En Colombia estamos a cinco días de las elecciones locales y departamentales y más de un millón de colombianos no podrán ejercer su legítimo derecho al voto. ¿La razón? Evitar la trashumancia por parte de personas que viven en una ciudad, pero votan en otra, para favorecer algunos poderes políticos.
Lo grueso del tema es que a varios ciudadanos en todo el país recibieron un mensaje de texto por parte del Consejo Nacional Electoral que decía: "La inscripción de la cc xxxxx efectuada en la ciudad de xxxx fue dada de baja por trashumancia. Resolución 3778 de 2015".
Es importante resaltar que es muy bueno que los entes de control utilicen este tipo de recursos para evitar que la trashumancia se adicione a las miles de prácticas corruptas que envuelven las elecciones del país, en esta ocasión las de alcaldías y gobernaciones. Lo grave es que este tipo de procesos se lleven a cabo sin verificación de la información y peor aún, violando el legitimo derecho al voto.
Los mensajes son un error garrafal tanto del CNE como de la Registraduría, que se tomaron el trabajo de enviar mensajes de texto a cada persona informándoles que no podrían votar, en vez de llamar y verificar la información antes de imponer una medida tomada a partir de variables mediocres y, a leguas, sin estudios reales.
Hay personas que llevan viviendo en Bogotá por más de cinco años, que decidieron que ejercer el voto en su lugar de residencia, que es lo correcto, y les negaron el derecho a hacerlo.
La solución que plantea el CNE es presentar un recurso de reposición, que se tomará cinco días hábiles de estudios de caso una vez publicada la resolución, lo que quiere decir que quienes fueron notificados no podrán hacer absolutamente nada.
Candidatos, personajes públicos y otras personas han estado reportando, a través de las redes sociales, estas evidencias de error por parte de las dos entidades mencionadas y parece que esta incompetencia no tendrá consecuencias.
La falta de trabajo serio y de investigación real por parte del CNE y la Registraduría llevará a que miles de colombianos no puedan votar y, por castigar a algunos, estarán castigando a ciudadanos comprometidos con sus lugares de residencia y con el deber del voto.
Así seguirán ganando políticos como Gustavo Petro, elegido por el 2 % de la ciudadanía, en Bogotá, y en otras ciudades del país no habrá espacio para el cambio que tanto se necesita.
Es lamentable que en el país se realicen estrategias anti corrupción e ilegalidad de manera mediocre, de tal forma que los únicos que pierden son los de siempre: los ciudadanos comprometidos y la vulnerable democracia.
