La saliente ministra de Minas María Fernanda Suárez convirtió la puesta en marcha del fracking, en su bandera de gobierno. A pesar de los tropiezos del proyecto, logró dejar listo el decreto 328, que reglamenta esta polémica técnica para fines investigativos. Pero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue radicada una alerta de 120 organizaciones sociales contra Suárez y sus gestiones aparentemente a escondidas de las comunidades en cuarentena, que según recomendaciones del Consejo de Estado, son uno de los autores que deben darle visto bueno a los pozos de yacimientos no convencionales.
En caso de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decida acoger el documento enviado por las organizaciones agrupadas en la Alianza Colombia Libre de Fracking, sería enviado al Estado colombiano un escrito de recomendaciones para frenar la reglamentación de los pilotos. Esta no es la primera vez que la Alianza lleva el tema ante instancias internacionales, en 2018 - cuando el gobierno Duque hasta ahora arrancaba - estuvieron ante la CIDH denunciando amenazas y asesinatos contra opositores a la polémica técnica, así como los daños ambientales que generaría en el país.
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