Los acuerdos de paz firmados en 2016, entre Gobierno y las FARC, debe ser referente para el nuevo gobierno y toda la sociedad colombiana, para retomar y desarrollar las negociaciones con otras organizaciones al margen de la ley.
Dirigentes políticos y sociales y el pueblo en general deben entender que, en muchos casos, la decisión de alzarse en armas tuvo y tiene causas socioeconómicas, políticas e institucionales específicas. Justificables en la mayoría de casos, incluida la retoma de armas, por parte de las denominadas disidencias.
El surgimiento de la insurgencia; FARC, M19, EPL, ERP, entre otras, se soportó sobre objetivos ideológicos y socioeconómicos.
Las causas y motivaciones fueron consecuencia exclusivamente de la irresponsabilidad política y social de todos los gobiernos del Régimen y del modelo económico-político impuesto, aceptado y explotado por los círculos de poder. Fueron y siguen siendo, consecuencia de la distorsión de la democracia plena. La llamada democracia colombiana es retórica y de papel.
El engaño sistemático a las mayorías, practicado por los explotadores del poder institucional, inoculó escepticismo, desarraigo e indiferencia por lo público y por los legítimos derechos ciudadanos, de las mayorías nacionales.
Si el pueblo fuera realmente consciente de la gravedad del conflicto y de sus causas y consecuencias, ya se habría revelado contra el gobierno y el régimen, para exigir la superación de las causas del conflicto.
Es pertinente desenmascarar a los enemigos declarados y encubiertos del pueblo, de las negociaciones del conflicto, de la construcción de equidad socioeconómica y del desarrollo nacional.
El conflicto socioeconómico-político colombiano es consecuencia de la irresponsabilidad social y política de la recalcitrante derecha y ultraderecha liberal-conservadora-terrateniente y empresarial, a quienes nada les importa las precarias condiciones de vida de las mayorías, condenadas a la pobreza y la miseria.
Colombia debe superar la fatalidad del conflicto socioeconómico-político. La única vía es la inclusión socioeconómica y política. Estas realidades incuestionable debe someterse a un riguroso análisis crítico racional de viabilidad, respecto al contexto histórico económico-social y político colombiano y en particular, de las condiciones coyunturales presentes y de poder político, frente a la irracionalidad, mezquindad y perversidad de los enemigos de la construcción de equidad socioeconómica y mejoramiento de condiciones de vida de todos los colombianos.
Es imperativo hoy, reconocer la posición de doble moral del hoy expresidente Iván Duque y otros expresidentes, sobre el proceso de implementación de los acuerdos con las FARC. Ocurrió lo que tenía que ocurrir.
La guerra declarada por los representantes incondicionales de la extrema derecha tradicional, de los gremios económicos y dueños exclusivos de la riqueza y el capital nacional, es manifestación inequívoca de ruindad mental, de ausencia de principios humanísticos, morales y éticos.
Esas precariedades de la condición humana, son las que explican la oposición perversa, a las reformas económicas-sociales e institucionales, del actual gobierno.
Y si observamos quiénes las lideran, podemos encontrar explicación. Son lideradas por viejos politiqueros y sus secuaces en su condición de usufructuarios tradicionales del poder político e institucional, desde siempre.
Los usufructuarios tradicionales del poder político y económico, han saboteado la posibilidad de construir condiciones de paz, convivencia y equidad socioeconómica, con el objetivo de mantener el régimen de impunidad que los beneficia y el poder económico y político que explotan, como Uribe, Efraín Cepeda, Gaviria y muchos otros.
Pasarán a la historia, las trapisondas y perversidades lideradas por Álvaro Uribe, opositor satánico al Gobierno que firmó los acuerdos con las Farc y contra toda reforma que favorezca derechos sociales. Uribe promovió e impulsó el 'no' en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016. Lo soportó en típicos criterios falaces y engaños al elector. Así provocó varias modificaciones en el acuerdo pactado y firmado, que se conoce como Acuerdo Final del Teatro Colón de 26 de noviembre de 2016.
Por otro lado, el gobierno liderado y ejercido por Uribe, a través de su secuaz Duque, manifestó reiteradamente el propósito de hacer trizas los acuerdos y en su defecto, introducirle correcciones de fondo, con el beneplácito y aquiescencia del expresidente Uribe.
Lo que estamos conociendo, del accionar de los representantes de la extrema derecha, gremios económicos y tradicionales usufructuarios del poder público y económico nacional, en los debates del congreso, contra las urgentes y justificables reformas socioeconómicas del actual gobierno, es la continuación de la guerra de ese sector político, contra el desarrollo nacional y la justicia social.
Ante la acción diabólica de los enemigos del desarrollo y la justicia social, el nuevo gobierno debe responder estratégicamente, con las decisiones y reformas económicas e institucionales que se requieran, para lograr la reconstrucción socioeconómica nacional, presentadas por el gobierno.
Si no son aprobadas en el congreso, el gobierno debe inmediatamente recurrir al Constituyente Primario, para lograrlas, en los próximos tres años.
El gobierno actual, los órganos de poder, los empresarios y la sociedad en general, deben comprender y dimensionar la conveniencia de acelerar los procesos de reinserción y de construcción de equidad socioeconómica integral.
Es única alternativa cierta para superar las causas del conflicto y construir equidad socioeconómica, justicia social y crear condiciones ciertas para el desarrollo integral de la nación.
La superación del conflicto demanda racionalidad, generosidad, humanismo, ética y moral colectivas. Capacidad para entender las causas y dimensionar consecuencias y soluciones.
Colombia es el país más inequitativo del continente. Está entre los de mayor corrupción, concentración de la riqueza y el capital y mayores índices de criminalidad del planeta.
La mayor percepción de corrupción, se concentra en la institucionalidad, supuestamente creada para garantizar los derechos y proteger la vida y honra de los ciudadanos, pero que lo que realmente garantiza es la impunidad y la corrupción.
El secuestro, el desplazamiento interno, la desaparición forzada, los falsos positivos, la pobreza y miseria que doblega a las mayorías de colombianos, la expatriación y exclusión social y económica, el cáncer del narcotráfico, la narcoparapolítica, la corrupción, la inseguridad ciudadana, tipifican el conflicto interno, que como imperativo moral y social deben erradicarse para siempre. Son desafíos que exigen reformas vertebrales, rigurosas en todos los niveles de la institucionalidad. 15-04-2023
