Se ha convocado ampliamente en medios alternativos de comunicación a la participación de los ciudadanos en la definición de los llamado presupuestos participativos. Desde hace varios gobiernos de Bogotá se ha hablado de participación ciudadana. La novedad en este caso es que se anuncia que se permitirá que los ciudadanos voten y establezcan las prioridades, decidiendo sobre el 50% del presupuesto de la localidad.
Los reclamos publicitarios son muy llamativos, por ejemplo, nos llegan mensajes como:
- “Decide en que se van invertir los recursos de tu localidad”.
- “¿Tiene buenas ideas para su barrio o localidad? Entonces esta será su oportunidad, la ciudadanía podrá decidir en qué invertir el 50 % de los recursos de sus localidades”.
- “Tú y tus vecinos podrán decidir desde casa los proyectos que necesita tu barrio en estos 4 años”.
- “Decide en que se invierten los recursos de tu localidad, el 60% del presupuesto local depende de ti”.
No hay duda de que los residentes de los barrios vamos a poder votar, ¿pero cuál es el camino que en realidad se debe recorrer para llegar a la soñada posibilidad de decidir? Aquí comienza una sinuosa historia. Primero, aunque para participar en los encuentros ciudadanos hay que inscribirse y certificar ser residente en la respectiva localidad, para votar por los presupuestos participativos no son necesarios estos requisitos. Puede votar la población no residente e inclusive se puede votar después de finalizados los encuentros ciudadanos.
El contorsionismo participativo comienza cuando hay que entender que escoger los proyectos es “libre”, siempre y cuando encaje en las líneas de inversión prescritas por el Comfis. Como decía Henry Ford, “usted puede escoger cualquier color para su carro modelo T, siempre y cuando sea negro”. Seguidamente, el acto de contorsión se hace un poco más complejo al precisarse que es obligatorio que el ciudadano dé un voto por la linea de infraestructura.
Además, otro paso a una mayor complejidad para tomar una decisión se agrega cuando se descubre que no se va votar por proyectos específicos o por soluciones concretas, ni para un barrio o sitio en particular, sino que esto lo harán posteriormente, la alcaldía local con un grupo de comisionados y con el previo concepto de las entidades distritales del área correspondiente.
Igualmente, el acto de contorsión pasa a una etapa avanzada cuando se va estrechando la autonomía de la decisión publicitada, puesto que la selección a posteriori debe estar restringida a proyectos que:
1. No generen gastos recurrentes.
2. Obras y servicios a priorizar deben ser de baja complejidad técnica, fácil formulación, rápida ejecución y costo acorde con la asignación presupuestal.
3. Que desde el punto de vista técnico, los bienes y servicios a priorizar sean susceptibles de ser sometidos a presupuestos participativos.
Brevemente, describo las reglas de la votación, son siete votos para los habitantes urbanos (uno obligatorio para infraestructura, como ya se dijo) y nueve para los habitantes rurales que pueden votar tres veces por un mismo concepto, sin dejar de poner un voto obligatorio para infraestructura. Los resultados se aplicarán proporcionalmente a los conceptos del gasto estableciendo un umbral mínimo de 200 millones para que un concepto del gasto amerite su inclusión en el presupuesto y, finalmente, a los remanentes menores del umbral se les hará una redistribución fuera de los encuentros ciudadanos.
Bueno, la intención de esta nota no es discutir si estas numerosas reglas que van reduciendo la libertad del ciudadano para decidir en qué se van a invertir los recursos al contrario de lo anunciado son justas o injustas o sin pertinentes o no. Es deber de la administración velar para que los recursos se dirijan a las actividades multiplicadoras del desarrollo. Si no se ponen reglas y limites seguramente este ejercicio, se convertiría en una acción atomizada e incoherente que de nada serviría a la comunidad.
Sabiendo todo esto, que hay que poner límites, se debe concluir que es perverso poner a los ciudadanos a escoger, por ejemplo, entre acueductos rurales y acceso a la justicia, lo cual me recuerda el clásico ejercicio de microeconomía de Samuelson de preferencias entre cañones y mantequilla, mezclando además votantes con interés y necesidades ampliamente diferentes. Por ejemplo, el Chicó Norte compite por los mismos recursos con la vereda El Verjón y con el descuidado Chapinero Centro, en un ejercicio donde a mas votantes de una zona, más lejos están los habitantes de otras zonas de cubrir sus necesidades en los próximos cuatro años.
No sería más fácil que a partir de diagnósticos participativos, visión de futuro consensuada y planes de acción concertados con la comunidad se fueran desarrollando por etapas las tareas más apremiantes en todas las zonas, en lugar de desarrollar estos espectaculares contorsionismos metodológicos para conducir a la gente al punto a donde la administración quiere que se llegue, pero con la apariencia de que fue la ciudadanía la que decidió con toda libertad y con una pérdida adicional para la ciudadanía, puesto que, ya no se pueden quejar, la decisión fue suya.
