Un día antes de quitarse la vida, el teniente coronel de la policía Óscar Darío Dávila contrató los servicios del prestigioso penalista Miguel Ángel del Río para que fuera su apoderado en la investigación relacionado con el interrogatorio al que fue sometida en una dependencia a su cargo Marelbys Meza, niñera al servicio de la jefe de gabinete presidencial Laura Sarabia.
El propio del Río le informó al periodista Daniel Coronell que el jueves 8 de junio se reunió con el oficial en el restaurante Maki Bar del Hotel la Fontana de Bogotá y que el encuentro fue facilitado por dos expolicías que manejan una oficina de investigada por presta sus servicios a varias oficinas de abogado.
Dávila, según esa versión, le alcanzó a pagar al abogado los 50 millones de pesos pactados por su asesoría. Le entregó primero 30 millones en efectivo y le hizo llegar los 20 restantes pocas horas de su cadáver fuera hallado a bordo de una camioneta de Unidad Nacional de Protección parqueada frente al edificio donde vivía el oficial.
¿Por qué razón alguien que ha decidido suicidarse paga a un abogado paga una suma tan alta que podría haberles reservado para su esposa y sus niñas? Esta pregunta ha alimentado las dudas que rodean el episodio, especialmente entre quienes esperan con ansiedad los resultados del dictamen del Instituto de Medicina Legal sobre las causas de la muerte del oficial jefe de una dependencia que hacía parte del sistema de protección del presidente Gustavo Petro.
Según lo reveló el periodista en su sección habitual de La W Radio, el encuentro del coronel Dávila con quien sería su abogado fue facilitado por el mayor (r.) Jeferson Tocarruncho y por el sargento (r.) Wadith Velásquez, dos expolicías que se hicieron famosos durante el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’, que puso en aprietos al entonces presidente Iván Duque.
En junio de 2020 los dos policías, que entonces prestaban sus servicios a la DIJIN, fueron enviados a prisión preventiva por el fiscal Daniel Hernández como sospechosos de haber utilizado el famoso proceso para intervenir las líneas telefónicas de cinco compañeros suyos presuntamente implicados en un robo en Cali. Quizá por simple coincidencia, el procedimiento usado en aquella ocasión es igual al utilizado para intervenir las líneas de la niñera y de la empleada del servicio de Laura Sarabia, también acusadas por su jefe hurto de una maleta repleta de dólares.
El abogado del Río acepta que es extraño que sus servicios hubieran sido contratados por alguien que horas después se quitaría la vida, pero también dice que es posible que durante el tiempo que transcurrió entre el encuentro en La Fontana y la muerte del oficial haya ocurrido algo que hizo que el oficial se sintiera presionado.
La última conversación telefónica que se conoce del oficial se produjo a las cuatro de la tarde del viernes, tres horas antes de su muerte. El coronel habló con la periodista Silvia Charry, de la revista Cambio. Ella lo llamó para pedirle su versión sobre el caso de las chuzadas telefónicas relacionadas con la pérdida de la maleta. “No puede decir nada poque me acaban”, se limitó a decir Dávila.
La versión difundida por el propio presidente Petro desde el momento mismo en que se produjo el levantamiento del cadáver asegura que el coronel segó su vida utilizando el arma de un patrullero que le acompañaba. El arma habría sido dejada sobre una de las sillas del vehículo mientras el escolta se bajó a comprar una botella de agua en una tienda vecina.
El diario Q’hubo conoció un video grabado por vecinos del sector del Salitre, en la localidad de Teusaquillo, durante la diligencia de levantamiento del cuerpo. Las imágenes sugieren que el oficial se habría disparado en la sien con la mano izquierda. Ese detalle ha llamado la atención de quienes lo recuerdan como un hombre diestro. Sin embargo, ese detalle hace parte del mismo círculo de las especulaciones que solo concluirán cuando sea conocido el dictamen forense.
El dinero que el coronel Dávila pagó anticipadamente por su defensa fue devuelto por el abogado del Rio a la viuda.
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