La silbatina que recibió el jueves 2 de mayo en el Senado el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue una expresión extrema del rechazo que le ha producido a la oposición y a sectores de las bancadas tradicionales un artículo del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que daba carácter de obligatorio a las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad que fue liderada por el Padre Francisco De Roux.
El artículo octavo, eliminado con ponencia de la senadora María Fernando Cabal –quien siempre fue crítica de la Comisión de la Verdad-, creaba un Sistema Nacional para el Posconflicto, disponía la separación de la Policía del Ministerio de Defensa y abolía el servicio militar obligatorio, con lo que se debilitaría gradualmente el Ejército.
En la bancada liberal caló hondo una columna de la exfiscal y excongresista Vivian Morales que advertía que el proceso de reglamentación quedaría abierta la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro instituyera las llamadas guardias campesinas y diera vida a otras expresiones armadas como las milicias, como nuevos soportes de la defensa y la seguridad nacional.
La ponente consideró que darles carácter obligatorio a las recomendaciones, pues el artículo ordenaba su implementación, sería tanto como convertir en verdades de Estado que las Fuerzas Armadas constitucionales tienen una marcada vocación hacia la violación de los derechos humanos y otras prácticas criminales.
De acuerdo con las posiciones de sectores críticos, la ley orgánica del Plan de Desarrollo; de ser aprobada con esas disposiciones, tendría incidencia necesaria en el juzgamiento de militares y otros de los denominados actores estatales del conflicto que, a la luz del Acuerdo con las Farc, concluyó con Lo pactado en La Habana.
En ese sentido pondría en peligro o socavaría la independencia de modelos de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz.
Supondría también un enorme impacto sobre el gasto público al crear instituciones que harían parte del Sistema del Posconflicto e implicaría también ampliar las nóminas de las entidades que quedarían encargadas de aplicar las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Verdad.
Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, negó haber tenido injerencia en la formulación del proyecto y recordó que no fue él quien escogió a los integrantes de la comisión que fueron caracterizados de izquierda por la senadora Cabal.
Si bien el artículo fue hundido en el Senado, podría revivir en lo que resta del trámite parlamentario si el gobierno, de la mano del ministro Velasco, logra recomponer las mayorías que se afectaron con la fractura de la colación de gobierno.
Para la excongresista Vivian Morales una disposición así no pasaría el examen de la Corte Constitucional y podría ser suspendida porque contaría la Carta Política de 1991.
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