Aníbal Gaviria se metió en la política empujado por una circunstancia terrible en su vida: el asesinato en 2003 de su hermano Guillermo, entonces gobernador de Antioquia. Tuvo que dejar de lado los negocios familiares, heredó las banderas liberales y ocupó el espacio que su papá y su hermano habían conquistado años atrás.
Con un favoritismo desbordado, fue elegido gobernador del departamento con 513.000 votos y se convirtió en uno de los mandatarios más reconocidos del país. Incluso, cuando dejó el cargo en 2007 fue elegido como el mejor gobernador por el Proyecto Colombia Líder.
Sin embargo, una última orden cuando apenas faltaban cuatro días para terminar su periodo hoy lo tienen enredado con la justicia. El 27 de diciembre la Secretaría de Infraestructura del departamento en cabeza Margarita María Ángel firmó un otrosí por $16.334 millones para la construcción de un puente sobre el río Nechí como parte del megaproyecto Troncal de la Paz, una vía de casi 300km que inicia en Caño Alegre, Boyacá, y termina en el departamento del Cesar, pero tiene un tramo en Antioquia entre La Cruzada y Caucasia, por la cual respondía la gobernación de Antioquia.
La pavimentación y mantenimiento de dicho tramo fue contratado por la gobernación en 2005 por $41.663 millones con el Consorcio Troncal de la Paz, del que era representante legal Luis Fernando Solarte y en el que también fueron socios Carlos Solarte –quien acreditó la experiencia en la ejecución de este contrato que entregó terminado en junio de 2010–, y su hija Paola Solarte, hoy ambos investigados, esta última incluso detenida, por el escándalo de Odebrecht.
En 2005, año en que se firmó el contrato que debía culminarse 26 meses después, la gobernación autorizó una primera adición de $12.339 millones y dos años después, cuando faltaban cuatro días para que Gaviria terminara su periodo como gobernador, se firmó una nueva adición por $16.334 millones.
Gaviria dejó el cargo y la ejecución del otrosí para la construcción del puente sobre el río Nechí para conectar el municipio del Bagre con la troncal quedó en manos del gobernador Luis Alfredo Ramos, pero la Contraloría de Antioquia en 2011 la Procuraduría departamental en 2012 y la Fiscalía le pusieron el ojo a la adición.
Fue solo hasta septiembre de 2019 cuando la Fiscalía, entonces encabezada por el encargado Fabio Espitia tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez, comenzó a investigar a Gaviria y a otras 17 personas involucradas en el contrato, entre ellos los Solarte y varios funcionarios de la gobernación del periodo Gaviria.
La investigación no pesó sobre el hoy nuevamente gobernador mientras adelantó su campaña electoral, y en abril de este año Gaviria atendió un primer llamado de la justicia. El Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria a la que atendió por videoconferencia en medio del confinamiento por el COVID-19. Pero tan solo hace dos meses la Fiscalía señaló que el otrosí por $16.000 millones se debió haber adelantado como un nuevo contrato y que el Gobernador como representante legal del departamento, el ordenador del gasto,debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.
La noticia de su detención le cayó de sorpresa a Aníbal Gaviria, quien llegó respaldado por una amplia coalición política, y tan solo a cinco meses de haber iniciado su gestión, y en un momento de reconocimiento nacional por el manejo efectivo y con buenos resultados que le ha dado a la pandemia del COVID 19 en el departamento, quedó por fuera del cargo temporalmente. Ahora el presidente Duque deberá nombrar su reemplazo en los próximos días y Gaviria tendrá que defenderse desde su lugar de residencia.
