Con horror los colombianos hemos escuchado que a los senadores en prisión Musa Besaile y Bernardo Elías aún les siguen pagando sus salarios de manera puntual. Con igual escándalo nos enteramos que sus onerosas unidades de trabajo legislativo también siguen devengando.
Sin embargo, lo que nos cuentan no resulta extraño, en la gran mayoría de unidades de trabajo legislativo en todo el Congreso hay funcionarios que llevan devengando salario hace años sin asistir a trabajar, sin pisar el Congreso, ni siquiera ir a Bogotá.
Hace falta pasear por el Capitolio Nacional un lunes o un jueves y ni qué hablar de los viernes para ver pisos enteros con las puertas de las oficinas cerradas y sin funcionarios en ellas. Algunos van a trabajar los martes y miércoles y se regresan a sus ciudades a descansar los otros cinco días. Eso sin contar que entre diciembre y marzo, y entre junio y julio como no hay sesiones no van a sus oficinas, unas largas vacaciones de cuatro meses al año. Algunos hasta salen del país sin pedir licencias y dejan a sus congresistas y compañeros rezando a cada santo para que nadie revise su Facebook y vaya a denunciarlos. Hace unos meses un senador perdió su cargo por la falta de control efectivo sobre esos ausentes crónicos.
En ocasiones, los funcionarios que día tras día asisten al Congreso solo ven a sus compañeros de oficina cada cuatro años, las semanas finales de julio cuando van a posesionarse. Los ausentes crónicos, las llamadas corbatas, son una nómina parelela con la cual se pagan favores clientelares, algunos electorales, otros de bajas de pasiones, pero también se cruzan nombramientos de familiares como favores entre colegas. Basta ver las nominas públicas de UTL que se publican mensualmente y revisar apellidos.
Al visitar una oficina no es extraño que se encuentren funcionarios que trabajan juiciosamente en una oficina y acompañan a sus congresistas a todas partes, pero resulta que están vinculados en la UTL de otro congresista.
No obstante, la falta de pudor es aún mayor cuando se descubre que en ocasiones las secretarias de los congresistas no están vinculadas a las Unidades de Trabajo Legislativo, sino que se les paga a destajo, sin prestaciones sociales y sin el reconocimiento a las funciones que legalmente deberían estar haciendo los funcionarios que se reportan en las generosas nominas de cada congresista (cincuenta salarios mínimos por hasta nueve personas).
No resulta extraño tampoco que los trabajadores reales de las Unidades de Trabajo Legislativo, aquellos que realmente trabajan, reciban asignaciones laborales bajas, se les registre como asistentes legislativos a pesar de ser profesionales y se les exija realizar el trabajo de los profesionales que nunca aparecen en sus oficinas.
Aún más grave es que estamos hablando de unas nóminas que anualmente cuestan más de ciento veinticinco mil millones de pesos, que son recursos públicos manoseados por un poder público viciado; que mercadean los puestos pensados para dotar al Congreso de un cuerpo técnico legislativo; que deberían estar pensando las normas que requiere el país y estar investigando el accionar de otros poderes públicos para hacer un control político eficaz. En fin, el país no solo pierde recursos con el descontrol y los ausentes crónicos, también pierde la oportunidad de tener un cuerpo legislativo profesional y eficiente, una suerte de planeación nacional legislativa, esa en últimas es la mayor tragedia que dejan al país los ausentes crónicos.
