Tiempo según lo dice su director, sino prácticamente todos los grandes de radio, televisión, y prensa escrita). Pero eso no lo facilitan las declaraciones del presidente. Ni al culpar a una concentración de los transportadores de la muerte del conductor del gobernador de Boyacá para después tener que aclarar que ni fue un incidente con la organización del paro ni el conductor había muerto; o el afirmar que el caso, ese sí real, de una víctima mortal no había sido por la acción del Esmad, para terminar siendo desmentido por Medicina Legal; o el que para desvirtuar la razón del paro aparezca con acusaciones personales contra quienes lo dirigen; o que la posición oficial sea una radicalización equivalente al ‘van mis restos’ en el póker. ¡Qué decir del informe según el cual solo el 0,4 % de los transportadores están en paro!
La alternativa de una mesa permanente, que representaría actores diversos, intereses diferentes, y se saldría de lo coyuntural, con el Congreso y otros actores como el Defensor del Pueblo incluidos, parece una alternativa interesante pues subsana la falta de credibilidad en la autoridad.
