El fin del 2022 llegó con pésimas noticias para las empresas que le habían apostado con millones de dólares al viento de La Guajira. Gustavo Petro llevaba seis meses en el gobierno con la radical ministra de minas Irene Vélez como cabeza de la cartera y las comunidades indígenas entendieron que su momento para presionar había llegado. En una reunión en Riohacha el 17 de diciembre de ese año, 105 líderes Wayuú de distintas zonas de la península firmaron un documento en el que le pedían al gobierno repetir todas las consultas previas desarrolladas en el marco de la transición energética.
La tesis de los líderes fue que las consultas previas no se firmaron con los dueños de la tierra, sino con comunidades que la habitaban, es decir con los llamados ”achones” emparentados pero por la línea paterna, que no los hace dueños del territorio. Dentro de la comunidad wayuú, la autoridad legítima es la ancestral, un cargo que se hereda de forma matrilineal, al igual que el territorio. Los asistentes a la reunión de Riohacha pedían la revisión de todos los procesos.
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Esta actitud, sumada a los atrasos que ya se venían presentando con las comunidades en las consultas previas, y en el otorgamiento de las licencias ambientales por parte de Corpoguajira (Corporación Autónoma Regional de La Guajira) y la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) marcó el principio de la desbandada de varias de las compañías extranjeras que con el entusiasmo de las garantías que brindaba el Ministerio de minas en cabeza de Diego Mesa en el gobierno Duque le habían apostado al viento de La Guajira, el segundo más veloz del mundo, con un potencial para la generación de energía eólica únicas. Las decisiones por parte de las casas matrices de las empresas en distintas partes del mundo para Colombia no tardaron en llegar.
En mayo del 2023, la italiana Enel suspendió indefinidamente la construcción del parque Windpeshi. Las obras habían estado detenidas más del 50% del tiempo, en gran medida por conflictos con las comunidades de la zona. Y dos meses después, en agosto, indicaron que desistían de construir Tumawind y Chemesky.
En febrero de este año, fue la colombiana Celsia anunció la intención de vender sus proyectos eólicos en el Departamento de La Guajira, los proyectos Acacia 2 y Camelias, ante las dificultades encontradas con las comunidades para lograr las sinergias y acuerdos para el desarrollo eficiente de los proyectos y los tiempos que se toman los trámites de licencias para lograr su construcción.
Los chinos propietarios mayoritarios de EDP Renováveis también le pusieron freno. Esta compañía es el cuarto productor global de energía eólica y la cuarta compañía mundial en renovables, filial de Grupo de Energías de Portugal – EDP- pero controlada por la China Three Gorges Corporation, tiene parada la construcción de dos parques eólicos en la Guajira, Alpha de Vientos del Norte y Beta de Eolos Energía. Estos prometían ser los proyectos eólicos más grandes del país, y en octubre de 2022, el presidente Petro anunció en su cuenta X la llegada de las aspas del parque eólico Beta.
Para marzo de 2024, ambos proyectos acumulaban un retraso de aproximadamente 3 años para entrar a funcionar, se estima que sería para el 30 de noviembre de 2025. EDRP tiene a su cargo otros dos parques que se llaman Elipse y Omega que agregarían otros 500 megavatios de energía eólica.
Los demás proyectos eólicos del Departamento de La Guajira no avanzan al ritmo esperado, ya han pasado los tres años y no se ha inaugurado ninguno nuevo, más bien se han cancelado varios proyectos. La llegada de muchas de estas instalaciones ha generado tensiones sociales, sobre todo entre las comunidades wayuú de los alrededores, que reclaman derechos sobre la explotación tanto en tierra (onshore) como costa afuera (offshore).
EPM también se fue, pero su caso es distinto
Empresas Públicas de Medellín fueran los primeros en apostarle a los vientos de La Guajira donde llegan vientos con una velocidad el doble del promedio mundial. Aprovecharon la Ley 1715 que el presidente Juan Manuel Santos había firmado en el 2014 y cinco años después el parque Jepírachi entraba en operación en el municipio de Uribia como un piloto del “Programa de investigaciones, proyectos y actividades coordinadas para el desarrollo eólico futuro a gran escala en Colombia”, sin propósito comercial. El proyecto no funcionó, generaba más gastos que ingresos y a finales del año pasado se inició su demantelamiento en cumplimiento de lo dispuesto por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.
En dos años de gobierno Petro no se ha puesto en operación ningún nuevo proyecto de energía eólica
Hasta el momento y luego de dos años de gobierno, de mucho pregonar de transición energética el gobierno Petro no ha sido posible inaugurar ninguno de los proyectos vigentes y por el contrario han sido suspendidos o cancelados varios.
La realidad política que ha traído inseguridad jurídica y el poder de las comunidades, con especial protagonismo en el actual gobierno vuelven oscuro el escenario futuro. La inversión extranjera no siente ninguna atracción para invertir en el Departamento de La Guajira ante la falta de apoyo gubernamental y de un marco claro de consulta previa, puntos claves que han frenado el desarrollo energético de una región con unas condiciones naturales excepcionales como es la Península Norte de Colombia.
