La alcaldesa de Bogotá, Claudia López y los representantes legales de los tres consorcios constructores, entre ellos, Ricardo Rodríguez, gerente de infraestructura y construcción de Conconcreto, están unidos como nunca antes para tumbar la medida cautelar adoptada por el Juez 35 Administrativo del Circuito, quien acaba de parar el Corredor Verde Séptima, uno de los proyectos bandera la Administración Distrital.
El Juez 35 Administrativo impuso la medida cautelar al resolver una Acción Popular en contra de la Alcaldía de Bogotá y el IDU, instaurada en septiembre pasado por los ciudadanos bogotanos Diego Escallón y Juan Esteban Matallana, después de considerar que el Plan Distrital de Desarrollo en su artículo 105 prohíbe cualquier solución de movilidad que incluya un sistema de buses.
Esa decisión y especialmente la interpretación del Juez, cayeron como un baldado de agua fría sobre la alcaldesa Claudia López, quien está a punto de terminar su mandato, y sobre los representantes legales de los tres Consorcios que tienen a cargo la construcción del Tramo 3 del proyecto. Ahora, los Consorcios también están en veremos y en camino de instaurar una tutela para proteger su derecho al debido proceso y en contra de los argumentos del Juez 35.
Consorcios que se presentaron a licitación Lote 3 del Corredor Verde Séptima
Estos fueron los tres Consorcios que se presentaron para la licitación Lote 3 de Corredor Verde y que ahora están afectados.
Consorcio Vial del Norte integrado por Indugravas Ingenieros Constructores S.A.S, Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S e Incoherp Ingenieros Constructores S.A.S.
Consorcio THC Corredor Verde 99 integrado por Termotécnica Coindustrial S.A.S, HB Estructuras Metálicas S.A.S, Compañía de Iluminaciones Especiales S.A.S.
Consorcio CC-P 7MA L3, integrado por la constructora Conconcreto S.A, Conconcreto Proyectos S.A.S, Autopista Sumapaz S.A.S y Procopal S.A.
Ricardo Rodríguez Garavito, gerente de infraestructura y construcción de Conconcreto, ha dicho que las compañías dan total respaldo a estas acciones jurídicas porque les impidieron hacer parte de la Acción Popular y las obras merecen ser ejecutadas en beneficio de toda la ciudadanía.
Por su parte, la alcaldesa Claudia López, explicó que el Juez desestimó los argumentos de la Administración y se extralimitó en sus funciones porque no es función de la Rama Judicial mirar los proyectos de ingeniería. “La alcaldía y las tres empresas, independientemente, vamos a interponer una tutela para que se respeten los derechos de los bogotanos”, dijo López.
La suspensión de la licitación está ocasionando un perjuicio irremediable, que se ve reflejado en la pérdida de más de $82.000 millones que han invertido las últimas alcaldías en estudios y diseños del proyecto.
Es indudable que este es un duro revés para la administración de la alcaldesa Claudia López a escasos dos meses de terminar su mandato, máxime cuando fue ella misma quien impulsó la campaña “La Séptima se respeta” en un momento en el que el entonces alcalde Enrique Peñalosa quería hacer Transmilenio por la Séptima y un Juez, mediante acciones legales interpuestas por los ciudadanos, se paralizó ese proyecto.
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