El siglo XX despierta, con la consolidación de la fecunda época industrial, una verdadera revolución, en donde se pasaba de la economía agrícola y artesana a la de la industria, a la máquina como elemento de la fuerza productiva —el hombre frente a su competencia—; grandes cambios: políticos, sociales y jurídicos se aprestan a entrar en escena; las caída de los zares; la definitiva, por lo menos en Occidente, entronización de la democracia, de las Repúblicas —algunas de ellas constitucionales—; el reconocimiento de los derechos de los trabajadores hasta fortalecer los conceptos de ‘tripartismo’ —tratos entre el Estado, representado por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre la formulación o la aplicación de la política económica y social— y, diálogo social (1919); décadas siguientes las inenarrables vulneraciones, producto éstas de las guerras mundiales, que, como si fuera poco, se surtieron dos que amenazaron no con la terminación de los sistemas políticos, sino con la terminación de la raza humana.
Sobreviene, así, la creación de la ‘Sociedad de Naciones’ que, por su mandato, estaba destinada a perecer: (i) escaso número de Estados la conformaban, un ‘concierto de naciones’ precario, quedando cuestionada la legitimidad o, por lo menos, menguada; (ii) se percibió como un instrumento más de posguerra —la Primera Guerra Mundial— de allí que, antes que constituir una herramienta de conciliación, haya sido de ingrata recordación, un correlato del Tratado de Versalles y sus exigencias; una imposible anotación plausible; (iii) tanto la seguridad y la no agresión como el desarme eran sus fines, aspiraciones que lejos de llevarse a cabo, hicieron que se pensara más en la seguridad que en el desarme —obvio, la desconfianza era total—; (iv) la exclusión inicial de los supuestos vencidos, vislumbraba su debilidad implícita; sí, supuestos, pues los defectos del instrumento, así como el manejo económico y de compromiso hicieron que ellos mismos —los defectos—, dieran por la ‘necesidad’ de la Segunda Guerra, la más cruenta; (v) administrar lo que quedaba del colonialismo, en algunas regiones con poca sostenibilidad y discutible estrategia, además de la reconducción del aparato económico, resaltado en el Tratado de Versalles.
Un caldo de cultivo perfecto, la ‘Sociedad de Naciones’ pereció, perdió viabilidad por razones evidentes, tanto jurídicas como económicas y, por supuesto, políticas; sin fuerza moral, la reacción temprana convertida en conflagración mundial, la dejan insepulta y así, todas las fuerzas asistieron a su lánguida expiración.
Sin embargo, después de la segunda hecatombe mundial, resurge una, otra idea de Concierto de Naciones: La Organización de Naciones Unidas, en donde, como lo imprimió en roca su Carta, los pueblos resolvieron, en términos contextuales: (i) preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles; (ii) reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones todas; (iii) crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia; y, (iv) promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Cuatro elementos que siempre están disponibles para la humanidad. No se sabe cuántas guerras ha evitado; pero lo que sí es cierto, se sabe, cuántos diálogos fértiles ha propiciado evitando la cruenta guerra. A ello, a esto último nos atenemos.
Y, es revelador que sus propósitos, sean sin duda el: (i) mantenimiento de la paz, de la seguridad; (ii) fomentar la amistad entre las naciones; (iii) realizar la cooperación internacional; y, (iv) servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.
El programa así sellado: (i) por la paz, en tomar medidas para prevenir y eliminar amenazas; agresiones; presentar, aportar, construir medios pacíficos, en principios justos al arreglo de controversias, de contiendas; (ii) en la amistad, por el respeto a la igualdad de derechos, a la libre determinación de los pueblos; y, (iii) en la cooperación, en coadyuvar con soluciones de problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario; en suma: el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Campos todos teóricos que, en Colombia se han llevado a la práctica con especiales mandatos, por más de diez y seis años, con una presencia y acompañamiento permanentes, con una oficina encargada de apoyar los esfuerzos por el fortalecimiento de ‘la institucionalidad democrática, la construcción de condiciones para la paz, la promoción de la convivencia y por garantizar a las víctimas de la violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales, la restitución de sus derechos dentro de los principios de la verdad, la justicia y la reparación’; al paso que, nutrir la atención humanitaria, las formulaciones sostenibles de apoyo a las víctimas de la violencia, la construcción de la paz, la convivencia y la reconciliación. Tamaño mandato particular.
Y, es también muy cierto, que con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas se ha logrado la implementación de la denominada Ley de ‘Justicia y Paz’, cuya base es la aceptación de dos condiciones ineludibles: la pertenencia al grupo de victimarios y, la concreción de la justicia, la verdad y la reparación. Postura legislativa que ha sido perfilada, interpretada y, sobremanera aplicada por la Judicatura, en decisiones que, para bien o para mal, se han tomado sobre el lomo del conflicto: el Juez diciendo el derecho, cuando el conflicto aún está lejos de culminar.
Igualmente, con la misma participación, se han promulgado, entre otras, la Ley de Víctimas y de Tierras, el llamado marco jurídico para la paz; en fin, ingentes esfuerzos institucionales que en un solo párrafo hacen parte de la sinfonía inconclusa en procura de la paz, en su doble connotación de derecho y de deber.
Desde luego, en el seguimiento realizado por la ONU, muchos, pero muchos elementos o segmentos institucionales son susceptibles de mejorar, de culminar con propósito encomiable, de reemplazar y reevaluar. Muchos. En el seguimiento, igualmente, se debe reconocer como agregado de fortaleza y positiva gestión de la ONU, intervenciones fuertes y, llamativas: en el caso de los indebidamente designados ‘falsos positivos’, de las desmovilizaciones que han producido preocupación y, por supuesto, los bloqueos; así mismo, de la ampliación del fuero penal militar, en donde ha llamado la atención en punto de impunidad. Aristas del todo útiles en el devenir de las funciones estatales y, al honrar los compromisos internacionales.
Surge entonces, el (los) interrogante(s): ¿es productivo que por tal verificación, acompañamiento y crítica, se suspenda la Oficina de Naciones Unidas? ¿Se dé por culminado su mandato? ¿Se afirme la ninguna necesidad de la presencia de la Oficina en nuestro país? ¿Será que señalar la existencia de errores y de circunstancias reales se puede considerar un despropósito de la Oficina? ¡La bacteria de ‘negacionismo’ nos invadió! ¿Será que negar los hechos, significa o lleva a que ellos no existan?
Muy a pesar de algunos opinadores, debemos recordar que la ONU, con oficina abierta o cerrada, su mandato general está vigente por lo que seguirá vigilante, opinante y con la posibilidad de acudir a los mecanismos que corresponden a su mandato. Máxime con la idea global y operante de la persecución de los crímenes internacionales, especialmente los que son de la competencia de la Corte Penal Internacional y, en ello, el seguimiento a las conversaciones de La Habana será un punto trascendental, mas no el único, pues como dijo la Delegada de los Derechos Humanos de la ONU: ‘El objetivo es alcanzar tanto la paz como la justicia para todos los colombianos. Sin importar quién sea el perpetrador, el Estado, la guerrilla, los grupos paramilitares, post-paramilitares, los crímenes relacionados con violaciones de los derechos humanos no pueden ser amnistiados o impunidad. Esto no solo es una obligación internacional de Colombia, es lo que la población se merece. (…)No será fácil. Un acuerdo de paz es solo la primera fase. Lo que realmente importa es cómo los acuerdos de paz serán implementados, como van a cesar las violaciones y no repetirse; cómo la paz va a mejorar los derechos a la participación política, a la salud, a la educación; y como va a reducirse la pobreza y la extrema pobreza. Esta es la razón por la cual los derechos humanos deben estar en el centro del proceso de paz.’ (resalto fuera de texto)
Allí, en este punto y hora, el ‘Concierto de las Naciones’, debe sentir el desconcierto de la visión global y de sus instrumentos.
