Durante una reunión celebrada a mediados de febrero, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, les expresó a altos funcionarios del gobierno colombiano la incomodidad y preocupación de Washington por el hecho de que el Ejército colombiano hubiera contratado con Rusia de algunas naves de su flotilla de helicópteros.
Las razones de la inquietud eran obvias para el diplomático. No era que conveniente que, en medio de la sangrienta invasión a Ucrania, un país dotara de recursos a Moscú que podrían ser utilizados para financiar la invasión a Ucrania.
El primer sorprendido por la observación fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez. En medio de su desconcierto, Velásquez comentó que no estaba informado de la existencia de algún contrato para la reparación de las aeronaves y tampoco de que el Ejército hubiera enviado unidades a Rusia, como se dijo en algún momento.
Francisco Palmieri con Iván Velásquez
A la reunión asistían también altos funcionarios de la Contraloría General de la República que por estos días le ponen la lupa al gasto de las Fuerzas Armadas y han descubierto, por ejemplos, negocios en los que habría millonarios detrimentos patrimoniales. El principal de ellos ha sido la compra, por parte de la Policía, de un avión Embraer tipo ejecutivo que costó US$12 millones.
Según uno de los asistentes, en medio de su inocultable molestia el ministro anunció que averiguaría de inmediato quienes estaban detrás del negocio para la reparación de los helicópteros en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Washington se ha mostrado especialmente sensible frente al tema después de que el gobierno de Gustavo Petro anunció, en un primer momento, que cerraría la compra a un proveedor europeo la compra de aviones de combate ante el fin de la vida útil de los K-Fir. El anuncio, que luego fue retirado, parecía descartar naves recomendadas por la Fuerza Aérea y producidas por la multinacional de origen estadounidense Lockheed Martin.
En medio de los análisis y discusiones sobre la oportunidad de una compra que implicaría el desembolso de no menos de US$26 millones, el presidente desistió a comienzos de enero de cerrar la negociación. Explicó entonces que sería necesario elaborar un documento CONPES para habilitar la compra, pues el que estaba vigente en la época en que hubo un acercamiento con fabricantes franceses ya había caducado.
Aunque en ese momento el tema de Rusia no había tocado expresamente, el propio Petro se encargó de ponerlo en la agenda pública al decir que Colombia no enviaría ningún material militar al área de influencia de Moscú porque el país no apoyaba ni invasiones ni guerra.
Por esa razón la sorpresiva alerta de la embajada de Estados Unidos sobre el envío de los MI para que fueran reparados en hangares rusos tuvo un impacto especial. Contrariaba de hecho el discurso del primer mandatario.
En un primer momento, oficiales del Ejército quisieron minimizar el hecho. La explicaron al ministro que la mayoría de los UH estaban cumpliendo sus récords de vuelo y que necesitaban ser reparados, algo que consideraban rutinario. Estos helicópteros son utilizados para transporte de personal y también de material logístico y el hecho de tenerlos en tierra forzosamente resultaba muy costoso. Así, no podría ser visto con malos ojos que fuera el propio fabricante el que los revisara.
Sin embargo, el día de la reunión con el ministro y con funcionarios de la Contraloría el embajador americano tenía un segundo anuncio. La firma fabricante de los helicópteros, la estatal rusa Joinet Stock Company National Aviation Service (Nasc), había sido incluida en la Lista Clinton. La decisión hace parte de la estrategia de Estados Unidos de bloquear hasta donde le sea posible los movimientos financieros internacionales rusos mientras Moscú no desista de la invasión a Ucrania.
Ana María Garzón, exasesora del Ministerio de Defensa
Las consecuencias de que nadie en los círculos castrenses le hubiera informado al ministro Velásquez acaban de trascender. El ministro de Defensa verificó la existencia del contrato y decidió pedirle la renuncia a su asesora Ana María Garzón, que hasta ahora había sido una de las funcionarias de mayor confianza, y de otros servidores de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio, según lo publicó este lunes 6 de febrero el diario El Tiempo. Las renuncias fueron aceptadas el viernes 3 de marzo.
El contrato con Nasc incluye la reparación de aeronaves Mi-17-1V, Mi-17MD, Mi-17-V5 por valor de US$20,2 millones.
El contrato era una reanudación de otro suscrito con una empresa que hace tres décadas mantiene los helicópteros de la Aviación del Ejército.
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