Una auditoria ordenada por el contralor Edgardo Maya, destapó toda una maquinaría para desviar los recursos de la salud del departamento de Córdoba. A través del mecanismo de recobros, varias IPS le sacaron $44.812 mil millones a la gobernación de Córdoba, con cuentas de pacientes hemofílicos “inexistentes”, exámenes de laboratorios alterados y medicamentos que nunca se suministraron. Pero más allá del alarmante informe de la Contraloría y de las cifras generales, toda la estrategia tenía un cerebro: Sami Spath Storino, entonces asesor jurídico del gobernador Alejandro Lyons.
En Córdoba lo identifican como la persona detrás de las IPS Unidos por su Bienestar S.A.S. y San José de la Sabana S.A.S, responsables de mayor parte de los falsos recobros, representadas legalmente por una persona de su entera confianza, Eder Antonio Pérez Ardila. Las dos IPS más favorecidas por el millonario desfalco funcionaron hasta 2015 y actualmente no se sabe del paradero de sus representantes legales ni de otras entidades mencionadas en el informe de la contraloría como Funtierra IPS Ltda, Girasoles Centro Integral de Terapias y Crecer y Sonreir Unidad Integral de Rehabilitación S.A.S.
Cómo secretario Jurídico de la gobernación Sami Spath ya había tenido que enfrentar acusaciones de la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia que en agosto de 2013 lo señaló de tener montado un negocio a través de la autorización de las pólizas de cumplimiento en la gobernación.
