Los gobiernos anteriores al del Presidente Petro y el régimen que representaban, aún vigente y en pleno accionar, son los responsables y cómplices de la existencia del criminal negocio de la salud, imperante en Colombia.
Fue estructurado bajo términos especiales y específicos, para que respondiera y acatara los términos del Consenso de Washington, impuesto por EE.UU., para profundizar el modelo capitalista y el poder de dominación económico-político hegemónico, en Latinoamérica y regiones del planeta bajo su influencia.
Con dicho Consenso, se profundizo el capitalismo salvaje, se hipotecó la soberanía, se renunció a la equidad socio-económica progresiva y se convirtió la caricatura de democracia vigente, en instrumento de explotación del poder y los recursos nacionales y se garantizó la protección del poder del capital transnacional.
Ahí radica la esencia de la posición del Régimen gobernante de los gremios económicos y financieros colombianos, para oponerse y negar la aprobación de la reforma al Sistema de Salud, entre otras.
Tratan de mantenerlo al servicio de explotadores específicos y garantizar la apropiación y concentración de altos porcentajes de recursos oficiales de las salud anuales, objetivos que aseguran a través de las EPS y sus Clínicas, del sistema de integración vertical y la desastrosa calidad de los servicios que comercializan.
Son los meollos, que amenazan las reformas del actual gobierno. Nadie se había atrevido antes, a hacerlo, durante más de 200 años.
La médula del Sistema de Salud vigente, la contiene la Ley 100/93, enmarcada en la esencia del objetivo del Consenso de Washington. Privatizar todo tipo de servicios y entregarlo al servicio de la rentabilidad de particulares y de esa manera asegurar la concentración de la riqueza y el capital, en pocos explotadores y empresas nacionales y transnacionales.
La Ley 100/93, columna vertebral del sistema de salud vigente, carece de articulación y correspondencia, con el objetivo de su aprobación y falaz sustentación. Lo evidenciaron el cúmulo de deficiencia del modelo y aparentaban subsanarlas con más de 180 decretos reglamentarios, varias leyes reformatorias y una estatutaria, mientras los resultados del Sistema, son cada día peores.
Las leyes que lo rigen y mantienen caprichosamente, constituyen las causas que hacen inviable, el Sistema de Salud colombiano.
La Ley 1122/2.007, fue aprobada para mejorar la prestación del servicio. La Ley 1438/2.011, para fortalecer el sistema general de seguridad social en salud. Los resultados son totalmente contrarios al supuesto propósito.
Con la ley 100/93, pretendían alcanzar cobertura total en el año 2000. En ese año Colombia ocupaba el puesto 41, entre 191 países (OMS) y en el presente está esta colapsado, de acuerdo con lo que esta ocurriendo y lo que debe ser la prestación de ese servicio. Impera la mala calidad en todos los sentidos, la corrupción y la impunidad.
Existe la CRES, creada mediante la ley 1751/2015, (comisión de regulación en salud) y la Superintendencia Nacional de Salud, para vigilar y controlar los actores del sistema, pero el poder de las EPS y el cogobierno de los gremios económicos, la politiquería, el clientelismo y la corrupción del poder público, les garantiza laxitud, tolerancia y complicidad.
No obstante, las pérdidas de recursos oficiales, destinados para responder por la salud de los colombianos y la mala calidad del servicio, la insolvencia de las EPS crecen, sin que las obliguen a que responder, conforme al marco legal que supuestamente las rige.
La ley de Reforma a las Salud y su articulado aprobado en la Cámara, modifica el objeto legal de las EPS. Dejan de ser aseguradoras y dejan de manejar los recursos del Sistema, situación que consideran desastre y perdida de dominio del sistema. Es la piedra angular de la oposición a la reforma, de parte de gremios económicos y organizaciones políticas de derecha, enemigos del pueblo colombiano, en general.
Los usuarios del Sistema Nacional de Salud, deben interesarse por conocer y entender, que la entrega del dominio económico, operativo y administrativo a las EPS, durante más de 30 años, significó la pérdida de billones y billones de pesos anualmente, de dineros del presupuesto público y la pésima calidad del servicio, que atenta sistemáticamente contra la vida de los usuarios o afiliados.
Las EPS, con la Reforma se convierten en gestoras de servicios y auditoras del gasto, entre otras funciones, pero según la misma Reforma, disponen de dos años para hacer la transición y seguramente para mantener la integración vertical, con sus clínicas privadas.
El sistema es inviable, por corrupción, irresponsabilidad de los gobiernos y tolerancia cómplice de la institucionalidad.
Es un imperativo ético y moral, transformar el sistema para deshacerle el carácter de mercancía.
Esa transformación debe comprender la regulación integral de precios de medicamentos nacionales e importados y precios de cada uno de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos-quirúrgicos. Esto no lo precisa la Reforma en trámite.
El costo de cada procedimiento debe ser el resultado del análisis cierto del costo real, de cada uno de los componentes del procedimiento, insumos y usos de tecnologías utilizadas, comparados con costos de la región y el mundo, es decir, precios del mercado, entre otros factores. No puede continuar siendo definidos por acuerdos entre amigos e interesados.
Los recursos financieros del sistema, para el 2.023, superan los $84 billones. Suficientes para garantizar, bajo racional control del Estado, servicio en salud de calidad, a todos los colombianos.
En el 2000, fue creado un Grupo Élite, en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, para recuperar los dineros perdidos de la salud (en ARS). Existen los fantasmas burocráticos de la CRES y Superintendencia Nacional de Salud. Las investigaciones no arrojan resultados efectivo concretos.
La justicia esta corrompida hasta la médula. El torticero fiscal general, antes que dar resultados efectivos sobre Saludcoop y otras EPS, supuestamente quebradas, en aquel tiempo, por obvias razones, lanzó la carga contra la Contraloría, porque ésta evidenció desfalcos a la salud, superiores a $1.4 billones en Saludcoop, por ejemplo. Otro tanto ocurrió con Coomeva, Cafesalud, Medimás, entre decenas de EPS liquidadas, que no reintegraron, decenas de Billones del presupuesto nacional perdidos.
Todos los gobiernos han sido defensores incondicionales de las EPS privadas. En particular, con la perversidad de Uribe Vélez, para acabar con las EPS públicas, hasta lograrlo. Uribe, señaló como causa de la crisis financiera del sector, a la irresponsabilidad médica. Criminalizó el ejercicio médico, por recetar remedios demasiado costosos, cuando él mismo ordenó desregular los precios de medicamentos, entre 2.002 y 2.006. Las EPS y ARS tenían definido el porcentaje que debían destinar a la atención en salud y a gastos de promoción y administración. No lo respetaron. Se dedicaron a capitalizarse con esos dineros. Nadie hizo control oportuno. El gobierno, como representante obsecuente de una clase política corrupta e irresponsable, es el único responsable de la pésima calidad del servicio y del caos económico que lo ahoga.
Las EPS privadas, en 20 años, multiplicaron su patrimonio 177 veces. Sin eliminar totalmente la injerencia del sector privado, no puede haber solución.
Ese panorama sombrío y criminal es lo que pretende cambiar la Reforma y es lo que los enemigos del pueblo y el uribismo, a toda costa tratan de evitar. Debe haber sanciones penales y económicas para particulares y funcionarios responsables de los desfalcos, incluido el enriquecimiento ilícito, con exclusión definitiva, del negocio de la salud. El ciudadano debe saberlo, con todos los detalles. 09- 12-2023
