Hace siete meses la Ministra de las TIC, Karen Abudinen asignó en una audiencia el pasado 9 de diciembre y de manera muy publicitada los ganadores de los del proyecto de 10 mil Centros Digitales cuyo propósito es el de conectar a 14.745 instituciones educativas rurales entre 2021 y 2022. La inversión del Gobierno Nacional superior a los $2.1 billones, era uno de los proyectos mas importantes en la estrategia de conectividad, bandera del presidente Duque. Pero las cosas no han salido como lo esperado.
Uno de los contratistas escogidos, para ejecutar uno de los planes más ambiciosos que cubre 15 departamentos, la Unión Temporal Centros Poblados, no cumplió. La Ministra se vio obligada a declarar la caducidad del contrato e instaurar una denuncia penal por presuntas irregularidades y posible falsedad en la garantía aportada del Banco Itaú, cuya apoderada manifestó que dicha garantía bancaria no fue expedida por su entidad.
Unión Temporal Centros Poblados recibió un contrato por $ 1,07 billones para cubrir 7.277 centros en la región B, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Centros que ya no alcanzarán a conectarse en este gobierno, dados los tiempos requeridos para completar la caducidad del actual contrato, realizar un nuevo proceso licitatorio y ejecutar un nuevo contrato.
El 9 de diciembre del 2020 la Ministra Abudinen anunció la adjudicación de los Centros digitales
La catástrofe anunciada por la características del contratista reventó en abril de este año, cuando el Ministerio se percató que la ejecución de la Unión Temporal Centros Poblados iba apenas en 1,2%. Después de cuatro meses no había ningún punto digital en las regiones que le corresponden, a pesar de que el 10 de febrero había recibido un anticipo por $70. 243 millones que equivalen al 7% del valor del contrato. El supervisor del contrato en desarrollo de las acciones de control frente a los atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones, solicitó desarrollar un proceso por presunto incumplimiento.
Después de haber presentado el pasado 25 de junio las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, el Ministerio TIC fue más lejos. “Con la conectividad de millones de familias no se juega” indicó la Ministra Karen Abudinen y actuó en consecuencia este 19 de julio declaró la caducidad del contrato. La decisión es complicada porque acarreará demoras después de un anunciado litigio judicial por parte de los contratistas y la apertura de una nueva licitación.
Lo cierto es que para los conocedores del sector la Unión Temporal Centros Poblados no tenía la solvencia ni daba la seguridad que requería este ambicioso y necesario proyecto para el país. Uno de las empresas que forman parte del consorcio, Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (FUNTIC o NOVATIC), tenía un proceso por detrimento patrimonial en la Contraloría e investigaciones disciplinarias en la Procuraduría.
La veeduría en su momento, insistió en que se revocara el proceso de adjudicación, pues compañía tiene un pasado non sancto. La compañía cambió de nombre para despistar las investigaciones en curso y utilizaron otra empresa de ellos denominada Empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones (Niu Telco).
“Novatic, Funtics y Niu Telco son lo mismo y actúan con el mismo dueño, el zar de la contratación en telecomunicaciones, el señor Juan Carlos Ángel Cáceres”, señaló la veeduría. Sin embargo, la ministra indicó "La adjudicación de este proyecto fue un proceso serio y transparente que se desarrolló en estricto apego a la contratación estatal".
El gobernador de Norte de Santander William Villamizar fue fue suspendido por un contrato con Nui Telco, uno de los socios del consorcio
Nui Telco estuvo en problemas un contrato de bilingüismo de Norte de Santander con Niu Telco S.A.S., donde la Procuraduría vinculó a indagación al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, a quién suspendió por tren meses en agosto de 2019 y solicitó suspender el contrato por mas de $ 11.998 millones de pesos, por posibles irregularidades precontractuales. La Procuraduría alertó sobre una supuesta selección subjetiva del contratista, teniendo en cuenta que en los documentos precontractuales no se evidenciaron las razones de conveniencia y oportunidad para que la sociedad fuera seleccionada.
Este poderoso contratista lleva durante varios años en la lupa de los entes de control. A través de Funtics y Niu Telco ha sido salpicado por irregularidades con diversas gobernaciones y alcaldías en contratos de conexión a internet a los colegios públicos, redes de telecomunicaciones, fortalecimiento a la cultura ciudadana.
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