La candidata a la vicepresidencia de Argentina ha afirmado que el estado de su país está inflado, y con una elevada burocracia directiva al servicio de la clase política, y en desmedro de la carrera administrativa.
Tal diagnóstico no es nada ajeno a la realidad del estado colombiano, y tal vez de la región, con la excepción de Chile, que ha logrado importantes avances en el tema.
En nuestro estado representado en las tres ramas del poder público, son millares los servidores públicos del nivel directivo, asesores, y asesores de los asesores que lo componen, y a veces un contratista perfumado que apoya a todos estos.
La forma de vinculación de estos directivos jurídicamente corresponden a la facultad discrecional de los nominadores del estado. Discrecionalidad que se traduce en la realidad administrativa en lógicas clientelistas de políticos en el poder, triangulaciones, sillas giratorias de las empresas privadas a las públicas y viceversa, amiguismos, etc., es decir, es la captura de esta especie de servidores públicos por grupos de poder para su servicio y, el de sus clientelas, familias y otras formas excluyentes.
El único requisito que se les exige es el cumplimiento de los requisitos del manual de funciones, pero la forma como se seleccionan es un secreto de estado que nadie sabe explicar en cada entidad pública, ni en la función pública nacional y territorial y sus respectivos nominadores.
Para estos directivos no existe ningún tipo de control, ni fiscal, ni disciplinario, ni menos político por obvias razones. Excepcionalmente el penal , cuando alguno de estos servidores incurre en hechos criminales , sobre todo en materia de contratación. Los grandes robos al estado surgen de estas dinámicas clientelistas.
Esta figura de los directivos públicos, existente desde los inicios del estado, no ha sido objeto de investigación por parte de la academia, ni hay bibliografia al respecto. Al contrario mucho académico termina haciendo parte de esta privilegiada casta del clientelismo perfumado.
Los sindicatos del Estado han sido testigos ciegos y mudos de estas prácticas. Con la posibilidad de la negociación colectiva en el nivel nacional y territorial presente un punto para que un porcentaje de estos directivos fuera previsto meritocraticamente con funcionarios de carrera.
Pero la respuesta que obtuve fue de total negación, por una supuesta imposibilidad jurídica ,a pesar de que la constitución establece la igualdad de oportunidades.
Es decir que la función pública a nivel nacional, y territorial, y en Bogotá , con el servicio civil distrital, son instituciones e instrumentos al servicio del clientelismo perfumado y de la clase política.
El estado se mueve por sus funcionarios de planta , a los que se les niega la posibilidad de ascender como directivos, y muchas veces pagan los platos rotos de la irresponsabilidad de la clase política y sus cuotas directivas.
El estado nunca estará inflado porque siempre habrá servicios y necesidades que cumplir, el problema son sus castas políticas y directivas y la negación de la meritocracia en el estado.
En este gobierno del cambio el modelo de función pública no será afectado , como debería suponerse, y se continuará con el mismo que ha mal gobernado el estado por decenios, como se ha venido observando, al igual que en Bogotá.
