El 13 de agosto de 1999 cinco disparos silenciaron la risa de Colombia, junto con ella se fueron el lustrador Heriberto de la Calle, la cocinera Dioselina Tibaná, el abogado Godofredo Cínico Caspa y el celador Néstor Elí. Todos ellos se marcharon con Jaime Hernando Garzón Forero, cuando un crimen de Estado decidió arrebatárnoslo.
Y nos lo arrebataron porque a su genialidad humorística no le asustó decir unas cuantas verdades que incomodaban a la asquerosa clase política de este “¡país de mierda!”, como diría en televisión el periodista deportivo César Augusto Londoño.
En un principio, el crimen fue atribuido al entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, ya que Garzón era un objetivo para el paramilitar por su gestión humanitaria en la liberación de las personas secuestradas por el ELN. Castaño les ordenó a los hombres de la banda criminal La Terraza, de Medellín, perpetuar el asesinato.
Pero Castaño solo era la punta del iceberg. Detrás del homicidio de Garzón, según el exdirector de Fiscalías Nacionales Especializadas, Iván Lombana, la Policía, el Ejército y el extinto DAS podrían haber estado directamente involucrados, especialmente el general Rito Alejo del Río, el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien junto con el general Mauricio Santoyo habrían desviado la investigación de manera escabrosa secuestrando a dos de los sicarios de Jaime Garzón para entregárselos a Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y evitar que alguna vez hablaran.
Punto y aparte, es curioso advertir que tres de los agentes de Estado citados en el párrafo anterior y señalados por la Fiscalía de tener nexos con paramilitares y narcotraficantes fueron amigos o cercanos laborales del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, como por ejemplo: el general Rito Alejo del Río, quien Uribe Vélez, fungiendo de gobernador de Antioquia 1995-1997, lo proclamó y lo condecoró como “El Pacificador de Urabá”, cuando en esta región y organizaciones de derechos humanos, lo apodaban “El Carnicero” por sus terribles masacres y “falsos positivos”, en donde civiles fueron presentados por militares como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios. El otro agente estatal es y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, sentenciado a ocho años de cárcel por perseguir e intimidar a periodistas, ONG y defensores de derechos humanos entre 2003 y 2005. Y por último, el general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Uribe, quien fue condenado por un juez de Estados Unidos a 13 años de cárcel y a pagar 125 mil dólares de multa tras haberse declarado culpable de colaborar con organizaciones consideradas terroristas.
Digo curioso porque un individuo tan inteligente y perspicaz como Álvaro Uribe, que ha dado muestra de estar enterado de cualquier forma de corrupción en el actual Gobierno y que se jacta de estar rodeado de “buenos muchachos” y se rasga las vestiduras cuando se pone en tela de juicio su honorabilidad, parecía desconocer por aquel entonces, como presidente, la corrupción y la rampante criminalidad de su Gobierno.
Lo de Garzón fue una pelea de ciervo amarrado contra tigres sueltos. El humorista y activista político fue vilmente asesinado dentro de un contexto de persecución a la oposición en una alianza entre la fuerza pública y grupos paramilitares para refundar el país.
