En la vereda El Chagualo del municipio de Marinilla (Antioquia) fue construido un templo del credo católico. Todo sería perfectamente normal y legal sino fuera por el hecho de que el templo de orientación cristiana católica fue construido dentro de los límites del Centro Educativo Rural El Chagualo, usurpando un espacio público perteneciente a una institución educativa.
El 16 de septiembre del presente año un ciudadano que se percató de movimientos sospechosos y ante la posibilidad de que se construyera un centro religioso en un predio público destinado a la educación puso en conocimiento los hechos al alcalde municipal Edgar Augusto Villegas Ramírez y ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de Marinilla Liliana Patricia López Giraldo.
En el derecho de petición radicado el 17 de septiembre, el ciudadano en mención indagó sobre la respectiva licencia de construcción, el plan de financiamiento y origen de los recursos entre otros detalles inquietantes como por ejemplo: quién, cómo y cuándo se autorizó el cambio o la modificación de la destinación del uso del suelo.
Mediante oficio 220-10871 del 20 de noviembre del 2019, con copia a la Secretaría de Educación Municipal y a la Inspección de Policía, y dando respuesta al derecho de petición radicado el 17 de septiembre del mismo año por el ciudadano, la Secretaría de Planeación y Desarrollo territorial del municipio de Marinilla confirma lo que a simple vista ya era evidente. La intervención realizada en el Centro Educativo Rural El Chagualo en el municipio de Marinilla no tenía licencia, violó todas las regulaciones y trámites necesarios, lo cual debería conllevar no solo a la orden de demolición de la estructura sino también a una investigación de la autoridad competente para determinar el origen de los recursos usados para la construcción del templo.
Si se trató de recursos públicos, cabe preguntarnos: ¿dónde está el acto administrativo que autoriza el uso del erario para la construcción de un centro religioso católico en predios de una escuela pública? Y si se trató de recursos privados, cabe preguntarnos: ¿por qué se usó un terreno público clasificado por el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio como de “equipamiento educativo” para construir un templo destinado a rituales de la Iglesia Católica? La libertad de culto y la laicidad estatal garantizan que cada denominación religiosa tenga sus espacios privados para sus rituales, pero no significa que un templo o capilla pueda ser construido en cualquier sitio violando todas las regulaciones legales.
A pesar de que los hechos fueron puestos en conocimiento del alcalde municipal en su debido momento, nada se hizo para detener la obra que ahora cuenta con una placa de agradecimientos con su nombre. ¿Pero quién se atrevería a dudar de la honorabilidad de un alcalde que apoya la construcción de una casita de dios?
No es la primera vez que denunciamos la forma arbitraria y sistemática cómo la Iglesia Católica, muchas veces con complicidad de sus feligreses, se apodera de espacios públicos en Colombia. Una institución que supuestamente debería ser ejemplo de rectitud y moral debería pronunciarse oficialmente sobre el caso que estamos denunciando y no acolitar más la apropiación de espacios destinados a la recreación o la educación con propósitos proselitistas para un credo religioso que ya no es oficial en el país.
Los feligreses también deberían dejar esa complicidad pasiva o activa y exigir a su institución el respeto a las normas y al ordenamiento jurídico. Adelantándome a la lluvia de justificaciones que me llegarán, les aclaro que el hecho de que en el país existan muchos problemas sociales o políticos de diferente índole no significa que debamos callarnos ante las arbitrariedades cometidas por las instituciones religiosas o por sus miembros. No tiene sentido inundar las calles para protestar contra la corrupción pero justificarla cuando se comete en nombre de dios.
