¿Por qué el gobierno nacional se demoró en asumir militar e institucionalmente el control de los territorios por los que transitaban las FARC?
¿Por qué antes de que se conformaran las disidencias al nororiente del Cauca, sur y costa pacífica, permitió que llegaran cuadrillas de ELN, de los Caparrapos del EPL (que solo existían en el Catatumbo), de las Autodefensas Gaitanistas (conformadas por paramilitares del Clan del Golfo) y de las Águilas Negras (que continuaron amenazando a dirigentes comunitarios y de otros grupos armados ligados a carteles mexicanos)?
¿Por qué razón el gobierno central se demoró en garantizar la dotación y apoyo a la instalación de los campamentos de desmovilizados de las FARC en Caldono, Buenos Aires y Miranda?
¿Por qué, después de que tardíamente el gobierno desplegó un numeroso pie de fuerza del Ejército y Policía, los grupos armados irregulares transitan sin mayores obstáculos por territorios cercanos a las bases y retenes, supuestamente con cerca de 7500 militares, aprovechando la cuarentena del coronavirus para asesinar a varios líderes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas?
¿Por qué el gobierno nacional no implementó la reforma integral y sustitución de cultivos, acordadas durante el proceso con las FARC?
Estos y otros interrogantes similares fueron planteados y discutidos en el conversatorio virtual ¿Por qué continúa la guerra en el Cauca?, transmitido por Facebook Live, YouTube y varias emisoras comunitarias y comerciales del departamento el pasado 20 de mayo. Este evento fue organizado por la Comisión de la Verdad y el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana. Además, contó con la participación de Francisco de Roux (sacerdote), Ariel Ávila (investigador), Tania Rodríguez (directora de Territorios de la Comisión de la Verdad), Feliciano Valencia (senador indígena), Carlos Duarte (Universidad Javeriana), José Nilson Sauca (Derechos Humanos del CRIC), Cristian Delgado (líder del movimiento campesino y la Marcha Patriótica del Cauca) y Carlos Duarte (Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana).
Después de escuchar las diversas intervenciones quedó la sensación de que los enemigos del proceso de paz, declarados entre los radicales del Centro Democrático y un sector de las Fuerzas Armadas, utilizaron al departamento del Cauca como laboratorio para debilitar los acuerdos con las FARC al favorecer la penetración de diversos grupos armados ligados al narcotráfico y la minería ilegal. También, para beneficiar a poderosos grupos económicos del país y el exterior interesados en adelantar megaproyectos en el departamento, para en medio de la confusión atacar a los guerrilleros desmovilizados y a los fuertes movimientos sociales conformados por indígenas, campesinos y comunidades negras, mediante el descabezamiento de sus líderes.
Así mismo, se denunció que tal como se dio en el 2000 (cuando el Bloque Calima de las AUC, apoyado por militares de la Tercera Brigada, fue financiado por políticos y empresarios de la región ligados a empresas beneficiadas por la Ley Paéz y propietarios de ingenios azucareros), en la actualidad se da una comunión de intereses entre poderosos grupos económicos, bandas criminales ligadas al narcoparamilitarismo y la minería ilegal, y las disidencias y guerrillas, que en las regiones hacen alianzas de conveniencia entre ellos y acuerdos con policías y militares para trabajar en conjunto, compartiendo ganancias y haciéndose los de la vista gorda con la persecución desatada contra los dirigentes comunitarios que se oponen a que delincan en sus territorios y recluten niños y jóvenes.
"A los enemigos de la paz les conviene que no se acaben el narcotráfico y la minería ilegal para que permanezca la guerra y hacer poder golpear a las comunidades organizadas", dijo el senador Feliciano Valencia, durante su intervención.
En medio de tanto grupo armado (legal e ilegal) es fácil “tirar piedra y esconder la mano”, más aprovechando la cuarentena del coronavirus para asesinar líderes.
