Con todo desparpajo, un grotesco grupo de presidentes de Suramérica: Piñera, Duque, Bolsonaro y Macri, bajo la dirección del almirante Craig Faller, jefe del comando Sur del ejército de los EE. UU., improvisa y ejecuta una agenda que en lo interno acelera la apertura sin límites al capital extranjero, fundamentalmente de los EE. UU., facilita la entrega de los recursos de sus países al insaciable apetito de las multinacionales, y en lo externo participa directamente en el hostigamiento contra Venezuela, con el propósito de deponer al gobierno del vecino país y facilitar así el saqueo de la mayor reserva de petróleo y oro del planeta.
El colapso de la OEA cuyo deprimente último capítulo se vivió en Medellín, con el retiro de varias delegaciones de países cuando Almagro intentó legitimar la “delegación diplomática”, del autoproclamado Guaidó, el debilitado rango de acción del Grupo de Lima, y el efecto bumerang del “cerco diplomático” de Duque contra el Estado venezolano, hacen parte de la caricaturesca escenografía de lo que bien podría llamarse el circo de los cínicos.
Entre sus actos también está el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), instancia promovida por Bolsonaro, Duque y el presidente chileno Sebastián Piñera, cuyo objetivo es el reordenamiento geopolítico de la región, y la coordinación de acciones contra procesos políticos y económicos que no se ajusten a la agenda de la Casa Blanca en esta parte del continente.
Llama especialmente la atención, por las características de sus mismos fundadores (Colombia, Chile y Brasil), que entre las condiciones que deben cumplir los países que integren este Foro, está la vigencia plena del Estado de Derecho y “el respeto pleno a las libertades y a los derechos humanos”.
Pero no hay que olvidar que Sebastián Piñera cuya fortuna asciende a los 2.888 millones de dólares, ha sido defensor de Pinochet y beneficiario de una dictadura que dejó 40.000 víctimas entre detenidos, ejecutados, torturados, presos políticos y desaparecidos entre el 1973 -1990.
Hoy, como continuando la saga cínica del dictador Augusto Pinochet, Piñera se presenta ante el continente como defensor del estado de derecho y los derechos humanos, cuando incluso ha sido promotor de homenajes a Pinochet.
La familia Piñera fue una de las principales beneficiarias de la dictadura, bajo la constitución de Pinochet; José Piñera, ayudó a instaurar el modelo neoliberal y el plan en que las empresas que eran del Estado se liquidaron a precios irrisorios.
El gabinete de Piñera, no deja dudas, allí han estado personajes como Andrés Chadwick, ministro del Interior, miembro de la familia Piñera y asesor de la dictadura, Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos; defensor de Pinochet que mantiene el penal 5 estrellas Punta Peuco, donde están detenidos agentes del Estado implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, y Alberto Espina en el ministerio de Defensa, reconocido pinochetista, que participó emocionado en el homenaje al dictador en 2015.
Otro de los nuevos fogosos defensores de la “democracia” en Suramérica y abanderados de la lucha contra la “dictadura” en Venezuela; Jair Bolsonaro reivindica la dictadura vivida en Brasil. Hace pocas semanas exhortó a los militares a conmemorar el golpe militar del 30 de marzo de 1964.
“Fue un periodo de seguridad y prosperidad”, asegura Bolsonaro; una prosperidad en la que Castelo Branco asesinó a 473 opositores, desapareció a centenares de ciudadanos, prohibió los partidos de izquierda, censuró los medios y cerró el Congreso.
Actualmente varios ministerios del gobierno de Bolsonaro son dirigidos por militares y un centenar de altos mandos, la mayoría retirados. Su gabinete es de magnates, corruptos y militares, tales como Onyx Lorenzoni corrupto involucrado en Odebrecht, representante de un poderoso grupo de agronegocio, en el Ministerio de Salud el millonario ganadero Henrique Prata, fanático del modelo de salud privada, financiada con dinero público, el General de reserva Osvaldo Ferreira actual ministro de Transporte, fue parte de la dictadura. En el Ministerio de Finanzas están Alexandre Bettamio, presidente ejecutivo para América Latina del Bank of America, y Sergio Eraldo de Salles Pinto, de Bozanno Inversiones que ejecuta la operación de traspaso de miles de millones de dólares de dinero público a los bancos.
Junto a Piñera y Bolsonaro, los EE. UU, hacen uso de Mauricio Macri presidente de Argentina, quien representa uno de los grupos empresariales más beneficiados por la dictadura de Videla. Sus bienes declarados son de un valor de US$5,5 millones. La familia Macri dio un salto enorme con el golpe militar de 1976; en 1973, el clan Macri era propietario de 7 empresas, finalizada la dictadura esa suma ascendía a 47.
De ahí que no sorprenda que Macri sea un decidido defensor de la dictadura de Videla, quien en cinco años comandó la desaparición forzada de 30.000 personas, el robo de bebés, la intervención de sindicatos, la prohibición de partidos políticos, el cierre del Congreso y la ejecución del plan económico que instauró el neoliberalismo en la Argentina.
Antes de caer la dictadura en 1981, los militares le dieron un último obsequio al grupo Macri: la estatización de sus deudas, por 170 millones de dólares, la cual pasó a engrosar la actual deuda externa del país.
En el caso de Colombia, el exasesor del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Iván Duque, hoy presidente de la república, llegó a este organismo cuando era presidido por Luis Alberto Moreno exasesor del grupo empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Duque arribó al cargo de presidente con el lema de unidad, legalidad y emprendimiento, y fue promovido por el expresidente Uribe diseñador de la “Seguridad Democrática” , y quien carga a cuestas más de 270 investigaciones en curso.
Aunque Colombia no entró en la ola de dictaduras militares del cono sur; la sempiterna dictadura civil que ha vivido, arrojó 60.630 personas desaparecidas forzosamente, entre 1970 y 2015, según informe del Centro de Memoria. Estas cifras se dan en un periodo de “democracia continuada”, en el marco de “gobiernos democráticos” y supera las cifras de las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay juntas, según reportes oficiales.
Desde el tradicional Estado autoritario colombiano,
se han implementado e implementan
políticas neoliberales y reformas antipopulares
Desde el tradicional Estado autoritario colombiano, se han implementado e implementan no solo políticas neoliberales y reformas antipopulares, sino que familias y grupos económicos son ejecutores - beneficiarios directos de los planes de despojo, represión y guerra de las élites contra los colombianos, desde donde han amasado sus fortunas superando incluso sus propias expectativas. Es decir, economía, dictadura y represión han ido de la mano, sobre todo de la mano de los Estados Unidos.
Multimillonarios y golpistas, directamente o a través de tecnocracias, han sido ordenados por Washington, como los nuevos pontífices que deben liderar la lucha por la democracia, los derechos humanos, la prosperidad social y la legalidad en el continente. “¡Hay que ser muy "cara e' tabla" (descarado)! le diría Arreaza canciller venezolano, al presidente Duque, cuando con una de sus patéticas cortinas de humo, acusó a Venezuela de crímenes extrajudiciales, mientras en Colombia, hoy más que nunca, el régimen expone sus cloacas y deja escuchar sus estertores.
Lo cierto, es que los verdaderos señores del poder, los que siempre se habían mimetizado detrás de los ropajes de la “elegante” clase política que los representaba; han asumido el poder directo del Estado - Empresa, sin intermediarios, y buscan suprimir cualquier cortapisa en el continente, mientras ejecutan extravagantes actos de cinismo, para satisfacer la voracidad de los EE.UU.
