Esta ha sido una semana clave para el negativo futuro de Carlos Prasca en la recotoría de la Univesidad del Atlántico, cargo al que llegó de manera aparatosa. Para empezar se quedó por fuera del cargo por tres meses por decisión del procurador Fernando Carrillo tras la investigación realizada a raíz de las denuncias de estudiantes por acoso sexual. Para Carrillo no pesó la retractación en la Notaría Séptima del Círculo de Barranquilla de una de la estudiante Laura Romero Peña, que por el contrario le habían dado una aparente tranquilidad a Prasca. A raíz de la la suspensión han aparecido nuevas denuncias que se unirán a la investigación disciplinaria contra el rector que puede terminar con la suspensión definitiva del cargo. De hecho, la Procuraduría calificó la presunta falta de Prasca como “gravísima”, razón por la cual lo separó de la rectoría temporalmente porque cabe la posibilidad de que interfiera en la investigación desde su posición.
A esta grave situación se le suma, y esta es la novedad, una medida cautelar en la que la Contraloria General en cabeza de Carlos Felipe Córdoba le solicita a la Universidad congelar el sueldo del rector. La actuación la realizó el grupo de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva del Atlántico y ésta comprometería el ejercicio de contratación de Prasca con dineros públicos.
Las decisiones preventivas tanto del procurador Carrillo como del contralor Córdoba dejan entrever que ninguno de las dos entes de vigilancia y control a servidores públicos le tienen confianza al rector y temen que como funcionario en ejercicio pueda interceder en las investigaciones.
Las actuaciones escandalosas de Carlos Prasca desde la rectoría de esta importante universidad pública parecen comprometerle por la naturaleza de las sindicaciones, su futuro en el alma máter. Ya empieza la rapiña política por el nombre del rector encargado que deberá escoger el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y se prepara la pelea mayor por el reemplazo de Prasca en una universidad que no logra escapar de las fauces de los políticos locales. No logra entenderse por qué el Consejo Superior no se ha movido frente al hecho y la nueva ministra de Educación María Victoria Angulo, quien está libre de responsabilidad en el nombramiento de Prasca, igual que el viceminsitro de educación superior Luis Fernando Pérez, no toman cartas en el asunto y despejan la situación con una elección transparente y de buen recibo para la comunidad educativa. Se tratan de unas acusaciones relacionadas con delitos de abuso sexual como lo atestiguan los crudos audios e imágenes que circulan en redes, ahora complementadas con presuntas actuaciones ilegales en materia de contratación.