Tras siete meses del fallo que ampara los derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones dignas y un ambiente sano de Moisés Guette, niño indígena Wayuu de tres años, afectado por acciones y omisiones de la EPS Asociación Indígena del Cauca, Cerrejón Limited, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y entidades ambientales de La Guajira, el cumplimiento de la tutela avanza de manera parcial y lenta ignorando los tiempos estipulados en la misma.
Luz Ángela Uriana, madre de Moisés, interpuso una tutela en septiembre de 2015 considerando que su cercanía a dos kilómetros con tajos y botaderos de carbón a cielo abierto operado por el Cerrejón, ha generado los problemas respiratorios para su hijo. Además, las explotaciones rutinarias para extracción carbonífera que allí se realizan, han provocado las grietas de su casa en el Resguardo de Provincial porque la estructura se volvió un riesgo para su familia. “Cuando se escucha la explosión en la mina se levanta una nube negra y cuando llueve un olor azufre que produce dolor de cabeza, mareo, el agua que cae del techo es pura carbonilla y el problema que tiene mi hijo es una tos seca, comienza a toser como si no diera para respirar. Recién puse la tutela el Cerrejón me dijo que podían ayudarme con mi casa, trabajo para mi esposo, pero si retirábamos la demanda” relata Luz Ángela.
El 09 de noviembre de 2015 el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas- La Guajira resolvió que Moisés recibiera de la EPS tratamiento médico oportuno. Ordenó a las autoridades nacionales y regionales ambientales atendiendo el principio de precaución, implementar un plan de acción para reducir los niveles de contaminación particulado y emisiones de gases de combustión. El juzgado le dio a la EPS dos meses para su diseño e implementación; el mismo tiempo le estipuló al Cerrejón para realizar los estudios técnicos que permitan determinar las causas de los daños en la vivienda de esta madre Wayuu.
Respecto a la anterior decisión, Uriana y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) no quedaron conformes con solo esas determinaciones y por tanto impugnaron el fallo de primera instancia y solicitaron la suspensión o cierre de los tajos y botaderos de cercanía con el Resguardo. En esta etapa del proceso el Juzgado Promiscuo San Juan del Cesar denegó en segunda instancia dicha petición y el 26 de febrero de 2016 ratificó las medidas interpuestas en el fallo de la tutela inicial.
CITAS MÉDICAS, TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO
Moisés ha sido diagnosticado con anemia nutricional causada por la carencia de hierro y dificultades respiratorias tras una tos seca recurrente.
Para el tratamiento de la anemia Moisés según los soportes de la historia clínica de la EPS, inició atención de un hematólogo pediatra en San Juan del Cesar y Valledupar desde el 02 de diciembre del año 2015.
Respecto a los problemas respiratorios es atendido por un neumólogo pediatra en Barranquilla que la madre accedió de manera particular “Desde los 6 meses del niño un pediatra recomendó que lo viera un neumólogo y hasta los dos años pudo recibir la atención” señala Luz Ángela. En algunas ocasiones el valor del transporte de Riohacha a Barranquilla es subsidiado por la EPS.
Luz Ángela ha recibido de la Eps 260.000 pesos por concepto de transporte para viajar a las consultas del neumólogo y el hematólogo en cuatro ocasiones, algunos pagos han sido de manera personal y otros por giros nacionales “pero hay algunos viajes que aún me deben” asegura la madre. Ella debe gestionar su estadía en las ciudades respectivas.
Luzmilla Amaya y Silvia Herrera del área de servicios de la EPS aseguran en un informe a la Defensoría del Pueblo que han venido prestando de manera oportuna y eficiente todos los servicios médicos que ha requerido Moisés y aseguran que “se le ha pedido en repetidas ocasiones a la madre del menor que comunique con anticipación cuando tenga que trasladarse fuera de su residencia para cumplir con los controles del niño, puesto que tenemos como transpórtala y alojarla (…)contamos con casas de paso; pero la señora no se comunica y nos ha tocado muchas veces enviarle dinero por Efecty para sus gastos” premisa que niega Luz Ángela “ellos saben con anterioridad la fecha de la cita, yo me la paso llamando para que me ayuden con el costo de los pasajes, dicen que llame el día de la cita y me mandan la plata. Cuando yo voy hacer los exámenes del niño me quedo donde mi suegra en Valledupar, ellos nunca me han ofrecido una casa de paso ni se dónde queda, en Barranquilla pagamos hotel”.
Para los tratamientos médicos especializados, las autorizaciones de los exámenes de laboratorio tardan entre uno o dos meses y se pierden las citas programadas. “El 29 de febrero el neumólogo ordenó exámenes de laboratorio y medicamentos con la asignación de cita un mes después, esta se perdió porque la EPS no autorizó los exámenes pendientes ni los medicamentos, así también fue la cita en marzo con el hematólogo. Hay una atención médica pero no es oportuna como señala la tutela” asegura la madre.
EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN NO APLICA PARA EL CERREJÓN
La ley 99 de 1993 consagra el principio de precaución que enuncia al evidenciar daños graves o peligros al medio ambiente “la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”. El Cerrejón en el alegato de apelación de primera instancia explica que “de ninguna forma, el principio de prevención o precaución, pueden ser el argumento para que se ordene al Cerrejón el cierre o suspensión parcial de sus operaciones en tajos y botaderos en eventos en los que los resultados de calidad de aire se encuentren dentro de los niveles permisibles, (…) el análisis del comportamiento histórico de la calidad del aire en Provincial han permanecido por debajo de los límites máximos establecidos”.
Las partículas suspendidas en el aire se miden por micras. En Colombia la Res. 610 de 2010 regula la calidad del aire, indica que se debe medir el material total particulado y material particulado menor a 10 micras, si en las mediciones totales se encuentran partículas que superan las 10 micras habrá que calcular las partículas menor a 2.5 micras, las cuales son las más perjudiciales para la salud humana por ser más pequeñas y penetrar el aparato respiratorio hasta llegar a los alvéolos pulmonares.
EL CAJAR menciona que “Los estándares de material particulado son más laxos en Colombia que los establecidos por la OMS. Se mira el detalle de lo que reporta el Cerrejón en partículas suspendidas y hay 6 estaciones por encima de la norma y una por arriba de las 10 micras, está la movieron al siguiente día diciendo “que esta estación no es representativa porque está produciendo unos valores falsos”. Eso es muy grave para la salud de las comunidades y especialmente de los niños. A pesar de que hemos solicitado a la ANLA y Corpoguajira que exijan a la empresa monitorear las partículas menores a 2.5 micras, no lo hacen porque sería muy difícil cumplirlo y afectaría la producción de carbón. Por eso cabe preguntar ¿dónde están poniendo las estaciones para medir el aire? ¿qué tan verídicos son esos datos? En el mundo se sabe que la minería de carbón está asociada a enfermedades respiratorias y los vacíos normativos del sector extractivo minero en Colombia permiten la violación de los derechos humanos”.
UN PLAN HASTA AHORA EN FASE DE DISEÑO
Corpoguajira notifica que el 25 de mayo se reunió el MADS, ANLA estableciendo un esquema para el corto, mediano y largo plazo que contempla gestionar el “presunto problema de contaminación y evaluar otras fuentes contaminantes”,aunque el fallo de tutela centra su atención en efectos contaminantes por carbón, el Cerrejón y las autoridades ambientales insisten como otros factores de contaminación del aire, la quema de basuras, la erosión aluvial y la cocina con leña. En Provincial se utilizan hornillas que fueron estufas “ecológicas eficientes” ahorradoras de leña que entregó Corpoguajira para mitigar la deforestación, evitar la “contaminación a la atmósfera por emisión de material particulado, contribuyendo con la disminución de enfermedades respiratorias, estomacales y cancerígenas” a pesar de esta dotación hay varias familias que utilizan gas.
Entre el 13 y 16 de junio el MADS, ANLA y Corpoguajira visitaron los tajos aledaños al Resguardo de Provincial, discutieron de la política ambiental integral para la explotación, transporte, cargue y descargue de carbón y tuvieron una reunión con el Consejo territorial de salud ambiental para la articulación interinstitucional.
En el diseño del Plan de Acción las autoridades ambientales notificadas por el Juzgado de Barrancas buscan el cumplimiento a la acción de tutela en primera y segunda instancia, de paso en las referencias al diseño del Plan citan acatar la acción de tutela del Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira al fallar una suspensión de actividades del Cerrejón sobre la desviación del Arroyo Bruno interpuesta por Lorenza Marcela Gil, autoridad indígena de la comunidad wayuu de La Horqueta. Cabe señalar que las disposiciones de esta tutela no están relacionadas con las consideraciones de la tutela que ampara a Moisés.
Corpoguajira manifiesta que “se espera tener aprobado el plan de acción para el mes de agosto de 2016 aproximadamente, a partir de septiembre empieza su proceso de implementación”
“Esta no es la primera vez que la justicia se manifiesta en relación con la necesidad de adecuar los estándares ambientales para proteger la salud de las comunidades. Desde 2013, la Corte Constitucional (T-154 de 2013) ordenó al Ministerio de Ambiente hacer un plan de mitigación de impactos del polvillo de carbón, en un caso de campesinos afectados por Drummond en el norte del Cesar. Pasados tres años esto no se ha cumplido” advierte el CAJAR.
LA CASA DE LUZ ANGELA UN TEMA INCIERTO
La casa de interés social rural donde vive Luz Ángela con su esposo y seis hijos, incluido Moises, fue entregada en el 2007,construida con recursos de las regalías generadas por el Cerrejón. Es un área de 55 m2 tiene dos cuartos, cocina, el baño que nunca ha funcionado porque no está conectado a ninguna red de agua tanto de entrada como de salida de aguas residuales, las instalaciones eléctricas están expuestas e incompletas. Se observan ladrillos sueltos, fractura de una viga y notables grietas en el piso de cemento y en la pared.
Ante la situación de la vivienda Cerrejón argumenta que “las causas más probables de afectación a las construcciones y que explican los agrietamientos en varias de las viviendas corresponden a movimientos del terreno debido a sus características expansivas y contracciones de la estructura debido a cambios térmicos, sumado a la deficiente calidad constructiva, que en ninguno de los casos cumplen con los requisitos mínimos dados por las normas colombianas”. El CAJAR señala que “no es la única casa que tiene esas grietas, el colegio que no corresponde a una vivienda de interés social también presenta similares problemas”.
El Cerrejón adoptó la regulación internacional de vibración y ruido que establece las normas OSMRE que les permite asegurar que las explotaciones que realizan en los tajos de cercanía al Resguardo cumplen con los estándares de ruido y vibración permitidos, cabe señalar que “en Colombia no hay una legislación vigente que regule los niveles de vibración o sobrepresión asociados a voladuras” indica la empresa.
El 27 de mayo de 2016 Claro Cotes delegado étnico de la Defensoría Regional Guajira describe que “consulto y requirió información sobre el cumplimiento de la tutela a funcionarios de la oficina de Responsabilidad Social del Cerrejón y no reconocen el fallo de tutela que ampara a Moises Güette.
El 14 de junio el MADS, ANLA y Corpoguajira realizaron una visita técnica a la casa de Luz Ángela “no me concretaron nada, que estaban investigando y hablando con Cerrejón si hacia eso, ellos dicen que cerraron esos tajos y no es así, ahora viene haciendo las explosiones día de por medio y cambiaron la hora por las 2:45PM. Ese día que ellos vinieron hicieron una explosión mínima que casi no se escuchó, ¡si cuando todos los días se siente acá durísimo!
Patricia Tobón asesora de la Organización Nacional Indígena de Colombia menciona que la situación de “Luz Ángela representa el caso de muchas mujeres y no sólo en la Guajira. El sector minero ha suplantado la constitución y ha subido a un nivel supra constitucional, los derechos de las empresas y la minería sobre los derechos fundamentales de la población”
