No se detiene la guerra en el departamento sur occidental del Cauca. Guerra en la que se ven afectados los grupos más vulnerables de los 42 municipios, los 24 territorios indígenas (nasas, misak), los 5 consejos comunitarios y las 7 subregiones de dicho territorio, pero especialmente el Cañón del Micay, el norte y la zona del sur del Valle del Cauca, con el municipio de Jamundí como epicentro de las acciones bélicas de los grupos rebeldes de las Farc ep que están organizados en varias columnas como la Dagoberto Ramos, la Ismael Ruiz, la Jonier España, la Carlos Patiño, la Rafael Aguilera, la Franco Benavides, la Urias Rondon y la Adán Izquierdo con extensiones hacia los departamentos del Huila y Tolima. A los que le hacen frente más de 10 mil unidades militares y policiales de las Fuerzas Armadas oficialistas.
El martes 12 de junio, se presentaron dos acontecimientos violentos de mucha gravedad en esta guerra que se despliega en su tercer ciclo fratricida y que, en este caso concreto, es una consecuencia del fracaso (por la afectación del principio de la bilateralidad) de la implementación del Plan de Transformación territorial del cañón del Micay (municipios de Argelia, Lopez de Micay y El Tambo), pactado en Tibú en la Mesa de negociaciones desde el 18 de octubre del 2023 y de la suspensión del Cese bilateral del fuego a raíz del asesinato de una reconocida líder indígena del municipio de Toribio.
En las primeras horas de la mañana de este miércoles se registró un nuevo acto de guerra en el municipio de Jamundí. Pocos minutos después de que fuera hostigada la estación de Policía del corregimiento de Potrerito, fue disparada una motobomba en pleno centro del municipio. El ataque se presentó exactamente en el centro de la ciudad, sobre la carrera. 10 No. 11-81. La alcaldesa verde de Jamundí, Paola Castillo, dijo que en la mañana de hoy se han dado dos ataques simultáneos, un ataque en zona rural de Potrerito y un ataque en la zona urbana del municipio, donde hay cuatro civiles lesionados, uno de ellos de gravedad, de origen extranjero.
Una de las personas afectadas por la violencia murió.
De otro lado, una moto bomba detonó cerca del parque principal y diagonal a Bancolombia. Este acto ha resultado en varios heridos, incluyendo a un sargento y una patrullera que se encontraban en patrullaje por el sector en el momento de la explosión. Se registró una persona civil herida que era el hombre que cuidaba las motos del gimnasio ubicado en un segundo piso.
El ataque fue dirigido a una patrulla móvil que se encontraba estacionada en la zona.
Esta acción de la guerrilla del Comando Coordinador de Occidente que lidera el Mocho Andrés se le atribuye a la poderosa columna Jaime Martínez que encabeza Marlon, con 870 integrantes cuyo territorio de operaciones es el Cañón del Micay, Jamundí, Suarez, Buenos Aires, Morales y Piendamó.
El otro hecho se ha presentado en el municipio de Cajibío, zona central del Cauca, a 20 minutos de Popayán, la capital departamental. La guerrilla de la columna Jaime Martínez hizo presencia para hostigar el comando de la policía de contra guerrilla que controla, junto al ejército, todo el conjunto de la población, tanto en su parte urbana como rural.
Los guerrilleros de la Jaime Martínez realizaron un ataque en contra de la estación pasadas las 2:30 de la madrugada, situación que aparentemente fue controlada con la ayuda de helicópteros de la Fuerza Pública, con el fin de evitar un copamiento absoluto del municipio.
Con estas dos arremetidas se profundiza esta guerra que no logra abordar adecuadamente la estrategia de paz total del gobierno tal vez por la negligencia en la implementación de los acuerdos alcanzados el 18 de octubre en la Mesa de negociaciones instalada en el municipio de Tibú.
Sobre la guerra del Cauca y las posibles soluciones es necesario volver la mirada al contexto social y económico (conformado por más de 1 millón 200 mil seres humanos) de esta región, sumida en la pobreza, la miseria, las desigualdades e inequidades sociales, el daño ambiental, la corrupción de la casta política tradicional (con clanes y roscas criminales empoderadas), el paramilitarismo, la concentración de la propiedad rural, el monopolio de la riqueza, el subdesarrollo, los cultivos de caña, las discriminaciones étnicas, los cultivos de marihuana y coca, el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal, el feminicidio y la violencia permanente con masacres y exterminio de líderes sociales, indígenas, afros.
Agreguemos que a la fecha han sido asesinados en los 42 municipios del Cauca 285 líderes comunitarios. Señalemos, igualmente que en los últimos años han sido desplazadas 1980 personas y se han presentado 230 amenazas individuales y colectivas contra líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y sus familiares. El Cauca también es uno de los tres territorios más hostiles para los excombatientes de las Farc de Timochenko. A la fecha han sido asesinados 87 excombatientes.
Dado el impacto de los cultivos de coca y del negocio de las drogas señalemos inicialmente que en el Cauca hay un área sembrada de aproximadamente 40 mil hectáreas que involucra a mas de 9 mil familias; además de las 28 mil hectáreas de marihuana que ocupa en su cultivo a casi 8 mil hogares que subsisten de esta economía. Evidentemente los dineros generados por este renglón económico son un combustible efectivo de la violencia que se presenta en la actualidad sin omitir el papel de la minería ilegal.
En el 2023 se encontró por distintos estudios que el 68,1% de los habitantes del Cauca se encontraban en la pobreza extrema, 54,9 puntos porcentuales más que la cifra nacional. El 50.5% de la población subsistía con 350 mil pesos, y un núcleo familiar de 4 personas no percibía más de 900 mil pesos, cuando el salario mínimo era de 1 millón 120 mil pesos.
La cantidad de cultivos ilícitos y la magnitud de la violencia relacionada con el narcotráfico son directamente proporcionales a la concentración de la pobreza y a los altos índices de necesidades básicas insatisfechas. En 2023 el Cauca sembró el 50% de la marihuana producida en el país, y tuvo el cuarto municipio con más hectáreas de coca.
Los cultivos de uso ilícito son una consecuencia. No basta, entonces, con arrancar matas, si no se combaten también las plagas socioeconómicas que las provocan. Para muchos estudiosos del Cauca la violencia que azota a esta región desde los años cincuenta tiene estrecha relación con la concentración y distribución de la tierra.
En el Cauca la concentración de la tierra en una poderosa casta latifundista es de larga data. Es anterior a la misma conformación del departamento y la nación. Esa concentración, es herencia de los sistemas coloniales de poblamiento y ordenamiento territorial, tal como lo fueron las haciendas coloniales, una técnica o “dispositivo” de administración de un grupo de individuos, en este caso indígenas a través de las encomiendas.
Lo que hoy son los latifundios agroindustriales son una trasmutación económica y administrativa de esas haciendas coloniales. Latifundios que en el caso del Cauca están localizados en los valles y zonas llanas que separan una cordillera de otra, especialmente en los municipios del norte que limitan con el sur del Valle del Cauca. Precisamente las zonas más productivas, las que más dinero producen por su fertilidad, localización, infraestructura y el tipo de tecnología que utilizan, están dedicadas a la ganadería, el cultivo agroforestal de pino, y, mayoritariamente, a los cultivos de caña con la que se produce azúcar y también etanol, compuesto químico que puede transformarse en combustible.
La industria de la caña está localizada en Puerto Tejada, Miranda, Guachené, Padilla, Villa Rica, Santander de Quilichao, Corinto y Caloto. Según una medición de expertos, de las 219.466hectáreas que suman esos 8 municipios caucanos, casi la cuarta parte, es decir 44.578, estaban sembradas de caña en 2023.
Sin el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, probablemente el monocultivo de caña no hubiera echado raíces en el Cauca. Colombia fue encargada de suplir parte de las 310.000 toneladas de azúcar que la isla caribeña no pudo ofertar al comercio internacional por las sanciones estadounidenses en 1964. Los cañaduzales sureños del Valle del Cauca no bastaban para producir la cantidad demandada, la industria entonces se expandió al norte del Cauca.
En 1974 Colombia producía casi el triple de azúcar que en los años cincuenta. La rentabilidad consolidó la industria, concentró tierras y provocó cambios en el uso del suelo, aspectos que motivan los conflictos territoriales actuales.
La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) agrupa 11 grandes ingenios azucareros procesadores de caña, 4 están en el Cauca. Después del café, las flores, el banano y el aceite de palma, el sector azucarero fue el que más divisas generó en 2022.
Hace dos años se molieron 27 millones de toneladas de caña, fue la molienda más grande de la historia según Asocaña. Ese año, la asociación produjo 2,8 millones de toneladas de azúcar, 467 millones de litros de bioetanol, 196.000 toneladas de miel, y 6,5 millones de toneladas de bagazo de caña fueron destinados a la producción de papel y energía eléctrica, térmica y mecánica.
En el Cauca, hay muchas familias que poseen predios menores a una hectárea, mientras que los cañaduzales utilizados por la industria tienen una extensión promedio de 63 hectáreas. El sector azucarero colombiano usa más de 280.000 hectáreas del valle geográfico del río Cauca, el cual abarca 47 municipios de Cauca, Valle y Risaralda.
El 25% de las hectáreas son propiedad de Asocaña y el resto pertenecen a proveedores suyos. Asocaña, además, se ufana de generar aproximadamente 310.000 empleos directos e indirectos, y pagarles a sus trabajadores una retribución muy superior a los del promedio del agro nacional.
La industria de la caña es una economía boyante que logra mantenerse a flote a pesar de los vaivenes del mercado internacional. Sin embargo, para el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) su lógica productiva incentiva la acumulación de las ganancias en pocas manos y no contribuye a reducir la pobreza multidimensional del departamento.
Estas zonas cañeras están sacando el agua subterránea y toman parte del cauce del río Cauca. Eso pone en riesgo no solo la supervivencia de los indígenas, sino de muchas comunidades que a lo largo del río Cauca sobreviven de la pesca, o lo utilizan para transporte. Con la quema de los cultivos de caña, el efecto ecológico también es muy grande.
Una de las principales banderas del CRIC, y especialmente del pueblo Nasa de Corinto, Tacueyo y Caloto, son la toma y recuperación de grandes extensiones de tierras que pertenecen o están arrendadas por Asocaña o Procaña, el otro gremio cañero del país. “Liberación de la Madre Tierra”, así han bautizado los Nasa las retomas con las que reivindican la propiedad ancestral colectiva de la tierra, y aprovechan para sembrar cultivos de pancoger. La liberación es un acto simbólico desde donde se lo mire, pues cuestiona categorías jurídicas, políticas, económicas, ecológicas y alimentarias que componen el ADN del neoliberalismo uribista.
Los ingenios le están generando un daño devastador a la madre tierra, ese efecto invernadero que producen está causando temperaturas que antes no se presentaban. La justificación de la Liberación de la Madre Tierra tiene que ver con el sentido cosmogónico. La parte espiritual también ha sido afectada porque coloca en riesgo la cultura del pueblo Nasa, afirman los líderes indígenas.
Cada metro liberado es una oportunidad de expandir los resguardos indígenas, pero también un argumento que utiliza la institucionalidad para demostrar su fuerza y capacidad de dispersión. Año tras año, la policía y sus grupos de choque contra la protesta social y tropas contra guerrilleras del Ejército chocan con los comuneros en los puntos de liberación, muchas veces el desenlace es fatal. Ya se ha perdido la cuenta la cuenta de las veces que los puntos de liberación han sido atacados y amenazados por las fuerzas regulares. El año pasado, el CRIC contabilizó 10 masacres, 169 amenazas y el asesinato de 78 guardias, autoridades espirituales, y comuneros indígenas en el departamento. En lo corrido del 2023, van más de 20 indígenas asesinados, un gran porcentaje de ellos en el norte del departamento.
El Cauca es víctima de una disputa de intereses y preconcepciones. Esos 29.808 kilómetros cuadrados son de una gran riqueza y funcionalidad ambiental. Además de ser retaguardia de los grupos armados, de las montañas del macizo caucano nacen dos de los ríos más importantes del país: el Magdalena y el Cauca. El 8,1% del departamento son ecosistemas de paramo. También hay 7 parques nacionales naturales, entre otros corredores biológicos.
Hay dos visiones sobre el territorio. Una entiende el territorio como la posibilidad de generar utilidades mediante la intervención industrial y la extracción de sus bienes naturales. Del otro lado, se lo concibe como el pilar fundamental del buen vivir y la pervivencia cultural y cosmogónica.
Los desencuentros entre el Estado y las comunidades caucanas también son producto de las prioridades de unos y otros. En los últimos 20 años, los actores sociales han rechazado con vehemencia el apoyo de los diferentes gobiernos a la explotación a gran escala de los recursos naturales.
Si se mira el mapa geológico y todas las estadísticas de la Agencia Nacional Minera, el Cauca es un departamento que, de norte a sur, y de oriente a occidente, está solicitado para minería, construcción de grandes hidroeléctricas, y zonas francas. El departamento cuenta con más de 3 millones de hectáreas, y alrededor de un millón y medio de hectáreas están solicitadas para extracción de oro, carbón y otros minerales.
Las estrategias mineras de los gobiernos neoliberales han sido un despropósito ambiental y social.
La situación del norte del cauca es un caso ilustrativo para comprender el impacto de la extracción fraudulenta que, a sangre y fuego, suplanta las lógicas ancestrales de actividades como la minería. Hace unos años la Universidad del Valle encontró concentraciones de mercurio y cianuro en el río Cauca. Otros afluentes como el río San Agustín, el río Ovejas, y el río Quinamayo también están contaminados. Quedaron muchos pozos contaminados. Ahora en los tiempos de lluvia se han crecido y todos los días caen a los afluentes hídricos, señalan los líderes de la Guardia Cimarrona que sólo en el Cauca tiene más de 1.500 integrantes, y además miembro de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), organización compuesta por 44 consejos comunitarios de 14 municipios.
Los dolores de cabeza vienen de 12 años atrás: Hubo un momento en que llegaron a haber más de 400 retroexcavadoras haciendo minería a cielo abierto, pasando por todos los controles de la fuerza pública, y nunca hicieron lo pertinente. Llegó mucha gente de otros territorios, de Antioquia, de Tumaco, del Chocó, llegaron con otras culturas, con otras costumbres. Cuando llegaron, empezaron a sacar al minero ancestral. Ahora son los dueños del 70, 80% de las bocas de minas. El solo hecho de dañar el paisaje, dañar la cultura, las tradiciones, ha generado situaciones complejas en nuestros territorios”.
La violencia parece ser el precio que pagan los negros, los indígenas y los campesinos del Cauca por vivir sobre tesoros naturales. La hipótesis de varios entrevistados es que el interés de construir el proyecto hidroeléctrico Arrieros del Micay alimenta la sangría que vive López de Micay, de donde fue desplazada toda la guardia cimarrona que coordina Armando. La gran hidroeléctrica está proyectada a 13 kilómetros de la cabecera municipal y sería capaz de producir 3.340 gigavatios de energía. En 1997 el Ministerio de Ambiente le negó la licencia ambiental por el impacto ecológico de la obra, pero los gobiernos uribistas y santistas le han dado alas al proyecto por su supuesto carácter estratégico para las reservas energéticas colombianas.
Además de insistir en la importancia existencial de preservar el cauce natural de la naturaleza, las diversas organizaciones sociales se sienten capaces de administrar políticamente el territorio. Sin tener la propiedad de la tierra, sin poder decidir sobre ella, esa gestión propia resulta imposible, sobre todo en un departamento donde más del 60% de la población vive en la ruralidad.
Si algo destaca del Cauca es su multiculturalidad, y las distintas formas de organizar el territorio. Los indígenas conforman resguardos, los afro consejos comunitarios y capitanías, y los campesinos zonas de reserva campesina o territorios campesinos agroalimentarios. Gracias a las montoneras, las asambleas, los congresos, las mingas y las marchas, los grupos étnicos han logrado el reconocimiento jurídico de esas figuras administrativas, y la titulación colectiva de tierras para poner sus postulados en marcha.
En el 2022 se documentaron tres zonas de reserva campesina que sumaban alrededor de 19.992 hectáreas, y serias intenciones de crear 15 más.
También siete titulaciones colectivas afrocolombianas que sumaban 128.249 hectáreas, y 38 solicitudes de nuevas titulaciones.
Y 66 resguardos indígenas que sumaban 109.594 hectáreas, solicitudes para constituir 29 más, y 111 predios del Fondo Nacional Agrario (FNA) en posesión de comunidades indígenas que sumaban 18.147 hectáreas.
En ocasiones el dueño de la tierra no tiene la potestad absoluta para determinar el uso que le quiere dar a ella. En el marco jurídico colombiano existen figuras de protección ambiental como las Zonas de Reserva Forestal, los Parques Nacionales y Regionales Naturales, las Áreas Protegidas, y las zonas Paramo; figuras que limitan y regulan la intervención agrícola o industrial sobre la tierra.
Son más de un millón las hectáreas del Cauca que están blindadas bajo alguna de estas figuras, de las cuales, una porción significativa se traslapa con las titulaciones colectivas de los indígenas, afros y campesinos. La norma y el loable discurso de la conservación ambiental generan tensiones y son argumentos que el Estado puede utilizar para justificar la no implementación de proyectos económicos y sociales.
Así como en el departamento faltan hospitales, colegios, y servicios públicos esenciales, también hace falta presencia de instituciones civiles diferentes a la fuerza pública: fiscalía, procuraduría, Bienestar Familiar, sedes descentralizadas de los ministerios, por mencionar algunas. El Cauca ha sido dejado a su suerte, y a cargo de militares y policías. Como el Estado no es capaz o no le interesa hacerse cargo de lo que le corresponde, las comunidades recurren al autogobierno, a la autogestión de la justicia, la economía, la convivencia, y la velocidad de la vida.
Ese el cuadro general de la crisis social del departamento a lo que se debe agregar la corrupción de la casta política y la negación de los derechos políticos fundamentales de las comunidades, elementos todos que están en la base estructural de la actula violencia que algunos se niegan a considerar.
