La realidad es así: los niños se mueren hoy tanto o más que el año pasado, más incluso que hace dos años o que hace 5 años. Y las cifras parecen no reducirse, según el informe revelado por Human Rights Watch (HRW) junto al Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins.
En las estadísticas vitales de La Guajira, en la parte relacionada con las defunciones no fetales por causas asociadas a deficiencias nutricionales publicadas por el Dane para los años 2018, 2019 y primer trimestre 2020, se identifica que los casos de muertes de niños, en su mayoría indígenas en La Guajira, el 62% se presenta antes de cumplir el primer año de vida, distribuido así: de 0 a 5 meses de edad el 27% y entre los 6 a 11 meses el 35%. El 26% de las defunciones se evidencian entre los 1 y 2 años de edad.
La muerte de niños después del primer año de vida obedece a que ya en la primera etapa de crecimiento y desarrollo (primer año) se agudizan las deficiencias nutricionales. Esto implica que para proteger la vida de este grupo poblacional el mayor esfuerzo se debe realizar durante su primer año de edad, pero desafortunadamente solo el 1.3% de los nacimientos de las zonas rurales dispersas son atendidos por parteras y otras personas logran registrarse. Es decir, muchos de los niños wayúu nacen y muren sin acceder al sistema de salud.
Es por ello que en el departamento cada semana se muere 1 niño por desnutrición y las cifras tenderán a aumentar considerablemente este año a causa del aislamiento social obligatorio. Alia Sunderji, médica de emergencia pediátrica y MPH de Johns Hopkins, quien participó en el estudio sobre las condiciones de salud de los wayúu, afirmó que en esas comunidades se presentan niveles de desnutrición más altos y críticos que en algunas poblaciones africanas.
Dentro del estudio también se revela, que a pesar de que la población wayúu cuenta con medidas cautelares para la protección de la vida de los niños y la Sentencias T- 302 del 2017, aún no se ha logrado garantizar una solución efectiva de agua potable en las comunidades y el acceso permanente a los alimentos. Esto ha permitido que no se avance sobre el estado de desnutrición dentro de la población infantil.
El informe dado a conocer señala que “la recuperación de un niño con desnutrición grave es realmente fácil y se puede hacer dentro de la comunidad, siempre y cuando se implemente un seguimiento y una alimentación especial, que le permita al niño ganar peso de manera adecuada y en tan solo 2 meses puede salir de ese estado” afirma Shannon Doocy, profesora asociada de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. Revela, que al dejar a los niños recuperados sin el seguimiento adecuado y en un territorio que no garantice agua y alimentos de manera permanente y suficiente, es probable que vuelva a recaer en un estado de desnutrición grave. Ese es el origen del círculo vicioso de la desnutrición en La Guajira.
El informe de HRW induce a pensar que en las actuales condiciones de emergencia la situación adversa de los wayúu se agudizará por la falta de agua potable y alimentos, la grave desnutrición de los niños wayúu y un virus tan poderoso como COVID-19. Esto deja sin protección a un significativo número de niños indígenas que deben enfrentar esta lucha en medio de las carencias y la pobreza extrema.
Desde el Estado se mantiene la hipótesis de que la dispersión de los asentamientos rurales ha sido el mayor obstáculo. Empero, si se trata de cambiarle la vida de un niño que lleva un tiempo prolongado sin comida o agua suministrada de manera adecuada, el aislamiento no debe ser un impedimento a la hora de salvarle la vida. Más aún cuando se conocen casos de organizaciones humanitaria, como la Fundación Caminos de Identidad (Fucai) que actúa en el municipio de Manaure, que han logrado recuperaciones nutricionales incluso en medio de la pandemia.
Ante este panorama que evidencia Human Rights Watch preguntamos: ¿quiénes son los responsables de que los niños en La Guajira se sigan muriendo por enfermedades prevenibles y relacionadas con la desnutrición? ¿Quiénes son los encargados de hacer una vigilancia efectiva, seguimiento y control a los niños en riesgo? ¿Quién está tomando los registros reales de las muertes de niños en las rancherías? ¿Cómo se logra recuperar al departamento de la pobreza y la violación generalizada de los derechos de los niños? ¿Cuántas prorrogas más debe dársele a los responsables de la ejecución de lo dispuesto en la Sentencia T-302 de 2017 para que actúen en favor de la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira? ¿Cómo se están diligenciando los formatos de seguimiento de talla y peso si no hay certeza de que los operadores del ICBF o del sistema de estén llegando a las rancherías? ¿Qué hará el departamento de La Guajira que desde el 2 de julio asumió la competencia en el sector salud?
En los boletines de vigilancia epidemiológica emitidos por la Secretaria de Salud de La Guajira se hace evidente que los casos de desnutrición aguda han disminuido drásticamente sin explicación alguna y en medio de la pandemia, mientas que los casos de mortalidad por causas asociadas a la desnutrición se han incrementado, lo que lleva a pensar que ello puede obedecer a que no se realizan las respectivas penetraciones en los territorios dispersos y que se están dejando a los niños a su suerte.
Hace unas semanas se conoció que el 58% de los territorios en Colombia presentan niveles medios y altos de desnutrición y que la situación no tiende a mejorar, ya que los índices de pobreza en Colombia crecerán durante este año, lo que incrementaría la cifra de territorios con alerta roja en desnutrición infantil. Por esto “es necesario que desde el gobierno se articule un trabajo diferenciador y específico en La Guajira que permita la recuperación de los niños wayúu y se atienda de manera urgente a la población migrante que ha engrosado la cadena de miseria en la región”, señala Vivanco.
Los niños wayúu se encuentran amparados bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), atención que se reforzó con la Sentencia T-302 del 2017. A las acciones que realizan las 24 instituciones del gobierno accionadas no se les conoce su trazabilidad y efectividad si se siguen omitiendo las verdaderas cifras sobre el estado de salud y las condiciones de desarrollo de los niños y niñas del pueblo wayúu. Por ello Human Rights Watch solicita una encuesta sobre el estado nutricional en el pueblo wayúu. Al no cumplirse estas disposiciones, el departamento estará lejos de avanzar y generar cambios estructurales que generen gobernanza sobre el desarrollo territorial y se avance de manera efectiva en la superación del estado de cosas inconstitucional que tantas vidas le ha costado a los wayúu.
Sostiene HRW que el problema no es la falta de recursos, sino que ellos han sido invertidos de manera ineficiente. “La corrupción ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud que son necesarios para la supervivencia de los wayúu. Se ha contabilizado que las pérdidas en los programas destinados a la alimentación infantil han alcanzado la cifra de los $ 30.000 millones (cerca de 10 millones de dólares), de los cuales sólo se han recuperado 2 mil dólares", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Hasta abril del 2020 la Fiscalía informó a HRW que lleva 28 investigaciones penales por apropiación indebida de fondos públicos que estaban destinadas a la alimentación y a la salud, lo que pone sobre la mesa la necesidad de desarrollar procesos de control social.
En el evento web en donde se presentó el informe se señalaron los riesgos que enfrentan los investigadores y personas que quieren denunciar los casos críticos sobre el funcionamiento de los programas del Estado para atacar la desnutrición. En la mayoría de las ocasiones deben enfrentar amenazas contra su vida, lo cual los obliga a ser trasladados para brindarles protección.
Ante esta situación, cabe recordar lo dispuesto en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1998, donde se establece como uno de los deberes de los Estados adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de la protección y promoción de los derechos humanos.
