Si analizamos las primigenias intenciones de quienes redactaron la Constitución de 1991 parecería que sus ejecutores la hubieran convertido en un sistema que origina la más perversa corrupción.
Sabemos que el sistema electoral se ha vuelto altamente costoso y extremadamente corrupto: nadie puede llegar al legislativo si detrás no es financiado por los grandes capitales industriales, agrícolas y últimamente los más peligrosos mafiosos y paramilitares.
De los congresistas que financiaron las campañas del 2002 y 2006, 62 fueron a la cárcel, por sus vínculos con este. Cumplida la pena, algunos se presentaron como precandidatos presidenciales o como gobernadores, aduciendo que habían sido víctimas de persecución política.
En caso de los alcaldes y gobernadores elegidos estos los devuelven en contratos amañados, a dedo, sin licitación, hasta el 1000 % de lo invertido, o con un solo proponente: obras públicas, compra de equipos, motos eléctricas, camiones que no sirvieron.
El hecho de que el Congreso elija a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, quienes a su vez postulan sus candidatos de ternas provenientes dos de la Corte Suprema, uno de la Corte Constitucional y tres del Consejo de Estado, hace que se conforme lo que se ha llamado “la puerta giratoria”, y que de una corte, una vez finalizado el correspondiente período, salten a otra y de esta lo hagan como honorables senadores o cabeza de las IAS.
Este perverso mecanismo facilita que los diferentes partidos coloquen a sus fichas más representativas para que escondan expedientes de los más corruptos y cobren inmensas sumas como sobornos, los engaveten durante años. De ahí que sea tan difícil destituir a quienes incursos en graves delitos son respaldados por sus jefes políticos.
Algo similar pasa con las llamadas IAS a nivel nacional, la elección de sus cabezas se logra después de una larga campaña electoral interna y por supuesto, los elegidos pierden su autonomía para ser independientes en sus decisiones. Y a nivel regional se sabe que una de las mayores pujas es la de nombrar el contralor departamental.
De otro lado y lo vimos recientemente, una de esas cabezas que posaban de impolutas y se mostraba como paladín de la moral administrativa cambió los votos recibidos por puestos para sus parientes, se buscó una reelección que resultó inconstitucional, se apropió de un costoso esquema de seguridad para él y su numerosa familia, y así salió a hacer campaña electoral (con todos su esquema de seguridad, con vehículos y escoltas a su servicio, pagos por el Estado, es decir los todos contribuyentes).
Pero además, el hecho de que por ley se haya suspendido el control previo en las contralorías hace que su acción, si es que ocurre, sea extemporánea y que quienes defraudaron al Estado se hayan fugado del país o la acción disciplinaria o penal haya prescrito.
A nivel del ejecutivo, los gobernadores y alcaldes prácticamente eliminaron las licitaciones públicas y por lo general, las hicieron con un solo proponente, con quien comparten el llamado CVY (cómo voy yo en esta licitación), lo cual incrementa el costo inicial de la obra o compra de bienes y servicios.
La ambición hace que sus amigos contratistas convengan solicitarles uno o varios otrosí para seguir devengando inmensas sumas en obras que se extienden hasta del 200% del inicial pactado, sin dejar de lado que muchas veces lo entregado es terriblemente deficiente —acueductos sin agua, puentes que se derrumban antes de su inauguración, zonas deforestadas por la minería ilegal y empresas que contaminan el medio ambiente y matan a miles de sus trabajadores por cuenta de la contaminación ambiental—. En muchos casos, nadie se atreve a sancionar, pues detrás de ellos hay algunos mandatarios que reciben una compensación monetaria.
Sin embargo, como ha sucedido en los países de América Latina, las grandes multinacionales sobornan a presidentes, ministros, mandos medios o contratan expertos encargados de hacer lobby para sobornar, modificar y encarecer contratos.
Ha sido usual, últimamente en la rama de la justicia, que se hayan expandido dos sistemas perversos: el vencimiento de términos de los grandes delincuentes de cuello blanco, quienes pasan a disfrutar en sus lujos mansiones como “casa por cárcel”; y el otro, de por sí aterrador, que los congresistas, abogados defensores, jueces y magistrados convengan tramitar altas sumas de dinero para lograr engavetar los más grandes delitos, mediante el pago de sobornos a los representantes de esta rama (presidentes de las cortes, magistrados de entidades territoriales en los tribunales de justicia en las regiones y jueces de la república), por lo cual hoy algunos pocos pagan prisión ante el clamor de la ciudadanía.
Pero inclusive en las recientemente creadas entidades para desarrollo e implementación del esperado y urgente acuerdo de paz, antes que iniciar los inmensos planes a ejecutar, con fondos donados por los gobiernos amigos, sus dirigentes han hecho una cascada de nombramientos burocráticos y contratos con amigos y altos sobre costos, lo cual fue denunciado por los propios gobiernos donantes, amigos.
¿Como puede subsistir un país, donde al año, según estudios, los corruptos se apropian de más de 50 billones de pesos por este flagelo? Por algo ocupamos el puesto 90 entre 176 naciones evaluadas por Transparencia Internacional. Eso sin olvidar tampoco que en los últimos siete años más de 19.000 personas han sido sancionadas por actos de corrupción. Sin embargo, familias enteras siguen comprando votos, electores, adhesiones, acumulando tierras y ocupando los más altos cargos del Estado.
