El progresivo descuido de la red pública de salud que operó con algunas fallas orientada desde: el ministerio, secretarias departamentales, municipales, y prestada desde puestos de salud, hospitales universitarios de niveles 1, 2 y 3, fue resultado del proceso de privatización de la salud, a partir de la Ley 100.
Al ser un servicio público esencial a cargo del Estado, la prevención de enfermedades mediante: la vacunación, fumigación e implementación de campañas de educación en hábitos saludables, era esencial en sus agendas, al igual que la coordinación con entidades del Estado encargadas de fomentar y construir sistemas de acueducto y alcantarillado, recolección y tratamiento de basuras en centros urbanos y sectores rurales con miras a prevenir numerosas enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de diverso origen.
Con la excusa de que el Estado -colonizado por la politiquería, corrupción administrativa y sindicatos desbordados en sus peticiones- era ineficiente y el sector privado, “más eficaz y honrado”, la mayoría de billonarios recursos del sector fueron entregados en bandeja de plata a las rentables EPSs, que como en el caso de Saludcoop, fueron desviados a construir lujosos hoteles, condominios campestres, clínicas particulares, patrocinar equipos de fútbol y pagar cuantiosos salarios y bonificaciones a sus directivos, mientras a los amenazados y ‘pordebajeados’ médicos los obligaban a mezquinar tratamientos, drogas y cirugías, estableciendo la universalización del diclofenaco y el acetaminofén como ‘panaceas universales’ para casi todas las enfermedades, obligando a los pacientes, mediante las tutelas, a pelear la aprobación de cirugías y prolongados tratamientos.
Como consecuencia de la aparición de las EPSs, las campañas de educación, prevención en salud y de vacunación fueron descuidadas y los hospitales públicos y clínicas, llamadas IPSs, sufrieron desmejora en sus ingresos y calidad, al negarles o demorarles las EPSs el pago a los servicios prestados a pacientes afiliados, lo que ocasionó deficiente dotación y demora en pagos de los bajos salarios y desmejoradas condiciones en que fueron subcontratados médicos generales, especialistas, paramédicos y demás personal de trabajadores y administrativos vinculados a los centros asistenciales a través de la engañosa figura de “contratos sindicales”, que se les quedan hasta con la mitad de los sueldos, y fueron institucionalizados en el primer gobierno de Uribe.
Este esquema de privatización iniciado en los 80s, en el laboratorio neoliberal del Chile de Pinochet, fue replicado a toda Latinoamérica y el planeta, cuando paulatinamente desmantelaron el “Estado de Bienestar”, que garantizaba a sus ciudadanos servicios básicos de: salud, educación, vivienda, de acueducto, alcantarillado, recolección y tratamiento de basuras, energía, pensiones, crédito subsidiado, etc, para entregárselos al sector privado.
Bastó una emergencia global para desnudar debilidad institucional hasta en los países ‘desarrollados’, que siguiendo la receta privatizadora también desmantelaron sus instituciones de salud pública, aseguramiento social y sistemas de pensiones. Así sucedió en Italia, España y los Estados Unidos, donde Trump intentó acabar con el Obamacare, que garantizaba atención básica de salud a cerca de 20 millones de pobres, desmanteló la oficina de prevención en salud y en medio del pandemonio mundial generado por el coronavirus, suspendió aportes de su gobierno a la Organización Mundial de la Salud, OMS, acusándola de no haber advertido a tiempo del peligro de la pandemia, a la que había calificado de “una gripita”, por la que no debía paralizarse la economía. (Es como hacer huelga de bomberos en medio de un incendio)
El coronavirus enseñó que “las leyes de la oferta y demanda” y la “regulación del mercado” no son las más indicadas para manejar servicios esenciales como la salud pública, sobre todo cuando están motivadas por la urgencia de extraer exorbitantes ganancias en beneficio de la alianza de políticos y empresarios privados que también son corruptos, y en Colombia controlan varias EPSs, junto a metalizados fabricantes de drogas e insumos médicos sin control de precios, dejando en segundo plano el bienestar de la mayoría de la población al descuidar la salud preventiva, explotando a los profesionales, paramédicos y trabajadores de la salud, lucrándose con sobrecostos y sin garantizar oportuna atención de los ciudadanos.
