En un colegio de Santander, 25 niñas de la jornada de la tarde denunciaron ante el rector los abusos sexuales sistemáticos de los que eran víctimas por parte de un profesor. La solución del rector: trasladar al docente a la jornada de la mañana.
He aquí la típica respuesta colombiana frente al delito y la mediocridad: bajarles el perfil, volverlos ordinarios e, incluso, crearles un ambiente propicio para difundirlos, amplificarlos y darles nuevos aires. Al mal no hay que sofocarlo sino darle oxígeno.
Conductas de este tipo son tristemente comunes en las universidades colombianas. Ante la queja insistente de un grupo de estudiantes por el bajo nivel académico de un profesor, lo normal es que un decano prefiera cambiarlo de grupo o de programa antes que plantearse la opción de formarlo mejor.
Semestre tras semestre, los estudiantes son llamados a todo tipo de rituales de evaluación institucional y de programas cuya esterilidad es bien conocida. Las facultades tabulan sus encuestas; formulan tres o cuatro acciones de mejora; y le presentan a sus “pares académicos”, al CNA y a Conaces todo tipo de diagnósticos autoindulgentes y blandos planes de mejoramiento. Luego las facultades y programas exhiben sus registros calificados y acreditaciones, captan más estudiantes, los llaman a un nuevo ritual de evaluación…
En Colombia hay un círculo enfermo del “hagámonos pasito” entre pares académicos, evaluadores, directivos, profesores, investigadores y estudiantes, que impide el mejoramiento real de la educación superior. Por más que muchos traten de concentrar el problema de la calidad en la financiación, lo cierto es que tenemos una cultura académica que funciona bajo pactos tácitos de mediocridad, promoción corrupta de estudiantes y profesores, y una mutua complacencia en la medianía. Yo te califico bien, tú me calificas bien, todos nos calificamos bien y que el país pierda.
Muchos dirán que esto es una realidad solo en la “universidades de garaje”, pero lo que señalo va más allá del caso de tal o cual universidad pública o privada y es síntoma de una cultura académica que puede llegar a ser tan corrupta como nuestra cultura política.
Pero, ¿es posible romper este círculo infame? El reciente caso de la cancelación de siete programas y la no renovación del registro calificado a otros once de la Fundación Universitaria San Martín por parte del Ministerio de Educación, deja hasta el momento un sabor agridulce.
Por un lado, hay que celebrar que por fin el Gobierno tome acciones concretas en la defensa de los derechos que tenemos a recibir un servicio educativo por el que, o pagan las familias, o pagamos todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos. Y si como dicen, hay sesenta instituciones más bajo investigación, esperemos que tras el debido proceso se tomen las mejores decisiones para el país. Si el presidente Correa cerró catorce universidades en Ecuador por no cumplir con los debidos niveles de calidad, no hay razón para que Colombia no pueda hacer lo mismo.
Pero sorprende que sea justamente una parte de la comunidad académica la que haya criticado el cierre de los programas de la San Martín, lo que deja dudas de si realmente las instituciones de educación superior están dispuestas a mejorar y ser más transparentes en sus procesos de evaluación y gestión institucional.
En Sabaneta, Luis Giraldo, decano de la Facultad de Medicina de la San Martín, montó un tinglado con algunos estudiantes, docentes y hasta diputados de la Asamblea de Antioquia, para salir a las calles a protestar por la cancelación del programa de medicina, como si su responsabilidad no fuera primero abrir los archivos de su gestión para que la ciudadanía y la comunidad médica puedan verificar el cumplimiento de los niveles de calidad exigidos por la ley.
Pero quizá lo más vergonzoso es ver al supuesto defensor de los estudiantes del país Amaury Nuñez, vocero de la Mane, defendiendo a una institución en la que el sindicato ha denunciado diversos tipos de violación a sus derechos y contra la que cursan más de 500 demandas laborales e incluso denuncias de carácter penal en la Fiscalía ¿No es acaso este modelo de institución educativa contra el que hay que luchar? Así como la Mesa Estudiantil Marea llamó a Núñez a respetar al movimiento cuando usó su nombre para promocionarse en las elecciones del Polo, debería preguntarle por qué hace causa común con los directivos de la San Martín y no con sus víctimas.
Romper el círculo de mediocridad no da espera. Las familias y estudiantes deben exigirle calidad a los programas en los que libremente eligen confiar y el Gobierno debe fortalecer los mecanismos de inspección y vigilancia. Pero de nada servirá este esfuerzo si las instituciones se siguen amparando en su autonomía —y los académicos en su soberbia— para no rendirle cuentas al país por la calidad de su servicio.
