Ayer, el departamento de Putumayo se quedó sin gobernador por cuenta de una audiencia de imputación de cargos citada por la Fiscalía. A Buanerges Florencio Rosero Peña le cuestionan sobrecostos en más de 1.100 millones de pesos por la compra de diez ambulancias para atender la emergencia por COVID-19.
La Fiscalía delegada ante la Corte citó a audiencia de imputación de cargos con medida de aseguramiento contra el gobernador de Putumayo. Así aparece registrado en la página web de la rama judicial, en donde se anuncia, además, que será procesado por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado y falsedad ideológica.
El caso está relacionado con la compra de diez ambulancias para el departamento durante la emergencia por COVID-19, en la que presuntamente el mandatario regional incurrió en sobrecostos por más de 1.100 millones de pesos. La Procuraduría había anunciado una investigación en este sentido, pues considera que es “altamente inconveniente que ante la pandemia producida por la COVID-19, los recursos del Estado no están siendo invertidos y ejecutados de manera correcta”.
El contrato en cuestión es el No. 547, del 1 de abril de 2020, que tiene por objeto la adquisición de ambulancias medicalizadas, por un valor de 3.460.634.610 pesos. Ante las sospechas, el Ministerio Público pidió la suspensión de la ejecución del contrato al advertir inconveniencia y posibles irregularidades que podrían vulnerar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público.
En la investigación disciplinaria fueron vinculados el exsecretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González, hoy con funciones de secretaria encargada de Salud
La Fiscalía también avanza en la imputación de cargos contra cinco personas vinculadas a la gobernación y particulares relacionados al caso.
El proceso contra el gobernador quedó en manos del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Leonel Rogeles Moreno, quien definió la pretensión de la Fiscalía de dictarle medida de aseguramiento. Por lo cual el mandatario quedó suspendido por 3 meses mientras avanza el proceso judicial
El magistrado Moreno aceptó la petición de Rosero Peña de cumplir sus 90 días de arresto en la finca de su esposa en el municipio de Puerto Caicedo por temas de arraigo.
Hasta el momento, el gobierno nacional no ha emitido decreto sobre quién será el gobernador encargado mientras dure la suspensión del mandatario.
Esta es la tercera oportunidad en la que suspenden a un gobernador de este departamento, además de Buanerges Florencio Rosero Peña, Carlos Palacios y Felipe Guzmán están en la lista (eso sin olvidar con que el congresista Jimmy Díaz Burbano está preso en la actualidad en la Picota). Todos por problemas con la administración pública.
