En su defensa de la reforma rural y realzando su renovado compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz -resultado de la presión de varios sectores sociales y políticos-, en una reciente declaración en Zarzal (Valle del Cauca) Petro soltó una frase bastante problemática. Airado por la inminente ruptura en su coalición, afirmó:
“El Congreso de la República, hoy, en sus Comisiones Económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano. (…) Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra”.
Más allá del cuestionamiento al trámite legislativo en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo -principal motivo del malestar del presidente-, el apartado final de esa declaración debe ser analizado con mucho cuidado. Acaso, ¿el Congreso quiere guerra?
Inicialmente, se debe precisar que cualquier esfuerzo de paz que se haga en el país y que no cuente con el respaldo del Congreso está condenado al fracaso; es más, el Congreso es un aliado estratégico para ambientar cualquier negociación e implementar los acuerdos de paz. Aunque la decisión de iniciar una negociación política o un proceso de sometimiento colectivo a la justicia siempre será discrecional del presidente, si este no cuenta con los suficientes instrumentos normativos, se verá muy “atado de manos”.
Por ejemplo, en la discusión y aprobación de la Ley de Paz Total, como iniciativa del gobierno, el Congreso respaldó instrumentos que facilitan avanzar en escenarios de negociación y sometimiento, tales como: regiones paz, comisionados regionales, acuerdos parciales y la unificación de fondos para la paz en una única cuenta a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Algunos de estos instrumentos son esenciales en la negociación que ya se viene adelantando con la guerrilla del ELN y no se contaría con ellos de no ser por el respaldo del Congreso.
Igual suerte contará el proyecto de ley de sometimiento y sujeción colectiva a la justicia, pendiente de su discusión y aprobación.
Ahora bien, el comentario del presidente responde a un determinado contexto y se debe ubicar en sus justas proporciones, ya que, en principio, solo aborda la responsabilidad del Congreso en la resolución de una causa estructural y persistente en el conflicto armado, directamente asociada a la tenencia, distribución y despojo de la propiedad rural.
Desde esa perspectiva, el rol del Congreso ha sido bastante exiguo, pues con la notable excepción de la Ley de víctimas y restitución de tierras expedida en 2011, en la última década no ha demostrado mayor compromiso para abordar la cuestión rural. Tan solo hay que recordar que en el último año del gobierno Santos la reforma rural integral se estrelló contra la desidia de los partidos tradicionales y en el Congreso solo se aprobó una Ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria.
No obstante, de la mano del actual gobierno, sí se viene avanzando en dos importantes reformas constitucionales que tienen como centro la cuestión rural: la primera crea una jurisdicción agraria (un compromiso derivado del Acuerdo de Paz); mientras que la segunda reconoce al campesinado como sujeto político de derechos y de especial protección constitucional. Hay que anotar que ambas reformas se hundieron durante el gobierno Duque, pero fue en el actual Congreso y en medio de un renovado consenso político, donde encontraron un segundo aire.
Sin duda, es una clara muestra de que el Congreso no quiere guerra.
Volviendo a Petro, su afirmación resulta tan imprecisa como desafortunada. Mucho más porque el Congreso debe ser un aliado estratégico en el aterrizaje de la Paz Total, no solo para dotar de estabilidad jurídica los procesos de negociación política y sometimiento colectivo a la justicia, sino para avanzar en la implementación de los acuerdo parciales o totales. No tiene sentido ponerlo en disposición de “guerra”. Siempre la salida más sensata será establecer o reestablecer consensos.
Ni el presidente o el Congreso deben olvidar que la paz es una política de Estado y es un bien supremo. Que su interpretación no sea motivo para atizar una nueva “guerra” en un país desangrado por el conflicto.
