120 indígenas asesinados en lo que va de año, 188 líderes firmantes de la paz asesinados; 88 de ellos “dados de baja” en el gobierno de Duque. La pax romana que desea la ultraderecha colombiana y que implementan los delincuentes de toda índole.
Iván Duque, el encargado de Álvaro Uribe en la Presidencia de Colombia, incumplió su palabra de no hacer trizas el acuerdo de paz estable y duradera, firmado en La Habana y Bogotá, entre el Estado y la exguerrilla de las Farc. Su partido y las otras agrupaciones políticas de derecha, desde la comodidad de las grandes ciudades, han hecho hasta lo imposible por ir desmontando lo pactado y ponerle todas las trabas a lo poco que se había avanzado en la implementación del acuerdo.
La doctrina de seguridad, según la cual, todo aquel que levanta su voz para reclamar sus derechos, exigir el cumplimiento de lo pactado o reclamar el mínimo ejercicio de gobierno, es sindicado de ser castrochavista, enemigo del desarrollo o terrorista y, por lo tanto, debe ser judicializado o dado de baja, a cualquier precio, es el leitmotiv impuesto por los gobiernos nacionales. La comunidad indígena del Cauca sabe muy bien que es sujeta de estas denominaciones.
Bajo el amparo de esta doctrina, el actual gobierno de Colombia ha venido narcotizando su endeble relación con este grupo étnico. Así lo demuestra su último acto presidencial en Santander de Quilichao al declarar con toda la pompa que la solución a la problemática social que padece el departamento del Cauca consiste en incrementar el pie de fuerza en esta zona del país para acabar con el narcotráfico, el único culpable, según su entender, de todos los históricos males que ha padecido y padece la sociedad caucana.
A este gobierno, como a todos, incluidos los de origen caucano, poco le ha importado la histórica desigualdad económica y social de la sociedad caucana, enmarcada en la también histórica exclusión de las mayorías étnicas de esta región. Ni mucho menos le importó o le importa la exagerada y grosera inequidad en el acceso a la tierra productiva, ni los elevados niveles de atraso y pobreza, que generan el desbalance social, origen de muchos, por no decir todos, los conflictos que azotan a esta comunidad colombiana, para ellos, los gobiernos departamentales y nacionales, todo se soluciona con el Esmad y el Ejército. La institucionalidad al servicio del fascismo hecho gobierno.
El Cauca se volcó en torno de la búsqueda de la anhelada paz, no la pax de la derecha colombiana, sino aquella que reconoce las diferencias, étnicas, culturales y económicas, la que busca la equidad económica y social, la de la verdadera reforma agraria, incluida la restitución de tierras a los millones de desplazados, esa paz que permite el disenso, la crítica, la protesta, pero también las oportunidades y el apoyo por parte de un Estado que cumpla exegéticamente lo prescrito en los artículos 2, 3 y 22 de la Constitución Política de Colombia. Una paz estable y duradera, no la de ruido de fusiles, gases lacrimógenos y falsos positivos. Esa paz, actualmente negada para el Cauca.
