La cuerda se va tensionando y amenaza con romperse. A Petro se le viene agotando la paciencia con el Clan del Golfo, ya no los nombra como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -un punto identitario que ingenuamente les otorgó en su desafortunado trino de año nuevo- y tras la supuesta injerencia de algunas de sus estructuras en los bloqueos del paro minero en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, puso en entredicho su voluntad de paz.
El hecho se suma a una seguidilla de críticas a la paz total que, ante todo, son enunciativas de la complejidad de avanzar en una estrategia de desmantelamiento y sometimiento colectivo a la justicia de uno de los principales generadores de violencia en el país.
El panorama pinta como un déjà vu de uno de los mayores fracasos del gobierno Santos. Cuando se avanzó, tras la manifiesta voluntad de paz de Dairo Antonio Úsuga, alías Otoniel, por entonces máximo comandante del Clan del Golfo, en una promisoria Ley de sometimiento colectivo a la justicia. Sin embargo, para ese momento, Santos ya tenía el sol a la espalda y el tiempo solo le alcanzó para sancionarla. A las pocas semanas le entregó el poder a Duque y así se perdió una oportunidad histórica.
A diferencia de Santos, el gobierno Petro todavía no cuenta con una ley, pues apenas viene socializando un articulado de un ambicioso proyecto de sujeción y sometimiento colectivo a la justicia que desde que se anunció, tras una mediática presión de Roy Barreras, no ha parado de recibir críticas desde todos los frentes. Parece que ese proyecto no fue del agrado de algunos de los sectores convocados a formar parte de la paz total y seguramente, y esto no lo pongo en duda, durante su paso por el Congreso será sometido a profundas cirugías.
A pesar de que el Clan del Golfo se acogió al cese al fuego bilateral y en una carta pública sus comandantes ratificaron su voluntad de diálogo (¿un diálogo socio jurídico?), las recientes declaraciones sobre ese proyecto de ley por parte del penalista Ricardo Giraldo, designado como su representante ante el Gobierno Nacional, levantaron un manto de duda sobre los verdaderos alcances de esa voluntad de diálogo.
A lo que se agregan las denuncias del gobernador Aníbal Gaviria sobre una supuesta instrumentalización de la población civil en medio del paro minero en varias subregiones de Antioquia.
Sin duda, son días contradictorios para la paz total, mientras por un lado se actualiza la agenda de negociación con la guerrilla del ELN, por el otro, el presidente pone en duda la voluntad de paz de otro actor aún más determinante en la siniestra geografía de la guerra.
Solo será cuestión de tiempo para saber sí la cuerda se rompe o sí el Clan del Golfo realmente quiere la paz.
