¿Si a Gustavo Petro, elegido en democracia como Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá, considerado el segundo cargo más importante de la nación y cuyo peso específico es considerable en la vida nacional, le hacen lo que le han hecho, qué diremos del uso de la justicia y del derecho como un garrote al resto de colombianos? Todo parece indicar que resultó víctima de un complot, según Tapia y Sánchez, dos testigos excepcionales, entre unos contratistas poderosos del aseo, sucios, y unos concejales y políticos también muy sucios y poderosos, que utilizaron el camino de la muerte política para librarse de él por medio de la Procuraduría y conservar así sus oscuros negociados.
Pero el verdadero complot en el que están confabulados los medios de comunicación, la clase política, y, en general, los beneficiarios de los odiosos privilegios de la corrupción, el clientelismo y la violencia, es eliminar al más fuerte adversario político del 2018, con su COLOMBIA HUMANA.
El Procurador, según registra EL TIEMPO en entrevista (14/01/14), afirma textualmente que “El doctor Petro se va por mal alcalde…”. Esa afirmación no solo es una vergüenza sino una monstruosidad jurídica. A un mal alcalde los únicos que le pueden revocar su mandato son los electores, o un juez mediante sentencia penal, y jamás, un funcionario administrativo. Califica como “mal alcalde” al que le ha dicho no a la corrupción, no al clientelismo, sí a la participación ciudadana, sí a la inclusión de minorías, sí a la amenaza del cambio climático, y con varios reconocimientos internacionales. Petro es el que más claro les ha dicho a los corruptos y mafiosos “no pasarán”. Esas son las consecuencias.
El proceso tuvo la rapidez de un complot: de otra manera no se explica su eficacia. Pero deja en entredicho la constitucionalidad y legalidad de lo actuado por el Procurador, según tutela concedida por el honesto y valeroso magistrado Armenta. Obvio que todo proceso es controvertible, y aún no hay nada definitivo, pero si no es por la inteligencia de Petro, estaría cocinado hace rato, como cocinaron a otros mártires de la democracia, en la más absoluta impunidad. (Si Piedad Córdoba estuviera con sus derechos políticos estaría en la puja presidencial en este momento. Y así otros, como Alonso Salazar).
Petro lo que hizo fue convocar al pueblo y la ciudadanía en su defensa y logró el respaldo de inmediato. Hubo una sincronía, una sintonía, una conjunción, tanto y tan fuerte, que llenar la Plaza de Bolívar en forma multitudinaria, consecutiva y pacífica son los preludios de un proceso revocatorio Constituyente que terminará como Jesús en el templo, arrojando a los mercaderes que han envilecido la democracia. Porque la democracia es un asunto exclusivamente ciudadano, que pertenece a la ciudadanía y no a unos funcionarios y políticos que se adueñaron de ella para fines únicamente personales.
Es una vergüenza para Colombia ante el mundo civilizado y democrático, no solo mostrar un conflicto armado que cumple 50 años de incapacidad política para solucionarlo, sino que exhibe una legislación igual de vergonzosa al permitir que el Alcalde de Bogotá, elegido por voto popular sea no solo destituido sino, además, inhabilitado durante 15 años por razones estrictamente imputables al desarrollo de su Programa de Gobierno. Que un funcionario como el Procurador Ordóñez con funciones disciplinarias y un expediente bastante dudoso pueda hacerlo, indica cuán frágil y deleznable es la protección de los derechos humanos en Colombia.
Eso produce dolor de patria, muchachos. Vergüenza de ser colombiano.
