En abril de 2015 el gerente de EPM Juan Esteban Calle, quien es hoy presidente de Cementos Argos, volvió realidad la expansión de las inversiones en Chile, autorizada por la junta directiva. La máxima autoridad de EPM que tenía entre sus miembros a reconocidos empresarios aprobó la compra más grande de su historia: la concesión de Aguas de Antofagasta por $ 2.5 billones equivalente a USD $ 965 millones con una duración de 18,5 años. El único competidor de la subasta ofreció USD 740 millones, un 30 % menos que EPM y obviamente la empresa paisa se quedó con la concesión. Esta estaba desde el 2003 en manos del grupo chileno Luksic que la había adquirido por USD $ 186 millones. EPM había pagado por cliente USD 5.824, más del doble de lo pagado por Luksic –un rango entre USD 1.250 y 2.438 (a precios del 2015)-. Todo sonaba a un mal negocio.
Junta directiva EPM
Y así lo entendió la Contraloría de Medellín. En diciembre de 2016 prendió las alarmas, emitió hallazgos de incidencia fiscal y administrativa. EPM se defendió con el argumento de que para la valoración había utilizado una metodología de flujo de caja libre descontado mientras que la Contraloría se había limitado a manejar criterios de promedios múltiplos EBITDA. Lastimosamente, los flujos de caja libre no han sido los mejores en estos años.
Las utilidades que reportó Aguas de Antofagasta en el 2015 fueron de USD 8 millones, en el 2016 subió a USD 19 millones y en el 2017 a USD 36 millones, equivalente a una rentabilidad de 3.7 % sin descontar la inflación. Cifras lejanas de las utilidades del orden de USD 50 millones por año proyectada para una inversión de USD 965 millones como la que hizo EPM, solo para recuperar la inversión.
En la Junta de EPM del 2015 presidida por el alcalde Aníbal Gaviria Correa que aprobó el negocio estaban experimentados empresarios, conocedoras de temas de valoración de compañías, como Manuel Santiago Mejía (Grupo Corbeta), Alberto Arroyave Lema (sector editorial) , Andrés Bernal Correa (Grupo Suramericana), Beatriz Restrepo Gallego (sector educativo), Gabriel Ricardo Maya Maya (director gremial), Luis Fernando Arbeláez Sierra (arquitecto urbanista) y Rubén Hernando Fernández (Corporación Región)
Una vez EPM concretó la compra, endeudó a la empresa. Solicitó dos créditos en Chile por valor de USD 400 millones, uno con Scotiabank y otro con el Banco Nacional de Chile, dineros que trajo a Colombia y aprovechó para indicar que la inversión quedaba cubierta en un 42 %. La situación real es que Aguas de Antofagasta asumió las obligaciones financieras de este préstamo. El crédito que tenía un plazo inicial de dos años que se venció en 2017, fecha en que fue imposible reestructurar la deuda y emitir bonos, por lo que fue necesario ampliar el plazo de la deuda otros dos años, que se vencerán en agosto de 2019. En la contabilidad figura a diciembre de 2017, USD 428.883 de deuda no corriente con la banca comercial.
La justificación Juan Esteban Calle para la costosísima inversión, no resultó tan válida. Consideró la compra Aguas de Antofagasta “una escuela para aprender sobre la potabilización de agua de mar y en el suministro de agua en bloque para grandes clientes mineros e industriales, (...) campos en los que vemos inmensas oportunidades”. Su potencial estaba en el manejo de clientes empresas mineras en la Región II –considerados no regulados-, adicional a los 174,8 mil suscriptores residenciales -mercado regulado-. Su plan era buscar aumentar los grandes clientes no regulados hasta llegar en el 2020 a un 50 % de los ingresos (actualmente está en 35 %), buscando una mayor rentabilidad. Un plan que no se ha cumplido, más si se tiene en cuenta que en el Congreso de Chile cursa desde hace varios años un proyecto de Ley que busca grabar el mercado no regulado en un 50% para subsidiarle las tarifas al mercado regulado.
A esto debe añadirse que los grandes clientes, concentrados en las cuatro mineras han avanzado por su cuenta para responder a sus requerimientos de agua en los procesos de extracción minera. En abril de este año, la minera Escondida, inauguró en el sector de Coloso la mayor planta desalinizadora de Suramérica para utilizarla en su producción de cobre, y en marzo de este año, la estatal Codelco, recibió la aprobación ambiental que le permite la construcción y desarrollo del proyecto “Planta Desaladora VP” en Tocopilla, que adjudicará obras por valor de USD 1.000 millones a finales del año.
Además del billonario costo de la concesión, las inversiones de EMP en Aguas de Antofagasta para cumplir con las reglamentaciones de Chile son mayúsculas, como la que debe hacer en plantas desalinizadoras de acuerdo al plan de desarrollo controlado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Tiene el compromiso, que ha dicho cumplirá, con la ampliación de la “Planta Desaladora Norte” ubicado en el sector La Chimba de Antofagasta, así como otra inversión de USD 300 millones en infraestructura en los próximos cuatro años, para una planta desalinizadora en el Sur Antofagasta y otra en Tocopilla, que permitirán abastecer el 100 % del agua de ambas ciudades. En tres años EPM ha hecho inversiones de USD 140 millones.
Adicional a las inversiones en las plantas, según el periodista chileno Cristian Reyes Herrera, director y fundador de El Diario de Antofagasta, EPM tendrá que asumir durante la concesión el mantenimiento de 300 kms de tubería, las cuales son en un 44 % son de asbesto cemento, material que esta prohibido en Chile desde 2001 según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por presentar un gran riesgo socioambiental. EPM podría verse involucrada en asumir responsabilidades y compensaciones ante la eventual contaminación a la población de Antofagasta con el asbesto presente en sus cañerías.
Al momento de la compra, el gerente de EMP y la junta proyectaron que Aguas de Antofagasta lograría varios hitos en el volumen de producción los años 2020, 2024, 2028 y 2032, donde se esperaba aumentar de manera importante la oferta de servicio, aprovechando especialmente el mercado no regulado. La expectativa al comprarla, era que, para el año de 2022, el ingreso de EPM sería de USD 266 millones. Aunque esto pudiera resultar cierto en el papel, de todas formas, la empresa pública bandera de Medellin no lo verá. Ante la crisis de Hidroituango, la junta de hoy, de la cual participan seis de los ocho miembros que autorizaron la compra de Aguas de Antofagasta, Beatriz Restrepo Gallego, Andrés Bernal, Manuel Santiago Mejía, Luis Fernando Arbeláez Sierra, Gabriel Ricardo Maya Maya y Alberto Arroyave Lema, ha autorizado a salir a vender la inversión chilena. EPM espera obtener aproximadamente USD 666 millones ($ 2 billones), que sumando a los USD 400 millones que ya le sacó y descontando inversiones, quedaría casi a ras por lo que la compró hace tres años, y librarían a EPM de un detrimento patrimonial. Los ojos de la Contraloría, el Consejo de Medellín y la ciudadanía están puestos en que la venta resulte por el valor propuesto.
