Con motivo de la realización del 8º Congreso Nacional de la UP los días 7, 8 y 9 de Noviembre en la ciudad de Bogotá, queremos presentar algunas reflexiones sobre la coyuntura política y proponer algunas salidas a la crisis nacional, tratando de ubicar la etapa del movimiento democrático y revolucionario que estamos viviendo en estos momentos, buscando dar respuesta a la pregunta: ¿dónde estamos y para dónde vamos?
Nuevo momento de la Unidad
La conquista del Gobierno por primera vez del movimiento popular en 2022, es consecuencia, en gran medida, de los avances de las luchas populares que tuvieron su expresión más acabada en los paros estudiantiles por la reforma a la ley 30 en 2011, la negociación política del Acuerdo de la Habana en 2016, el estallido social de 2021 y el triunfo electoral en el 2022.
Esta es en términos generales la curva de ascenso del movimiento popular en la década de 2010 a 2022, coronada con el ascenso al gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha desencadenado toda una serie de contradicciones económicas, sociales y políticas entre las fuerzas del cambio y las fuerzas de la reacción política, determinando un cambio de cantidad y calidad en el ascenso del movimiento popular, con sus idas y venidas, flujos y reflujos, ofensivas y defensivas, desde luego, pero en todo caso mostrando un ascenso en general que está indicando la nueva etapa en que ha entrado el movimiento popular.
Una etapa que, a nuestro modo de ver, ya no tiene vuelta atrás por más reaccionaria que se ponga la situación política con un gobierno y un régimen de dominación de clase que trate de imponer la élite dominante en las elecciones de 2026, a través del autoritarismo, la violencia y la corrupción.
La nueva situación política creada con el Gobierno Popular
A raíz de la victoria en las elecciones presidenciales de 2022, un sector del movimiento popular, democrático y progresista que votó por el presidente Petro, se creó falsas expectativas creyendo que las reformas propuestas estaban al alcance de la mano con el mero hecho de tener la presidencia de la República, sin contar con la relación de fuerzas en el Congreso, donde se logró ser el primer partido en cantidad de votos con 20 senadores del Pacto Histórico, pero que sin embargo no alcanzó para superar a las mayorías de los partidos tradicionales del establecimiento con alrededor de 80 senadores, lo que determinó la imposibilidad de aprobar las reformas más importantes del paquete legislativo del Gobierno, como por ejemplo la reforma de la salud, y demás reformas que se hundieron en el congreso, o que se han vuelto a presentar como la reforma laboral, la del sistema de salud que siguen en discusión en el legislativo.
Como balance positivo tenemos la Reforma tributaria, aún con los recortes que le hizo la Corte Constitucional a los impuestos a las regalías a favor de las multinacionales de los hidrocarburos, y otros recortes que rebajaron los impuestos y las rentas fiscales para el Gobierno Nacional
Además se ha logrado mantener el crecimiento en medio de las complejas condiciones internacionales que elevaron la tasa de inflación especialmente de los alimentos que se han venido reduciendo, lo mismo con el desempleo que se ha mantenido en su sitio, con la creación de algunos puestos de trabajo.
En cuanto a la economía popular se ha incrementado la ayuda a la economía solidaria y a la Micro, pequeña y Mediana empresa, a la vez que se reformula la política de reindustrialización abandonada por el neoliberalismo de los años 80, que puede ser más productiva si se renegocian los tratados de libre comercio que están golpeando al sector lechero y a la manufactura.
En el campo social hay que resaltar la entrega y titulación de tierras al campesinado para el rescate de la soberanía alimentaria con bienes rescatados a los paramilitares y de baldíos de la nación en manos de grandes grupos y gremios económicos, además con el apoyo a programas del sector agropecuario que han permitido el incremento del sector (9,8%) como nunca antes se había presentado en el país.
En este mismo sentido tenemos que mencionar el crecimiento del turismo (22%) convirtiéndose en el sector que más atrae divisas al país.
Además hay que mencionar los ajustes a programas sociales anteriores con el incremento de subsidios para las poblaciones vulnerables como la Renta Ciudadana y el Programa “Jóvenes en Paz”.
En el campo de la educación tenemos la Matrícula Cero en las Universidades Públicas para estudiantes de los estratos 1,2 y 3, así como la promoción y becas para el estudio en el campo de la inteligencia artificial, la ingeniería de datos, la ciberseguridad, programación del MinTic, con la política del Sena de educación técnica y tecnológica en las regiones apartadas y golpeadas por la violencia.
En la política exterior hay que resaltar las relaciones con Venezuela y el rescate del mercado y el comercio bilateral entre las dos naciones así como la integración regional de los dos países; el apoyo a la causa Palestina, las nuevas relaciones con la República Popular China y los países de África, y la solidaridad con Cuba frente al Bloqueo económico y comercial de los Estados Unidos.
A estos avances del Gobierno se oponen los obstáculos propios de un sistema institucional creado por la clase dominante para salvaguardar sus privilegios y bloquear todo intento de reforma a favor de las clases populares, como en efecto se ha visto durante los años del Gobierno Petro.
Los cambios que se han venido sucediendo en el campo con la entrega de tierra fértil a los campesinos, deben ser enfocados también hacia las capas medias de la ciudad, sobre todo con los créditos blandos para la pequeña y mediana industria abandonada en gran medida por la banca nacional, capas medias urbanas compuesta por trabajadores calificados que apoyaron la elección de este gobierno, pero que han dado la vuelta muchos de ellos ante las expectativas creadas de una fácil y rápida transformación, sectores que son aprovechados por la reacción contra el gobierno, obnubilados por la propaganda anti-Petro de los medios de comunicación.
Situación actual
En estas condiciones, en un país mayoritariamente urbano con un 75% de la población en las ciudades, el primer gobierno de izquierda en Colombia apoyado por un 50% de la opinión que se presentó a las urnas en el 2022, con los partidos Centro Democrático y Cambio Radical en la oposición y con el Partido Liberal, el Partido Conservador, la U, y sectores del partido Verde que se declararon en la Independencia, vacilantes, inseguros, y con posiciones a favor del gran capital, de los gremios, las cortes, los organismo de control y los medios de comunicación del establecimiento, a favor del poder económico y político de la clase dominante.
En estas circunstancias, con un Pacto Histórico dividido internamente entre los que quieren un partido unitario con una sola personería jurídica para una coalición electoral programática, con una sola lista cerrada al Congreso de la República, y los que quieren conservar sus personerías políticas partidarias con listas abiertas con voto preferente.
Con una correlación de fuerzas en el Congreso con mayorías a favor de los partidos del establecimiento que actúan en contra de las reformas democráticas
A los sectores progresistas y conscientes no los sorprende esta situación, porque tenían previsto el desarrollo y las tendencias que se presentarían en la implementación de las reformas propuestas en campaña, habida cuenta de la realidad económica, política, administrativa, institucional y cultural en manos de la clase dominante.
Se había previsto que el “El Acuerdo Nacional” con los sectores del partido Liberal, Conservador, de la U, y del Partido de Verde, no duraría más allá de la luna de miel en el comienzo del gobierno y que no tendría sostenibilidad y durabilidad, como en efecto pasó al momento de aprobar el contenido de las reformas estructurales que se presentaron en el Congreso.
Un gobierno atenazado por la Procuraduría, la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, los medios de comunicación, los gremios económicos y por los grandes bancos del capital financiero.
Un gobierno popular de izquierda, el primero en la historia de Colombia, al lado del poder económico de los grandes capitalistas y terratenientes que no han dejado gobernar al Presidente para poder implementar los proyectos de reformas democráticas que necesita el país.
Con un movimiento obrero y sindical atomizado y disperso, dividido en cuatro centrales obreras donde solo el 4% de los trabajadores está sindicalizado, con sindicatos paralelos en varias empresas, con la tercerización laboral dominando el mercado del empleo, con un 55% de la fuerza laboral en la informalidad, sin aportes a la salud y sin organización sindical.
Con un movimiento estudiantil en reflujo, que fuera la vanguardia de las manifestaciones universitarias contra la ley 30 del 92 en el en 2011, con el estadillo social de 2021, y uno de los principales detonantes de la victoria presidencial de Gustavo Petro, ahora impotente ante la crisis de la U de Antioquia, de la UN, y del sistema de financiación de la universidad pública en general.
Sin medios de comunicación que contrarresten la propaganda de la radio, la prensa y la televisión del establecimiento contra las reformas democráticas del presidente y del PH.
Con la mayoría de los intelectuales orgánicos del sistema neoliberal cooptados por la ola arrasadora del tecno fascismo y del tecno terrorismo de la ultraderecha guerrerista de la OTAN, del Imperialismo y de los sionistas asesinos de niños y de la tercera edad del Estado de Israel contra los Palestinos, Libaneses, Yemenitas, Iraníes en la guerra del Oriente medio, y de la Unión Europea en la guerra de Ucrania.
Con un aparato institucional dominado en gran parte por el Centro Democrático y por Cambio Radical con el uribismo y el vargasllerismo dominando en la ultraderecha tradicional.
Con un movimiento guerrillero como el ELN negociando en medio de la división de sus frentes armados que no obstante las dificultades avanza entre saltos y retrocesos con una nueva reunión en Caracas para concretar la posible continuidad de los diálogos y los acuerdos logrados hasta el momento, para abrirle camino a la política de la Paz total del gobierno nacional.
Con las disidencias del EMC de alias Mordisco que sabotean los acuerdos del cese bilateral del fuego entre gobierno y EMC en el departamento del Cauca, ahora tomado por el Ejército para ejercer la soberanía nacional con los planes de desarrollo, la participación institucional y la organización comunitaria para la autogestión regional y local.
Con un Clan del Golfo cubriendo cerca de 50% de los municipios de Antioquia, con mayor poder en Cauca, Arauca, Santander, Chocó y Putumayo, controlando los paros de los mineros en el Bajo Cauca antioqueño, Boyacá, Santander, y Córdoba, y sin mayores avances en la negociación sobre las condiciones para la entrega a la justicia ordinaria de conformidad con la Ley para la implementación de la Paz Total.
Con la toma de tierras por parte de campesinos y de mineros informales e ilegales que contaminan el agua de los ríos y quebradas y degradan la naturaleza y el medio ambiente, exportando el oro por toneladas por las organizaciones internacionales del multi crimen.
Qué tiene pues de sorprendente que las mayorías de los sectores populares, no obstante los avances del gobierno en algunas medidas sociales, continúen aún sumidas en la miseria, en la exclusión y la desesperanza, desplazadas y excluidas del desarrollo y de la economía y aisladas de la política por culpa de la prolongación de un régimen político de dominación de clase que se empecina contra los cambios de las costumbres políticas del estatus quo, contra los trabajadores, el agua, la flora, la fauna, el aire y contra el mismo cielo azul?
Qué tiene pues de extraordinario que aún con este cuadro de violencia contra las poblaciones campesinas, de explotación de los trabajadores, de depredación y saqueo de los recursos naturales por las multinacionales, de corrupción institucionalizada dentro del Estado de los grupos mafiosos y de degradación de los valores éticos y morales de una calaña política dirigente que ha perdido toda valoración de la dignidad humana…
De una elite dominante que han apoyado el establecimiento, pero que ahora tiene que reconocer públicamente la bancarrota del proyecto político de la oligarquía dominante y de sus instituciones, tal como lo manifestó El Espectador en su editorial del 13 de octubre: “¿Y si mejor le apostamos a sacar adelante el Acuerdo Nacional?” Hasta un servidor tan obsecuente de los intereses del gran capital como son los representantes del grupo Santo Domingo en el llamado Acuerdo Nacional, ha tenido que reconocer que el Consejo Nacional Electoral es un nido de politicastros al servicio de la politiquería bipartidista: “La decisión del Consejo Nacional contra el presidente de la República es una instrumentalización dañina de la institucionalidad.”
Decisión aupada por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado que le dieron atribuciones y competencias al CNE para investigar al presidente en clara violación constitucional del fueron presidencial.
Puede haber un testimonio más elocuente desde el campo de nuestros contradictores de clase que confirman que no sólo la coalición de gobierno está en bancarrota sino que también el Acuerdo Nacional hasta ahora ha fracasado, a mes y medio de terminar las sesiones ordinarias del Congreso el 16 de diciembre de éste año?
Si bien es cierto que las marchas del 19 de septiembre y del 23 de octubre contaron con una muy buena participación de la ciudadanía y de los sectores populares defensores del gobierno, contra el golpe de estado y por la defensa de las reformas, también hay que constatar que no obstante la cumbre sobre la biodiversidad Cop16 en Cali fue un éxito total, sin embargo a este evento no asistieron los presidentes de Brasil y de México, en una clara manifestación de matices frente a Venezuela, Brasil negando la inclusión a la reunión de los BRICS+ y México reclamando el respeto por la soberanía e independencia del país suramericano.
Que se espera de los proyectos de ley presentados al Congreso sobre la reforma política-electoral, la ley de jurisdicción especial agraria, de la reforma laboral, de la ley de financiamiento, del proyecto de descentralización regional territorial mediante la reforma del Sistema General de Regalías, del Nuevo Código Minero, de la ley de servicios públicos, de la reforma pensional, de la reforma de la salud, de la reforma de la educación, de la reforma de la justicia, para no hablar sino de este paquete que constituye el paso inicial para una apertura democrática, al cual le harían falta por lo menos otros dos gobiernos con suficiente mayoría en el Congreso para poder avanzar en la construcción y profundización de un Estado, un mercado, y una sociedad moderna, democrática y anticapitalista.
Un gobierno progresista de izquierda acosado y bloqueado por la reacción de los gremios económicos, por los partidos tradicionales del establecimiento, por las cortes y los organismos de control, y por los medios de comunicación, sin una organización de masas nacional que lo apoye como sujeto político y social; es que se puede en estas circunstancias y frene a estos hechos objetivos, independientes de la voluntad de los revolucionarios y de los demócratas progresistas honestos, ser tan olímpicos y tan cínicos de estar con el gobierno y al mismo tiempo rindiéndole pleitesía a los que manejan la institucionalidad burguesa?
La perspectiva de la unidad
Se cae de su peso que el gobierno nacional, pasada la luna de miel y con el sol a sus espaldas, en sus dos años de ejercicio gubernamental no ha podido ni lo han dejado sacar adelante sus principales reformas democráticas, ni implementar y ejecutar los presupuestos ministeriales para el desarrollo de los planes, programas y políticas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto Nacional, por el bloqueo permanente de la oposición reaccionaria a los cambios progresistas institucionales, económicos y sociales que ha pretendido el gobierno como en efecto ha venido sucediendo con las actuaciones de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y el Consejo Nacional Electoral en su arremetida contra el presidente de la República.
En estas circunstancias tenemos que cambiar de estrategia y en consecuencia elaborar una táctica que esté acorde con la realidad de la situación política.
Ante un hecho como la investigación contra el fuero constitucional del presidente de la República por parte del CNE, los demás síntomas de la crisis política, como por ejemplo la denuncia comprobada de la compra del Sotfware de investigación de inteligencia secreta “Pegasus”, durante
la administración de Iván Duque; o como la actitud contra-reformista de los gremios económicos como la ANDI, FENALCO, ASPFONDOS, ASOBANCARIA, y centros de pensamiento como la ANIF, CORFICOLOMBIANA, FEDESARROLLO, contra la reforma pensional, del sistema de salud, y del Sistema General de Regalías para la financiación de la descentralización de las territorios y las regiones con de fin de ir acabando con la profunda brecha existente entre los gobiernos regionales y el gobierno central.
Todos estos síntomas de la crisis política incluso si condujesen a la maduración de la crisis nacional como por ejemplo la crisis del agua en Bogotá, o a la crisis de financiación del Túnel del Toyo en Antioquia para conectar las 4G con Puerto Antioquia en Urabá, o con la crisis de los diálogos con el ELN, o con la nueva situación de guerra contra el EMC de mordisco en el Cauca, o con la crisis del hambre en amplias regiones del país, o de la falta de financiación del Plan de Alimentación Escolar en muchas escuelas del país, o con la crisis de las reformas institucionales en el final de esta legislatura que va hasta el 16 de diciembre 2024, digo que no tendrían la gravedad de la crisis institucional generada por el CNE.
En efecto, todos estos desequilibrios políticos, económicos, sociales e institucionales, continuarán madurando irreversiblemente la crisis nacional, con los problemas de la guerra y la paz que tienen un efecto y unas consecuencias muy grandes para los trabajadores de la ciudad y del campo.
Con el hambre y la miseria en amplias capas de la población que está tratando de ser solucionadas con medidas asistenciales por parte del Departamento de Prosperidad Social con la adquisición de terrenos por algunos municipios para la construcción de la infraestructura de los centros de alimentación solidaria en Antioquia, después de la negativa inicial del gobernador y del alcalde de Medellín.
Con la inseguridad en las grandes ciudades y en el campo que se ha venido acentuando especialmente en Bogotá, Medellín, Cúcuta, B/manga y Cartagena.
Con el problema de la descentralización territorial para el cual el gobierno nacional presentó el proyecto de Acto Legislativo para la transformación del Sistema General de Regalías, que incluye subir las participaciones de un 35% a un 46.5%, ante el rechazo de Fenalco, la Andi, Asobancaria, Fedesarrollo, Corficolomiana, Anif, inclusive Planeación Nacional y el mismo Ministerio de Hacienda han puesto el grito en el cielo aduciendo que se verán comprometidas las finanzas para educación, salud, seguridad, y para el pago de las mesadas de 1millon 500 mil pensionados .
A estos elementos hay que sumar la Paz Urbana en Medellín, con la hoja de Ruta para la construcción del proceso con los combos armados de las comunas donde la independencia y la autonomía de la sociedad civil y sus organizaciones puedan contribuir con su participación en la construcción del Comité de Impulso que le dé vida regional al proyecto de la Paz total del Gobierno Nacional, donde el PH deberán asumir su compromiso activo con la movilización de masas, no solo para la defensa del Gobierno, de las reformas, y contra el golpe blando contra el presidente, sino también para apoyar las jornadas legislativas por los cambios en lo que queda de espacio en el Congreso hasta 16 de diciembre de 2024, y para las elecciones en 2026, por lo cual 2025 será el año crucial para definir la estrategia y la táctica de la unidad del PH y de las fuerzas democráticas para las elecciones de 2026.
La crisis en maduración está poniendo en juego el porvenir y las perspectivas del movimiento revolucionario y democrático colombiano para asegurar la continuidad del Proyecto Político del PH y de los sectores progresistas en el nuevo gobierno de 2026, o para asumir el regreso de la reacción conservadora Tecno fascista y Tecno terrorista, de la reconquista de la oligarquía financiera para la revancha sanguinaria, autoritaria y guerrerista de los sectores más recalcitrantes de la reacción conservadora.
¿Qué hacer en esta situación?
Es en esta coyuntura donde se va a realizar el VIII congreso nacional de la UP con el fin de hacer un balance de los dos años de gobierno nacional, estudiar la correlación de fuerzas, proponer la profundización de las reformas, definir los puntos programáticos principales en que se debe concentrar el gobierno en el 2025, y definir la orientación para el trabajo de la unidad en medio de la coyuntura electoral del 2026.
En esta agenda de trabajo para el VIII congreso UP, el punto central es definir la conducta frente a la construcción del Partido Unitario del Pacto Histórico, en estas nuevas condiciones políticas.
Al respecto se mueven dos corrientes al interior del PCC y de la UP, que tienen que ver la primera con la formación de un partido unitaria con una sola personería jurídica, con una sola lista cerrada al congreso con elecciones primarias para la numeración de la lista, unos estatutos de la estructura, organización y funcionamiento del partido-movimiento, un programa de gobierno, mecanismo de dirección colectiva a nivel nacional, departamental y municipal, normas de comportamiento ético y requisitos mínimos para el ingreso de los sectores democráticos, una política de alianzas, una táctica electoral, la distribución equitativa y democrática de la reposición de votos y el comportamiento unitario de las bancadas en el congreso, y respeto y consideración con las diferentes tendencias políticas al interior del PH.
La segunda corriente dentro la UP tiene que ver con la resistencia a diluir su pernería jurídica en el partido-movimiento PH, teniendo en cuenta principalmente el fallo de la Corte interamericana de Derechos (CIDH) contra el Estado Colombiano por su responsabilidad por acción u omisión en el genocidio contra la UP, donde lo condenan a resarcir moral, política, institucional, material y económicamente a las víctimas del genocidio de la UP, con toda la carga política, ética y moral que tiene el hecho de diluir la personería jurídica con el argumento de la unidad del PH en solo partido con una sola personería jurídica para poder conformar una coalición que le permita participar en las elecciones al congreso en 2026 con posibilidades de mantener o aumentar el número de los 20 senadores actuales del PH.
En la primera corriente que está por el partido-movimiento unitario del PH, se argumenta, además, que la división de la izquierda y de los sectores democráticos en varias listas al Congreso de la República, en estos momentos contribuye a la dispersión del movimiento democrático y a abrirle el espacio a las corrientes del Tecno fascismo y del Tecno terrorismo de la ultraderecha colombiana, echando atrás los avances unitarios logrados como nunca antes en la historia del movimiento popular colombiano a través del PH.
Argumentan además que lo que se está jugando en las elecciones de 2026 es la resolución de la democracia avanzada y el regreso del proyecto neoliberal, autoritario, guerrerista corrupto y violento de la ultraderecha colombiana, y no es la personería jurídica de la UP la que va definir la solución a la principal contradicción del movimiento popular colombiano: democracia o fascismo, la paz o la guerra.
Ya se está presentando a la opinión pública una corriente de Colombia Humana que resolvió hacer rancho aparte con una sola lista para el Congreso por contradicciones con la dirección nacional, asumiendo como contradicción principal del momento político, los diferentes enfoques en la elaboración de la lista al Congreso y en los métodos de conducción política de la CH, poniendo en segundo lugar de importancia la definición principal de los proyectos que se están debatiendo en la opinión pública y que se van a definir en las elecciones de 2026, en las cuales anuncian que van a participar con una lista al congreso como “Nuevo Proyecto Progresista”, que está expresando la división nacional de la CH.
En el congreso de la UP hay que vencer esta tendencia con paciencia y persuasión, haciéndoles caer en cuenta que en estas circunstancias de la correlación de fuerzas lo que importa es avanzar en la sostenibilidad y profundización del proyecto político de las fuerzas de izquierda y progresistas expresado en la unidad del PH como partido unitario por encima de la personería jurídica de cada partido integrante del PH.
Que la unidad fue la garante del triunfo histórico de los 20 senadores del PH y del éxito de la presidencia en la segunda vuelta de 2026, porque la unidad tiene un magnetismo que enamora al pueblo y un entusiasmo que moviliza a los sectores populares y democráticos a participar en las elecciones a favor de una lista unitaria al congreso de la Republica y a la presidencia con un solo candidato presidencial de la izquierda.
Lo contrario sería hacer parte de una izquierda dividida en varias listas al Congreso y con varios candidatos presidenciales, lo que llevaría a un suicidio político que le abriría el campo a la ultraderecha, contribuyendo objetivamente a la dispersión de las fuerzas democráticas y de izquierda que ahora tienen la obligación política y moral de buscar la unidad de acción política para la participación en las elecciones de 2026 y para ir construyendo el sujeto político y programático que le permita al pueblo conservar la presidencia de la Republica para asegurar la sostenibilidad y profundización del proyecto político democrático del PH.
La corriente que quiere conservar la personería jurídica de la UP podría llevar al aislamiento de la UP de la corriente de masas en la participación electoral y de los espacios de poder en el Congreso de la República, en las Asambleas departamentales y en los Concejos Municipales dejándole el campo abierto a las corrientes de la ultraderecha, a la espera de que otros partidos y movimientos políticos sean los que le tracen la línea a la UP en los desarrollos políticos del 2025 hacia las elecciones de 2026.
Sin la comprensión profunda de la situación política y de la actual correlación de fuerzas del momento político, sin las enseñanzas de la historia sobre la construcción del Frente Unido o del Frente Amplio popular y democrático, sin la asimilación de la experiencia de la unidad de las izquierdas en Nuestra América, con todos sus bandazos negativos y con los avances positivos que se han dado en estas dos primeras décadas del siglo 21, es prematuro tratar de asumir la vanguardia en solitario sin tener en cuenta la base de masas, el ambiente democrático , el estado de animo de las masas, la crisis y profundización de las vacilaciones al interior de la clase dominante y al interior de nuestros compañeros de vieja de la pequeña burguesía, pues sería dar un salto al vacío con fundamento en un análisis emocional y pasional sin tener en cuenta un riguroso análisis de clase y de la situación objetiva de las fuerzas de clase que nos permita elaborar una táctica que asegure la acumulación de fuerzas para la victoria en las elecciones de 2026.
Tenemos que saber aprovechar este año que nos queda de gobierno (2025) para avanzar en la construcción del Partido-Movimiento PH unitario, empezando por los partidos fundacionales, a partir de las orientaciones del 8º Congreso Nacional de la UP, que seguramente avanzará con la consigna de un partido unitario para los cambios democráticos en el país.
El 8º Congreso de la UP es el escenario adecuado para determinar con claridad nuestra línea política de unidad, sin esperar más tiempo porque el momento político está corriendo aceleradamente y ya no da espacio ni más plazo para tomar las decisiones de unidad.
La UP tiene asegurada la dirección política del proceso revolucionario y democrático si sabemos actuar a tiempo, con iniciativa política, con creatividad organizativa, con amplitud en las alianzas democráticas; tenemos la experiencia de lucha, el heroísmo revolucionario, el programa democrático, la consigna política, el dirigente político, y una amplia simpatía del pueblo colombiano en el gobierno del Presidente Gustavo Petro.
Si no actuamos ahora con iniciativa y audacia y nos quedamos esperando a ver que dicen las otras corrientes del PH, estaríamos condenados a ser el furgón de cola de la socialdemocracia liberal o del liberalismo socialdemócrata; necesitamos es ir a las masas, organizar a las mazas, movilizar a las masas, a través del PH unitario porque el problema de la personería jurídica y política volverá cuando tengamos asegurada la participación de las masas populares.
