Desde 1991 Colombia viene adelantando un proceso de transformación del modelo administrativo del Estado, pasando del modelo burocrático que imperó durante gran parte del siglo pasado, a la implementación del modelo gerencial, que debió tomar fuerza ya en el presente siglo.
Pero hoy, en el tercer decenio del siglo, el balance es más desfavorable que favorable en materia de eficacia, eficiencia y efectividad, representada, esta última, en la solución de necesidades y problemas sociales, como rezan los fines esenciales del Estado.
Si queremos encontrar un culpable, debemos fijar la mirada en el DAFP, cabeza del sector institucional del ramo, de donde parten las orientaciones sobre los procesos de ajuste de la gestión pública. El organismo toma de manera dogmática las recomendaciones del CLAD y con ello promueve el establecimiento de modelos y mecanismos administrativos en todos los organismos de la rama administrativa del poder público.
Desconoce el DAFP, o se hace el bobo, que la administración pública es una ciencia y que como tal, contiene el método científico; tampoco reconoce que la ciencia es un medio intelectual y académico que cumple requisitos epistemológicos, mientras que la rama administrativa es un conjunto institucional que se rige por normas jurídicas, pero que tienen la obligación, si quiere, de aplicar criterios científicos en los procesos y procedimientos que le dan vida a las normas jurídicas de obligatorio cumplimiento.
Para implementar el nuevo modelo de hacer administración pública, han tomado, calcado o copiado, al pie de la letra, el paradigma privado y a raja tabla, han introducido al interior de la administración pública las herramientas propias para navegar en el mercado, tal como lo hace la empresa privada, que es de propiedad privada y que produce bienes y servicios privados.
No se detuvieron a reflexionar que los bienes y servicios públicos tienen otra dimensión diferente, donde el paradigma del mercado, copiado al pie de la letra, no genera los alcances adecuados en los instrumentos concebidos y diseñados para maximizar las ganancias de los empresarios.
Retomaron de la gerencia privada de los años cincuenta y de los años ochenta los parámetros, aplicados principalmente en las empresas norteamericanas, y los tratan de meter a la brava en el sistema operativo de las empresas que producen bienes públicos y que pertenecen al Estado.
Es el enfoque “gerencialista”, que, transcurrido un cuarto de siglo, desde la Ley 489 de 1998, no ha dejado los frutos esperado en materia de satisfacción de necesidades y problemas de la comunidad, ni de mejoramiento de las condiciones de vida, como le corresponde al organismo rector de la sociedad.
En lugar de crear un paradigma, que tome los fundamentos gerenciales, pero adecuados a la función pública, ue se adapten a la realidad específica tanto del país como de las características de los bienes públicos, insisten en calcar el enfoque privado al pie de la letra, más con sentido gerencialista, que con el propósito de crear un paradigma propio de gerencia pública.
Y para agravar la situación, la ESAP, establecimiento público creado con funciones universitarias y que por lo tanto está obligada a contribuir al desarrollo científico de la administración pública, se mantienen aislada de la realidad de la Rama Administrativa, el sitio donde se aplican los productos académicos que deben salir de dicha escuela, dejando a la deriva el proceso de transformación del Estado y tolerando en el ejercicio institucional el daño del gerencialismo.
