Supongamos un escenario en el cual se nos informa que existe una vacuna contra el virus pero para lograr los avances definitivos es necesaria la experimentación con humanos; por tanto debemos forzar a cien personas a que sirvan como sujetos de prueba. Naturalmente, todos fallecerán. ¿Debe iniciarse tal experimentación para dar por fin con la necesaria vacuna?
Tal escenario, utilizado por el filósofo Rawls para ejemplificar el criterio maximin, lleva a la conclusión de que debemos pensar en qué grupo de personas nos encontramos: si en la inmensa mayoría que recibirá el beneficio del sacrificio de los mártires de la experimentación, o si infortunadamente somos parte del grupo de cien sujetos con los cuales se llevará a cabo la prueba. Nuestra respuesta al interrogante seguramente dependerá de en qué grupo de personas nos encontramos; si somos de la mayoría diremos que es un sacrificio válido en pro de las vidas a salvar. Si somos de los cien diremos que no podemos tomar una decisión tan arbitraria en aras de la salud pública. El criterio maximin nos invita, por tanto, a suponer el peor escenario, a ubicarnos del lado de la minoría afectada para tomar la mejor decisión. Las desigualdades sociales deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad.
Ahora bien, si extrapolamos el escenario al ámbito educativo, nos damos cuenta de que nuestro sistema de educación dio por sentado que todos los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, padres de familia, estudiantes) cuentan con las herramientas necesarias en casa para poder adelantar una educación virtual que sirva de flotador mientras el regreso a las aulas se materializa, a la par que se ignoró por completo el gran número de educandos que no cuentan con los recursos tecnológicos que les permitan una igualdad de oportunidades durante esta contingencia. La decisión tomada fue rápida: se realizará educación virtual y se hará uso de las distintas plataformas existentes para tal fin. El ministerio incluso lanzó aplicaciones para apoyar el aprendizaje virtual; aplicaciones muy útiles, debo reconocerlo, pero para quienes tienen acceso a ellas. Hay una desigualdad latente que redunda en un prejuicio para los miembros menos aventajados de la sociedad y por increíble que parezca para algunos, no todos los hogares del país cuentan con smartphones o computadores y mucho menos con acceso a internet.
Tal situación ya ha sido denunciada desde distintos ángulos y por distintos perfiles que demuestran una triste verdad: la cuarentena no dificultó los procesos de enseñanza y aprendizaje; simplemente reveló lo que ya venía funcionando mal. La cuarentena vino para recordarnos que nuestras prácticas educativas (y dentro de ellas con un gran énfasis nuestras prácticas evaluativas, pues la evaluación tradicionalmente se ha visto como el momento de asignar un número, una calificación al aprendiz para determinar qué tan bueno o qué tan malo es éste, pasando por alto un gran número de aspectos que deben ser tenidos en cuenta pues la evaluación no debe reducirse a cifras y prejuicios) deben ser revisadas. Las desigualdades en el ámbito educativo buscan favorecer a una reducida élite que tiene los recursos para contar con el acceso a todas las facilidades que promuevan un buen proceso de educación, y las políticas educativas del estado buscan de igual manera favorecer a tales élites. Prueba de ello será la prueba de estado de este año que medirá a estudiantes con todas las herramientas tecnológicas para haber continuado bien este proceso virtual, con estudiantes que ni siquiera poseen acceso a internet. El criterio maximin no es más que una utopía para los procesos educativos del país; no tenemos una dirigencia que se preocupe por las necesidades de las minorías. Tal vez peco de inocente, pues como decía Paulo Freire: es ingenuo pensar que las clases más favorecidas permitirán un modelo educativo que contribuya a la liberación de las clases menos favorecidas.
