Como era previsible, el debate acerca del control estatal de la producción, comercialización y distribución de los productos derivados de la hoja de coca tenía que llegar al Congreso, en las manos y la boca de un indígena caucano, representante no solo del pueblo nasa sino de los cientos de miles de campesinos que tienen en el cultivo de la coca la única alternativa para poder vivir (lo que a su vez es la única razón para ser perseguidos, acorralados y asesinados).
Y es que ante la aterradora crisis humanitaria que ha padecido y padece el Cauca y buena parte del territorio nacional por cuenta del reacomodamiento de los grupos paramilitares, las llamadas disidencias y los narcos puros en torno al control militar, social, político y económico de los territorios en donde el Estado colombiano nunca hizo presencia real, a pesar de la deslumbrante militarización desplegada en ellos, alguien de allí, en donde se sufre la pobreza y la violencia en todas sus formas por cuenta del único cultivo capaz de llevar comida a las mesas de campesinos indios, negros y mestizos, tenía que atreverse a hacer lo que la clase política tradicional caucana nunca se atrevió a hacer, por el sagrado respeto al orden establecido por los gobiernos norteamericanos de Monroe hasta Trump y por el miedo a perder uno que otro patrocinador a la sombra de sus campañas electorales.
Aunque este camino de buscar una salida alternativa a los problemas asociados al uso ilícito de la hoja de coca no es nuevo, sí lo es el hecho de plantearlo públicamente en el contexto de un gobierno de derecha, proclive al seguimiento genuflexo de las órdenes impartidas por el departamento de estado norteamericano en cuanto a la estrategia de la lucha internacional en contra del narcotráfico, que incluye la judicialización de los campesinos cultivadores, la millonaria contratación de peligrosos agentes químicos para fumigar los cultivos de coca y la militarización de la vida en los territorios en donde la coca es el único sustento, con poca atención a la protección de los derechos humanos o la vida misma de sus habitantes, no obstante que tanto juzgados como las altas cortes colombianas le hayan indicado judicialmente al mismo Estado que se abstenga de ejecutar tales políticas.
El pueblo nasa del Cauca ya había empezado a transitar el camino del tratamiento alternativo al problema de los usos ilícitos de la hoja de coca. De hecho, el mismo Estado colombiano, en una jugada a tres bandas, asumiendo el cumplimiento de lo establecido tanto en la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 con la OIT y demás tratados sobre los derechos de los pueblos indígenas, permitió que estas comunidades avanzaran de manera autónoma en la producción de derivados comestibles y cosméticos de la hoja de coca. Sin embargo, ante el inusitado éxito de uno de esos productos, el Invima y el resto del Estado colombiano, atemorizados por la presión de The Coca Cola Company, casi que echan para atrás este primer e importante avance.
Ya por ahí se escuchan las voces de senadores, industriales, comunicadores e intelectuales, también proclives al discurso doble moralista estadounidense, afirmando que todavía no es tiempo para dar esta discusión; que culturalmente Colombia no está para experimentos sociales de liberalización de producción y consumo de sustancias psicoactivas; que el Estado colombiano no debería atreverse a quedar mal ante una comunidad internacional, con altos niveles de consumo, proponiendo la legalización del uso de los derivados de la hoja de coca; y mucho menos plantear que las alucinantes ganancias de jibaros, traquetos, lavadores de dinero, banqueros y funcionarios norteamericanos y europeos se queden en manos colombianas.
Entre tanto, mientras las socarronas élites políticas, económicas y militares de Colombia se santiguan ante el endemoniado proyecto de ley presentado por un indio y una recua de congresistas representantes del castrochavismo internacional, el Cauca y buena parte del territorio nacional se baña con la sangre de campesinos indios, negros y mestizos, asesinados por los traquetos y a quienes lo único que les ofrece el Estado colombiano es Esmad y cárcel, mientras que las FF.MM. patrullan y hacen retenes en las carreteras por donde a diario desfilan insumos, armas, gente, perico y plata.
Aunque con mínimo optimismo habrá que esperar en qué va a terminar la postergada conversa entre la coca, el Cauca y Colombia. Quién quita, es posible que con el éxito que han tenido las trasnacionales con la explotación tanto de cultivos como de cultivadores colombianos de marihuana vean en la coca esa oportunidad que una vez vio The Coca Cola Comany, y en esta ocasión permitan que los indios del Cauca trabajen para ellos, cuando el gobierno gringo decida que ahora sí la legalización de la coca le conviene a la economía norteamericana. In God We Trust.
