“A él lo arrestaron el domingo en su apartamento de Moscú y está preso desde ese momento. Está incomunicado porque por el Covid no permiten que entre nadie en la cárcel. Sólo lo vio el abogado en la audiencia en la que se le aplicó la medida de prisión cautelar. Están esperando apelar esa decisión”, cuenta Bonilla Saray a RFI por teléfono desde Cúcuta (Colombia).
Tras la invasión de Ucrania, el parlamento ruso aprobó una ley que impone penas de hasta 15 años de cárcel a las personas que difundan “noticias falsas sobre el ejército”, que es de lo que se le acusa a Giraldo Saray.
“Realmente no sabemos qué argumentos tienen ellos porque lo que mi hermano ‘reposteaba’ en Facebook o en Instagram era muy poco, sólo hacía posts personales”, afirma su hermana.
De hecho, en el Facebook de Giraldo Saray las publicaciones que hacen referencia a la guerra en Ucrania son más bien pro rusas, la última es del 2 de abril y se trata de un video en el que se denuncia “la presunta censura” a medios rusos.
Toda la información que tiene Diana Bonilla de su hermano es a través de la ex esposa de Alberto Enrique con la que tiene dos hijas de nacionalidad rusa de 12 y 19 años.
El colombiano, originario de Pereira, vive en Rusia desde hace más de 20 años donde se ha dedicado básicamente a la promoción turística, aunque con el Covid, según cuentan los familiares, tuvo que reconvertirse y dedicarse a hacer empanadas. “Es un colombiano trabajador, él no se involucra en problemas políticos”, insiste su hermana.
“Necesitamos intervención diplomática”
La familia está preocupada “por su integridad física y por su bienestar”, nos cuenta Bonilla Saray. “Al ser extranjero, estamos preocupados por si vulneran sus derechos humanos, necesitamos intervención diplomática para garantizar que se lleve un proceso limpio y para que lo liberen”, reclama.
Desde Colombia, la familia ha lanzado un llamado para reunir dinero y cubrir los gastos del abogado y una eventual fianza. “No tenemos los recursos económicos para pagar a un abogado, la fianza es muy larga también, son 60.000 dólares. Hacemos un llamado a los organismos diplomáticos para que puedan intervenir y que lo liberen”, concluye Diana Bonilla Saray.
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