Un escándalo de grandes proporciones sacude a Montenegro, Quindío, tras la firma de un polémico contrato de aseo entre la administración municipal y la cuestionada empresa de servicios públicos NEPSA. La firma del contrato, calificada por expertos como una presunta celebración indebida, ha despertado serias alertas jurídicas, administrativas y ciudadanas.
La administración del alcalde Gustavo Adolfo Pava habría adjudicado el contrato mediante una figura interadministrativa, pasando por alto los procesos legales establecidos, sin convocatorias públicas ni el conocimiento del actual operador, lo que podría representar un detrimento patrimonial para el municipio. Montenegro, además, tiene participación accionaria en la empresa actual, lo que agrava el impacto de esta decisión.
Este movimiento, que viola lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 y otras normativas del régimen de servicios públicos, podría acarrear sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los funcionarios involucrados. Las autoridades de control, incluyendo Procuraduría, Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos, ya están en la mira y podrían imponer multas que superan los 100.000 salarios mínimos legales vigentes.
Teniendo en cuenta, extralimitación de sus funciones, bloqueo la vía al relleno, celebración indebida de contrato, está afectando el patrimonio público, y facilitó la entrada de otro operador privado que actualmente presta sus servicios en Bogotá y que además enfrenta graves cuestionamientos sobre sus manejos.
Tres operadores, cero claridades
Una tercera empresa —Área Limpia Servicios Medioambientales S.A.S. E.S.P.— reveló públicamente que es el verdadero nuevo operador de servicio público de Montenegro. Esta movida, sumada a la intención fallida de crear una empresa pública propia (rechazada por el Tribunal Administrativo del Quindío), deja al municipio con tres operadores simultáneos y ninguna hoja de ruta clara.
Detrás de este cuestionado proceso empieza a revelarse lo que podría ser el componente más grave de este escándalo: un posible acto de corrupción disfrazado de legalidad. Aunque el contrato se firmó bajo la figura de un convenio interadministrativo entre entidades públicas —supuestamente para agilizar el proceso—, todo apunta a que los verdaderos beneficiados son Valoriza Medio Ambiente, casa matriz española, su fondo de inversiones JP Morgan y la empresa Área Limpia, concesionaria en el servicio de aseo en Bogotá.
Esta compañía, aprovechándose de esa figura, habría terminado beneficiándose de recursos públicos sin pasar por una licitación. Es decir, se habría usado un mecanismo estatal para saltarse las reglas de la contratación pública y favorecer intereses particulares. Una maniobra que podría configurar un grave caso de corrupción.
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