Definitivamente la pandemia nos ha puesto en una realidad compleja. Ella ha dado para todo para que afloren sentimientos y acciones de solidaridad, empatía y colaboración, pero también para amenazar no solo asuntos evidentes como los derechos a la salud y a la vida sino al sistema democrático y a otros derechos fundamentales de poblaciones como las mujeres, los grupos étnicos, los líderes sociales, la población vulnerable, los excombatientes y los presos, entre otros.
La participación ciudadana, es uno de los derechos que se ha puesto seriamente en riesgo con las medidas que se han tomado a raíz de la emergencia sanitaria; estamos obligados al confinamiento y, por tanto, existen restricciones a las reuniones de grupos numerosos en un solo espacio. A pesar de lo necesario de esta medida para mantener el control y evitar la propagación del COVID-19, observamos con preocupación que, con algunas pocas excepciones, los gobernantes y tomadores de decisiones no han adoptado medidas alternativas para garantizar este vital derecho considerado como uno de los cimientos de la democracia y de nuestra Constitución Política.
Una de las primeras situaciones de vulneración a la participación se produjo con la formulación de los planes de desarrollo territoriales; el confinamiento no permitió realizar los ejercicios de socialización y consulta ciudadana a los borradores de dichos planes, y los Consejos Territoriales de Planeación tuvieron serias dificultades para elaborar el respectivo concepto y promover las mesas de consulta en los territorios. Al respecto, algunos alcaldes y gobernadores, por un lado, y Foro Nacional por Colombia y otras organizaciones sociales de la mano con algunos congresistas, por otro, hicieron un llamado al DNP para posponer las fechas que se deben cumplir durante este proceso por las evidentes dificultades. La respuesta fue negativa con el argumento de que el estado de emergencia no cubrió las leyes sobre este tema. Entonces, ¿estos planes de desarrollo no quedarán viciados por cumplir con los cronogramas y no atender el derecho fundamental de la ciudadana para participar en su elaboración?
Otro caso que se produjo en los últimos días, y que genera tanta o mayor preocupación, es el de las medidas adoptadas por el gobierno nacional respecto al derecho a la consulta previa. Sin bien al inicio de la emergencia sanitaria, el decreto 457 de 2020 permitió la continuación de una serie de actividades productivas que incluyeron las de minería e hidrocarburos, muchos empresarios del sector se mostraron solidarios y condescendientes con la situación, al tomar la decisión de reducir o suspender temporalmente sus operaciones sin afectar a los trabajadores en términos de mantener sus puestos de trabajo.
Sin embargo, pronto develaron la estrategia que realmente se traían entre manos. Una carta firmada por 25 empresarios de distintos sectores, incluidos representantes del gremio de la Asociación Colombiana de Minería, fue enviada al presidente Iván Duque presentando sugerencias para que se tomaran medidas con el objeto de evitar o mitigar la crisis económica que se avecina, de forma que les permita mantenerse a flote. Entre varias, y como si fueran a pasar desapercibidas, presentaron nada más y nada menos propuestas para “aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país”. ¿Para este caso si se tienen que buscar formas de flexibilizar los trámites para superar estos “obstáculos”? ¿Por qué no se aplica el mismo racero de inflexibilidad del DNP en su respuesta respecto a los planes de desarrollo?
En este río revuelto de circunstancias difíciles y atípicas hay un afán específico. Según los delegados del gobierno nacional, en sesión informal virtual con la Comisión V de la Cámara de Representantes, se logró avanzar alrededor de un 60% del proceso de consulta previa para el proyecto de ley de reglamentación del acto legislativo 05 de 2019 sobre regalías. El acto legislativo dio un plazo de seis meses para dicha reglamentación, tiempo que ha corrido pero, sin la protocolización de la consulta no se podrá radicar para debate en el legislativo ni llegarán los recursos a los territorios para conseguir la tan añorada licencia social que permita acelerar el ritmo del sector.
Al respecto, el Ministerio del Interior expidió la Circular externa CIR2020-29- DMI-1000 del 27 de marzo, en la cual habilita el uso de medios virtuales para realizar la consulta previa. Es conocido por todos que esta medida es regresiva de la garantía de este derecho, no sólo por las dificultades o ausencia de posibilidades de acceso tecnológico de los grupos étnicos, sino por ser un grupo poblacional que tiene particularidades en su forma de entablar el diálogo internamente y con el gobierno nacional; en esa perspectiva, esta alternativa estaría haciendo un ejercicio más restringido del derecho a la participación de los sujetos colectivos y las asimetrías se profundizaran mucho más. La pregunta es ¿cómo se pude garantizar el intercambio cultural y un diálogo deliberativo?
Este escenario deja claro, por un lado, que el gobierno nacional y sus funcionarios siguen asumiendo el derecho a la participación y a la consulta previa como un asunto residual, que en este contexto pierde aún más su relevancia porque existen otras prioridades que atender, y por otro, que los movimientos y organizaciones sociales no pueden bajar la guardia. La velocidad con que el gobierno está tomando decisiones nos reta a desplegar mayores esfuerzos para vigilar y alertar sobre medidas regresivas y anticonstitucionales que pongan en mayor riesgo nuestra democracia. Varias organizaciones étnicas, ambientales, sociales y entes de control como la Procuraduría General se pronunciaron rechazando este tipo de medidas, estrategias que deben mantenerse e impulsarse con más ímpetu ya que desde casa también se puede defender y exigir nuestros derechos.
